Ocho servicios convencionales de media distancia, que Renfe opera en Castilla y León, podrían verse afectados por el Plan de Racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros, que estarán financiados por el Estado. Por tanto, entre las 28 conexiones que han sido declaradas obligaciones de servicio público, no figuran tres relaciones intracomunitarias y otras cinco con otras autonomías, según la información facilitada por el Ministerio de Fomento y el estudio elaborado por la consultora Ineco.

En ese sentido, aunque mantiene la línea Cercedilla-Segovia, el Ministerio ha excluido de las obligaciones de servicio público la relación Madrid-Segovia, lo que prácticamente supone la eliminación de la líena tal y como la concemos hoy en día, a no ser que la Junta la financie con fondos propios. Si bien, se prestará con apoyo público a través de los Avant (Media Distancia) que circulan por la vía de altas prestaciones Valladolid-Segovia-Madrid. Además, el Gobierno podría retirarle la financiación a las conexiones Puebla de Sanabria (Zamora)-Orense y Guadalajara Arcos de Jalón, pero si figura la de Madrid-Soria y Madrid-Arcos de Jalón.

De esta forma, Fomento no ha incluido entre los servicios de media distancia con apoyo público la relaciones Salamanca-Ávila, si bien si figura la de Madrid-Ávila-Salamanca. Lo mismo ocurre con las relaciones Madrid-Ávila y Madrid-Salamanca, que podrían formar parte de la anterior obligación de servicio público. Además, el Gobierno ha otorgado esta condición al servicio Madrid-Las Navas del Marqués.

Asimismo, la conexión entre Valladolid y Medina del Campo no figura en la relación de servicios de obligación pública, aunque si se encuentra la relación Madrid-Valladolid. Igualmente, Fomento si dedicará fondos públicos a la conexión Valladolid-Santander, aunque no a la relación concreta entre Valladolid y Reinosa. También, no se encuentra entre los enlaces, que mantendrá el Estado, la relación Valladolid-Palencia-Burgos, pero sí las de Valladolid-Palencia y Valladolid-Miranda de Ebro.

No obstante, el Ministerio se ha dado un plazo de seis meses para aplicar este plan, que según fuentes ministeriales, garantiza la movilidad de los ciudadanos y apostará por el modo de transporte más eficiente, combinando si es necesario servicios ferroviarios y por carretera. También, recalcaron que no se cerrará ninguna línea en Castilla y León.

El criterio fundamental del Ministerio es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús. Se apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para el ciudadano, y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.

El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por 100. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por 100 también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.

Junto a ello, otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.

Eficiencia

El plan se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental, y económica. En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes ineficiencias. El 51,7 por 100 de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16 por 100 de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15 por 100.

En estos servicios de menor aprovechamiento se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.

Plazos

Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio Público se revisarán cada dos años.

Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.

En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.

Por otro lado, Renfe Operadora continuará prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones (Avant) en las mismas condiciones que lo viene haciendo en la actualidad, y antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente sujetar a tales obligaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte.

Este plan forma parte del proceso de reorganización y optimización de los servicios ferroviarios, que se viene desarrollando en 2012 y que incluye la reducción de gastos corrientes, adelgazamiento de la estructura directiva y mejora de la política comercial.

La Junta asegura que habrá un transporte “alternativo” ante la reducción de frecuencias

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, reiteró que se mantendrán todos los servicios ferroviarios en la comunidad, así como un transporte “alternativo” en aquellos casos en los que las líneas se vean afectadas por la reducción de frecuencias.

Silván recordó que la reunión del Consejo de Ministros pretendía aprobar la reordenación ferroviaria, e insistió en que el objetivo de que no se cierre ningún corredor ferroviario en la comunidad “está conseguido”, porque una vez cerrado “no se vuelve a reabrir”, como ocurrió con trayectos como la Vía de la Plata.

El consejero también aclaró que en algunos casos, y atendiendo a los criterios de eficiencia económica, hay líneas en las que resulta “imposible” mantener ciertas paradas, en cuyos casos se establecerán “alternativas” con un tren de larga distancia o de transporte por carretera, un segundo objetivo que “también está conseguido”.