Seis pueblos de Segovia anuncian medidas legales
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Ante el documento publicado en la web de la entidad, seis pueblos de Segovia anuncian medidas legales contra Acuaes y lamentan la preocupación que ha generado entre sus vecinos.

Y es que, según informan estos pueblos de la provincia, la entidad Acuaes, S.A. ha publicado en su web un documento. En ese escrito, les recordaba su obligación de mantenimiento de las depuradoras que construyeron antes de la cesión de uso el 8 de abril de 202.

En dicho documento, recogen, se manifiesta haber realizado «una serie de visitas de inspección». Sin embargo, es algo que «no podemos asegurar porque no sabemos ni cuántas ni cuándo se hicieron». Añade, además, «suponiendo que sea verdad tal afirmación». Ya que, según indican, «nadie en ningún momento nos avisó ni compartió con nuestro personal el contenido ni el resultado de las supuestas inspecciones».

Pueblos afectados

Para los Ayuntamientos de Cabezuela, Ortigosa del Monte, Prádena, Santa María la Real de Nieva, Villaverde de Iscar y Zarzuela de Monte, «de la misma forma que mientras Acuaes mantenía nuestras infraestructuras por lo que recibían cuantiosos pagos, y nos informaba de las mejoras que se podían implementar en las depuradoras, como así se hacía, podíamos esperar ahora esa misma elemental cortesía».

De ese modo, añaden, «si se nos hubiera informado a los ayuntamientos de las visitas que dicen haber efectuado, habrían podido constatar la capacitación de nuestros técnicos y se habrían ahorrado las consecuencias derivadas de su acción y la falta de respeto hacia nuestro personal sobradamente cualificado para esta tarea que tienen encomendada».

Además, en la reunión mantenida este pasado lunes «también quedó de manifiesto la posibilidad de denunciar los vicios ocultos que han podido existir, al haberse detectado en las instalaciones construidas por Acuaes deterioro de algunos de sus elementos con muy escaso tiempo de uso».

Aseguran que «los ayuntamientos venimos cumpliendo los requisitos medioambientales a que estamos obligados como consecuencia del compromiso que hemos adquirido y podemos garantizar que no hay ningún riesgo para el medio ambiente que respetamos escrupulosamente».

De hecho, apuntan en un comunicado, «la propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha realizado en este tiempo los oportunos análisis». En ese sentido, «en ningún caso han reportado parámetros fuera de los autorizados».

Por tanto, consideran, «resulta incongruente que dos entidades públicas, representantes de la misma Administración, señalen ideas contrarias».

Por todo ello, no entienden qué sentido tiene «generar alarma entre los usuarios, nuestros vecinos, con los que nos vemos cada día. Y también «entre otros alcaldes que se han preocupado por lo que a sus infraestructuras pueda afectar».

Apuntan a una posible «venganza»

Llegados a este punto, advierten que «sólo cabe pensar que semejante deslealtad se base en algún tipo de venganza contra los ayuntamientos que unidos, defendimos nuestros derechos en los Tribunales en aquel momento en que Acuaes, por su manifiesta incompetencia, perdió una suma de muchos cientos de miles de euros de fondos europeos por no presentarse en tiempo, y tratando luego de repercutir a los ayuntamientos víctimas de su torpeza, las cantidades que dejaron de percibir, lo que quedó refrendado mediante una sentencia judicial que en palabras de un representante de la compañía «marcó un antes y un después en la empresa pública».

Obviamente, concluyen, «el daño causado otra vez por Acuaes debe tener consecuencias». Por eso, anuncian, «estudiaremos recurrir nuevamente a la Justicia para pedir la reparación que sin duda merecemos».

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