Muy pronto, se acabará en las ciudades de Castilla y León eso de, por ejemplo, tener las fachadas iluminadas toda la noche. El Pleno de las Cortes ha aprobado, con la abstención de la oposición socialista y el voto a favor del PP, la ley de prevención de la contaminación lumínica y del fomento del ahorro y eficiencia energéticos en Castilla y León, con la que se regula el alumbrado público para reducir el consumo de energía y rebajar la emisión de carbono a la atmósfera, calificada por la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, de “novedosa”.

El debate entre los ponentes de la ley, Roberto Jiménez (PP) y Mónica Lafuente (PSOE), ha diferido del clima previo de consenso vivido en el hemiciclo durante la aprobación de la ley contra la violencia de género en Castilla y León. Jiménez y Lafuente se cruzaron acusaciones de “cabezonería” y el primero criticó que los socialistas se abstuvieran en una normativa con la que en el fondo están de acuerdo. “Flaco favor hacen a los ciudadanos”, afirma el popular. “Es una ley escaparate, no es novedosa y es una copia de otras existentes”, espetó la segunda.

Entre los aspectos de la norma, está que la iluminación de fachadas o infraestructuras con motivos estéticos, comerciales u ornamentales deberán ajustar su horario desde la puesta de sol hasta las 23.00 horas, aunque podrá prolongarse una hora más en días festivos y vísperas de festivos, siempre desde los parámetros de prevención de la contaminación lumínica y ahorro energético.

En la normativa, se resalta que el coste energético del alumbrado público de un ayuntamiento puede llegar al 60 por ciento de la factura total que tiene que pagar por el consumo energético total.

La Consejería de Medio Ambiente indica, en el texto aprobado, que los efectos de “esta novedosa forma de contaminación son todavía muy poco conocidos”. No obstante, señala que sí está comprobado que la proyección de luz en el medio natural causa deslumbramiento y desorientación en las aves, incide en los ciclos reproductivos de los insectos y rompe el equilibrio poblacional de algunas especies que son ciegas a cierta longitud de la onda de luz, además de la incidencia en la flora. Igualmente, recuerda la apuesta por reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera para rebajar los efectos del cambio climático, de ahí que se regulen las obligaciones de las administraciones públicas para los objetivos que se persiguen.

En el apartado de sanciones, se proponen cantidades que van de los 150 a los 3.000 euros, que el Grupo Socialista planteó doblar, aunque no fue aceptado.

Entre sus enmiendas, Lafuente ha defendido la obligación por ley de reducir el alumbrado de calles y viales a determinadas horas de la noche en que se reduce la actividad ciudadana y el tráfico disminuye para el ahorro energético y la eliminación de contaminación. Jiménez apeló a cuestiones técnicas y argumentó que la ley deja esa decisión a los ayuntamientos.

Otro de los puntos de discordia fueron los expedientes sancionadores a quien incumple la normativa. Lafuente criticó que tenga que haber hasta tres trámites antes de emitir una sanción y puso como ejemplo las multas de tráfico, que son instantáneas cuando se infringe la ley. Jiménez ha replicado que son dos trámites distintos, uno de audiencia al interesado para corregir deficiencias y otro cautelar. “No sé como explicárselo, no lo entiende”, se ha quejado el popular. “Se quiere que se cumpla la ley, no que sea un cachondeo”, aseveró la socialista.

Otra de las petición de la oposición socialista fue la creación de un fondo destinado a la protección del medio ambiente contra la contaminación lumínica así como que las multas se eleven hasta 6.000 euros por infracciones muy graves, como una iluminación inadecuada o excesiva. El procurador del PP acusó, en este punto, del afan sancionador de los socialistas.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, destaca por su parte que se trata de una normativa “novedosa” para el ahorro energético y la lucha contra el cambio climático.