La viceconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, apuntó hoy que el SIP de Caja de Ávila y Caja Segovia con Caja Madrid, refrendado ayer por una amplia mayoría de las asambleas de las entidades de la Comunidad, es “un proyecto claramente asimétrico, donde nuestras entidades son muy pequeñas en tamaño en comparación con el resto de los socios, y por lo tanto sus capacidades de decisión en muchos casos van a quedar fuera de su ámbito de autonomía a pesar de que las cajas pervivan”.

Así lo apuntó antes de subrayar que la adhesión de Caja de Ávila y Caja Segovia al Sistema Institucional de Protección (SIP) liderado por Caja Madrid y Bancaja es “un proceso de integración donde la representación de las cajas de la región, por tamaño, evidentemente no es el que correspondería a un proyecto más equilibrado”. Por todo ello, apuntó, el Gobierno regional deberá ahora “estudiar todas esas condiciones y otros muchos aspectos del contrato para tomar una decisión final dentro del procedimiento abierto de autorización administrativa”, informa Ical.

Hernández aseguró que “no caben valoraciones más allá del respeto de la Junta a las decisiones que hayan tomados las asambleas de estas cajas, y a la autonomía de su funcionamiento. Al Gobierno de Castilla y León lo que le corresponde ahora es conceder esa autorización administrativa y por lo tanto entramos en un procedimiento en el cual nuestra opinión se emitirá expresamente en los informes relacionados con esta operación, y cuando se conozcan todos los detalles que la componen”.

De esta forma, se ha iniciado un proceso “absolutamente administrativo” en el cual la Junta de Castilla y León, como autoridad financiera competente, va a tener que resolver esa petición de autorización. “Conociendo todos los detalles, se hará formalmente, con arreglo a derecho, ajustado y con la responsabilidad que corresponde lógicamente a un gobierno”, sentenció.