Un millar de delegados de los sindicatos UGT, SATSE o CSI-F, entre otros, se concentró hoy a las puertas de las Cortes de Castilla y León para denunciar las medidas de ajuste planteadas por el Gobierno regional y que hoy formaban parte del debate en el hemiciclo, con la tramitación de las enmiendas a la totalidad de la Ley de Medidas Financieras, Administrativas y Tributarias.
Los delegados solicitaron que se elimine el título cuarto de la norma que afecta a los empleados públicos y que fija, entre otras cuestiones, el incremento a 37,5 horas de la jornada laboral semanal o la reducción del salario en un 25 por ciento a partir del cuarto mes de baja por enfermedad. Unas medidas muy protestadas y que, según el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, van en contra del modo de proceder del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien reconoció que siempre ha tenido “buen talante” en el marco del diálogo social.
“Este tipo de actitudes y medidas que está imponiendo no es su forma, ni su gesto”, afirmó Prieto, quien pidió a Herrera que “vuelva a la senda del diálogo social” porque con estas propuestas se está causando “un altísimo perjuicio a los empleados públicos” y va a suponer la destrucción de empleo en Castilla y León. Según explicó, “objetivamente” si se siguen implantando estas medidas dentro de un año se habrán perdido 12.000 empleos. “No nos sirven de nada las enmiendas, solo son para retrasar”, sentenció el secretario regional de UGT.
En términos parecidos se expresó la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, quien aseguró que los trabajadores públicos han dicho “basta ya” desde que el Ejecutivo autonómico les presentó las medidas en la Mesa General de Servicios Públicos y en la Sectorial de Instituciones Sanitarias tras tomarlas sin ningún tipo de negociación. “No son formas”, subrayó Amez.
Por ello, incidió en resaltar la necesidad de que se retire el título cuarto de la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de la Comunidad y se lleve este tema a la negociación. También coincidió en señalar que este incremento de dos horas y media más de la jornada laboral de los empleados públicos supondrá “más paro”. Al mismo tiempo, denunció la medida que establece que los que estén de baja a partir del cuarto mes cobrarán el 75 por ciento de su salario. A su juicio, ello no repercute en reducir el absentismo laboral que “es lo que hay que controlar y no castigar a las personas enfermas precarizando sus recursos económicos”.
Protesta de las enfermeras
Uno de los sindicatos convocantes fue el de Enfermería SATSE, cuya secretaria autonómica, Silvia Saez, anunció que previsiblemente el próximo 14 de febrero los enfermeras no realizarán el cambio de guardia como medida de protesta. Así, explicó que entre un turno y otro este colectivo dedica entre 15 y 30 minutos para informar a quien le sucede sobre los 15 o 16 pacientes que tienen cada uno a su cargo.
Por ello, para denunciar estos recortes, se plantean no hacer ese día ese intercambio de información, lo que repercutirá en la calidad de la prestación del servicio. Saez exigió que en el cómputo de la jornada laboral se incluyan estos minutos que los enfermeros dedican al cambio de turno que es “necesario” para la continuidad de la asistencia.
Sobre la posibilidad de que se establezcan paros en el colectivo de enfermería, como el anunciado por los facultativos ayer de once días, la representante de SATSE recordó que no se niegan a los recortes, pero sí piden que se mejore la aplicación de estas medidas en su colectivo. No obstante, no confirmó ni desmintió esa posibilidad de huelga, aunque confió en que la Consejería de Sanidad sea “sensible” en la aplicación del incremento de la jornada de laboral a los enfermeros.
A la protesta también se sumó el sector de Sanidad de CSI-F en Valladolid, cuyo presidente, Félix Benito, justificó su presencia en la necesidad de que “se trabaje desde la unidad sindical” porque, añadió, “las reivindicaciones son las mismas”. A su juicio, estos ajustes crearán más paro y defendió los servicios públicos porque «mejorar el Estado del Bienestar supone que la sociedad sea mejor». Asimismo, participó en la protesta el sindicato de auxiliares de Enfermería USAE.
Apoyos
A la concentración, que se celebró a las puertas de las Cortes bajo importantes medidas de seguridad, se sumó durante un tiempo el portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, quien volvió a denunciar la gran “alarma social” que ha creado el Gobierno de Juan Vicente Herrera con esta Ley, que tachó de “mala”. A su juicio, no hay ningún sector de la sociedad castellana y leonesa que no se vea “damnificado” directa o indirectamente bien por la puesta en marcha del “centimazo sanitario” o por la pérdida de calidad de los servicios públicos.
Además, recordó que a comienzo de la legislatura las prioridades principales para el presidente de la Junta eran el empleo y el blindaje del Estado del Bienestar y ahora, dijo, “ha destapado su programa oculto”, plasmado en estas medidas que “crean paro directamente”. “Con estas medidas no solo no se blindan los servicios públicos, sino que es un ataque al Estado del Bienestar”, incidió.
Por su parte, el procurador de Izquierda Unida, José María González, mostró su apoyo desde el hemiciclo a los manifestantes a través de la red social Twitter dado que se encontraba en medio del debate de una proposición no de Ley en la que intervenía como portavoz del Grupo Mixto. “Contáis con el apoyo de Izquierda Unida desde el Pleno. Hay que parar la destrucción del empleo público y el ataque a los derechos sociales”, sostuvo en su cita.
