“Me considero un autonomista convencido”. Con esta profesión de fe en las virtudes y las posibilidades del Estado Autonómico, el presidente de la Junta reflexiona a partir de unas preguntas formuladas por la agencia Ical sobre el XXI aniversario de la Constitución y la necesidad de la lealtad entre instituciones como una de las “claves de bóveda del Estado”. En este sentido, y aunque entiende que una de las instituciones susceptibles de se reformada es el Tribunal Constitucional, muestra su “oposición más frontal” a que el Alto Tribunal pueda ser sometido “a cualquier tipo de presión o chantaje para orientar en un determinado sentido sus decisiones”. “Nadie tiene derecho a ello, por disconforme que se esté con su trabajo”, prosigue el presidente para concluir que ello “afectaría gravemente al equilibrio entre las instituciones”. Asimismo, sostiene que “no es aconsejable que el Constitucional “sea muchas veces más noticia por cuestiones ajenas al mismo que por el fruto directo de su trabajo”. A preguntas de Ical, el presidente de la Junta constata que “el descrédito de lo político y de los políticos es una de las más graves amenazas” para el futuro de las instituciones y hace más “vulnerable” a la sociedad y más propensa a extremismos, por lo que considera “prioritario” que los ciudadanos conozcan que el ejercicio de la política es una “tarea honrosa”. Herrera defiende también el Estado Autonómico de quienes le culpan de la crisis y considera este discurso “falso y políticamente interesado”, entiende que la Conferencia de Presidentes en su actual formato “es algo más mediático que útil” y asegura que “las prisas no son aconsejables” para el desarrollo del Estatuto, especialmente, en cuanto al desarrollo de los derechos de los ciudadanos, “que reclaman un consenso social lo más amplio posible”.
Un año más el aniversario de la Constitución llega acompañado de un fuerte ruido en el debate territorial de algunas autonomías, ¿cree que este permanente debate dificulta la adopción de medidas de Estado en asuntos fundamentales para la calidad de vida de los ciudadanos como la salida de la crisis, la mejora de la educación, la sanidad o la atención a la dependencia?
Me parece que estamos hablando aquí de dos niveles diferentes. Por un lado está la Constitución y las “reglas de juego” que contempla y, por otro, el uso que se hace de tales reglas por parte de los poderes públicos. Discrepar en el ejercicio de las mismas cae dentro de la lógica política. Lo que, desde luego, no es muy lógico es cuestionar estas reglas constitucionales de manera periódica o por cuestiones estrictamente partidarias. Por todo ello, asuntos como los mencionados podrían salir adelante desde la mera voluntad política de hacerlo sin que la Constitución tuviera que verse afectada. Bastaría con que el Gobierno de la Nación diera el paso necesario.
En ocasiones, los ciudadanos pueden tener la percepción de que las Autonomías utilizan su fuerza institucional para ejercer de oposición al Gobierno, ¿resolver esta colaboración institucional con lealtad es una de las asignaturas pendientes de la arquitectura constitucional?
La lealtad entre las instituciones es una de las claves de bóveda del Estado de las Autonomías. Para los nacionalismos, en general, el desarrollo autonómico se ha entendido de manera lineal, como un mero sumatorio de competencias que sirvan para alcanzar una situación de poder frente al Estado. Por el contrario, un autonomismo útil para los ciudadanos, cooperativo con otras comunidades y leal con nuestra Constitución, que es el que asumimos en Castilla y León, entiende perfectamente que las comunidades autónomas son también parte del Estado, no entes enfrentados al mismo, aunque haya gobiernos de diferente signo. Por ello, desarrollar el Estado de las Autonomías de manera racional y efectiva implica la mutua lealtad. Ser conscientes de que tanto las decisiones del Estado como de las propias autonomías influyen entre sí y que, por tanto, el beneficio de los ciudadanos exige que actuemos de manera leal y coordinada. Nunca será buen camino para ello la afirmación de espacios de poder exclusivos de cada uno y en el que ningún otro puede entrar.
Situaciones como una cierta apatía en el tratamiento de presuntos casos de corrupción en algunas instituciones; conflictos de poder entre responsables públicos, o discursos que ponen en tela de juicio la actuación de los jueces o cuestionan al Tribunal Constitucional, ¿pueden ser una vía peligrosa que conduzca a una descalificación general hacia los políticos y, por ende, debiliten el sistema constitucional?
Estoy convencido de que el descrédito de lo político y de los políticos es una de las más graves amenazas, no sólo para quienes directamente nos dedicamos a estas tareas, sino para el mismo futuro de nuestras instituciones sociales. Una sociedad desencantada con sus representantes y con sus habituales cauces de expresión política es una sociedad vulnerable. Es una sociedad más propensa a los extremismos y al uso de cauces alternativos no siempre deseables. Esta es, sin duda, una de las tareas prioritarias que tenemos que asumir entre todos. Es preciso que la sociedad conozca y comprenda que la gran mayoría de personas que asume responsabilidades políticas es honrada a carta cabal y que el ejercicio de la política es una tarea honrosa y fundamentalmente vocacional porque muchas veces aporta más trabajo y sinsabores que satisfacciones. Los malos usos de unos pocos no tienen por que verse como una regla general aplicable a todos.
Por cierto, situaciones como la situación del Tribunal Constitucional, con muchos de sus miembros con el mandato prorrogado y un retraso considerable en emitir sentencia sobre una cuestión fundamental como es el Estatuto catalán obligan a una reflexión. ¿Se deberían acometer reformas en el funcionamiento del Alto Tribunal?
Sin duda alguna, la experiencia de estas tres décadas largas de vida de nuestra Constitución permiten defender la necesidad de introducir mejoras y actualizaciones en la misma y, por supuesto, una de las instituciones susceptibles de ello es el propio Tribunal Constitucional. No es aconsejable que nuestro alto intérprete de la Constitución sea muchas veces noticia más por cuestiones ajenas al mismo que por el fruto directo de su trabajo. Pero, al mismo tiempo que reconozco esto, también expreso mi oposición más frontal a que el mismo pueda ser sometido a cualquier tipo de presión o chantaje para orientar en un determinado sentido sus decisiones. Nadie tiene derecho a ello, por disconforme que se esté con su trabajo. Ello afectaría gravemente al equilibrio entre instituciones que nuestra Constitución contempla.
El Gobierno que usted preside ha dado un impulso significativo a los acuerdos con las comunidades vecinas para reforzar la cooperación horizontal, ¿ese es el camino que queda, una vez completado el desarrollo competencial?
Este es uno de los caminos evidentes a seguir. Muchas comunidades hemos alcanzado ya prácticamente el máximo techo competencial posible dentro de las previsiones de nuestra actual Constitución. Disponemos ya de muchos recursos y medios para servir a nuestros ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, que Castilla y León viene manejando presupuestos que superan los 10.500 millones de euros. Y para hacer más efectivo este servicio es imprescindible reconocer que las necesidades de las personas y los intereses de los territorios muchas veces van más allá de las fronteras administrativas. Vuelvo a insistir, por ello, en lo que antes afirmaba sobre la necesaria lealtad entre instituciones para avanzar en la autonomía, en este caso, avanzar a través de la colaboración, porque tenemos todos un mismo destinatario, un mismo cliente: los ciudadanos.
Planteamientos como la de una reunión de las comunidades sin el Gobierno ¿es un síntoma de mayoría de edad de las autonomías o un pulso?
Siguiendo el sentido de mis anteriores respuestas, será fácil entender que nunca hablamos de plantear ningún tipo de pulso ante nadie. Creemos que el sistema autonómico ha entrado en una nueva fase, lo mismo que en la vida humana se pasa de la época estudiantil a la laboral o de la vida individual a la vida en pareja o en familia. Tras ir culminando la fase de relaciones preferentes con el Estado para acabar de perfilar los instrumentos propios, pasamos ahora a la etapa de utilizarlos en colaboración con los demás. Y si vemos el ejemplo que nos ofrecen los países federales o de amplia descentralización política de nuestro entorno, podemos encontrar la extraordinaria riqueza de posibilidades que ofrece la colaboración entre los diferentes poderes territoriales sin que el Gobierno del Estado tenga que estar presente y sin que, por supuesto, tal Gobierno se vea amenazado en modo alguno ni en sus competencias ni en su misma integridad. Al contrario, se verá más reforzado porque resultará ser más eficiente y sus ciudadanos estarán más satisfechos. Un vez más recuerdo que todos somos Estado. Somos parte de él, nunca frente a él.
El Gobierno pone sobre la mesa la Conferencia de Presidentes como instrumento para canalizar la cooperación institucional, ¿lo considera una herramienta útil, dado su actual formato?
En el actual formato, considero a la Conferencia de Presidentes como algo más mediático que útil. Siempre es interesante contar con un foro –de los muy escasos que, por cierto, hoy existen en nuestro sistema institucional- para que los presidentes de comunidades podamos reunirnos y compartir con el presidente del Gobierno información, propuestas y deseos, pero tanto por la preparación como por el propio formato que hasta el día de la fecha viene adoptando este instrumento, podemos comprobar los escasísimos efectos prácticos que ha venido teniendo. Puede ser algo útil, pero necesita de profundas reformas que le hagan responder a las necesidades reales.
La crisis económica afecta también a todas las administraciones. ¿Cómo valora las voces que desde algunos sectores han cuestionado, aprovechando la crisis, el trabajo de las autonomías, y las tachan de despilfarradoras? ¿Pueden minar la confianza en el Estado Autonómico?
Esta es una de mis más profundas convicciones. Me considero un autonomista convencido. Creo que el sistema de autonomías territoriales de una de las más eficaces soluciones que nuestra Constitución aportó para resolver uno de los problemas estructurales que afectaban a España. Se ha demostrado que ha aportado efectos muy beneficiosos para los diferentes territorios –y Castilla y León es un evidente ejemplo de ello en términos de desarrollo político, económico y social experimentado en sus 26 años como autonomía- y estoy convencido de que es una fórmula que tiene todavía un gran recorrido futuro. Considero falso y políticamente interesado atribuir una de las culpas de la actual crisis al funcionamiento del sistema autonómico. Baste señalar que los países sin descentralización política también han sufrido los efectos de la crisis, al menos en el mismo grado que España. Desde luego, se habrán producido errores o malas prácticas, pues nadie esta libre de culpa ni exento de responsabilidad, pero eso no debe ser argumento para descalificar en su conjunto un sistema que ha funcionado razonablemente bien.
También se cumplen ahora dos años de la aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla y León, usted siempre dice que el texto está pensado para las personas, ¿está satisfecho con el desarrollo del capítulo de los derechos de los ciudadanos o cree que se podía haber ido más deprisa?
Precisamente porque está pensado para las personas, las prisas no son aconsejables en ningún caso. Por su propia sensibilidad, el desarrollo de los derechos ciudadanos reclaman un consenso social lo más amplio posible. Necesitan una estabilidad especial y por ello deben tratar de recoger el mayor número de sensibilidades que podamos. Naturalmente, recabar opiniones y armonizar posturas es un proceso complejo y laborioso por su propia naturaleza, pero que luego se ve ampliamente compensado por los buenos resultados que se obtienen. La Ley del Diálogo Social siguió este camino y es el camino que se está siguiendo, por ejemplo, con otros desarrollos estatutarios de indudable trascendencia social como la Renta Garantizada de Ciudadanía o la Ley de Servicios Sociales.
