El 90% de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León tiene la percepción de que la calidad de los servicios públicos en los que trabaja ha empeorado, desde que en 2010 se intensificaran las medidas de recortes económicos, ajustes o reorganización, tomadas por la administración por la crisis económica. Además, ese mismo porcentaje de empleados, un 90%, cree que tiene más carga de trabajo, o que ha sufrido la pérdida de derechos laborales.

Así lo señala –con rotundidad- la encuesta de opinión ‘Estamos X Ti’ que ha realizado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), a los empleados de la Junta de Castilla y León, en los ámbitos de Administración General, Sanidad y Educación. Más del 70% de estos trabajadores cree que se ha reducido el número de empleados en su servicio; y más de la mitad considera que la conciliación familiar y laboral se ha deteriorado, o que su salud se ve afectada. En cuanto a la actividad sindical, más de un 60% de los encuestados piensa que las organizaciones sindicales no han sabido defender adecuadamente sus derechos e intereses, frente a los recortes salariales y el deterioro de las condiciones laborales.

Esta encuesta de opinión forma parte de la campaña por la dignificación del empleado público que, desde hace unos meses, mantiene la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Los resultados de las respuestas servirán, a la organización sindical independiente, “para reiterar la necesidad de dignificar el trabajo del empleado público, y de recuperar unos derechos y unas condiciones laborales injustamente arrebatadas, al culpabilizar y responsabilizar los políticos al empleado público de una crisis y de una coyuntura económica, de la que sólo hemos sido una víctima más”, considera el presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando.

La presentación de la encuesta coincide con la entrega a la Junta, por parte de la organización sindical independiente, de un paquete de propuestas para dignificar la imagen del empleado público. CSI-F presentó estas prepuestas el viernes, en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, con motivo de la celebración de la reunión del grupo de trabajo ‘Dignificación del Empleado Público’.

La Junta de Castilla y León, durante la negociación del acuerdo para el pago de la parte devengada de la paga de Navidad suprimida en 2012, se comprometió a llevar a cabo una serie de iniciativas complementarias, como es la de tomar medidas encaminadas a dignificar la imagen y el trabajo de los empleados públicos.

CSI-F plantea a la administración regional cuestiones como la aprobación de un declaración institucional en defensa del empleado público; campañas publicitarias sobre el papel de servidor a la sociedad del empleado público; un manual de buenas prácticas; una campaña de visitas de los altos cargos a los diferentes centros de trabajo, para mantener un contacto más cercano con los trabajadores; unas jornadas de puertas abiertas con diversas actividades, para acercar los servicios públicos al ciudadano; o la convocatoria del Premio Solidario Empleado Público, para poner en valor el papel de los servicios públicos en la sociedad.

La encuesta de opinión ‘Estamos X Ti’ pretende ser una aportación más a la tarea de dar a conocer, al conjunto de la sociedad, el trabajo del empleado público que, “en muchas ocasiones realizamos en unas condiciones con limitaciones y escasos recursos, que los ciudadanos deben saber, para comprender mejor a los empleados, que también queremos el mejor servicio público posible, porque los propios empleados también somos ciudadanos y usamos esos mismos servicios”, ha señalado el presidente autonómico de CSI-F, Carlos Hernando.

El cuestionario de CSI-F, de 12 preguntas, se remitió a los trabajadores de los sectores de Administración Regional, Sanidad y Educación de la Junta de Castilla y León, en las nueve provincias de la Comunidad, para conocer -de primera mano- su valoración de la situación laboral, y la calidad percibida del servicio que prestan. Las encuestas se realizaron entre los días 1 y 25 de abril de 2014; y las preguntas planteadas se refieren al periodo comprendido entre el año 2010 y la fecha final del plazo de realización de la encuesta, un tiempo lo suficientemente amplio para que las opiniones del encuestado no estén condicionadas por cuestiones puntuales.

Aunque la encuesta es la misma para los tres sectores de la Junta de Castilla y León, cada ámbito tiene sus propias peculiaridades. Por ello, el análisis de los 9.426 formularios contestados se ha hecho por separado. En este sentido, CSI-F agradece “la colaboración de estos miles empleados públicos que han cumplimentado el cuestionario, y que han permitido elaborar las conclusiones de este trabajo. Un número de respuestas que supone una muestra aleatoria representativa de los 86.000 trabajadores públicos de la administración regional, que se debe tener en cuenta”. El análisis de las respuestas tiene ámbito regional, no está provincializado.

CSI·F lamenta que la actual crisis económica y los recortes económicos hayan servido de excusa para castigar al colectivo de los empleados públicos, con la supresión de derechos, deterioro de las condiciones laborales, disminución de plantillas o reducción salarial; aspectos que, para la organización sindical, repercuten en la pérdida de calidad de los servicios públicos.

Por el contrario, la Administración ha reiterado en los diferentes foros y mesas de negociación en los que ha coincidido con CSI·F, que los ajustes realizados no han afectado a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, ni sustancialmente a las condiciones laborales de sus trabajadores.

Puesto que no hay una auditoría interna que corrobore ni desmienta estas circunstancias, CSI·F ha querido dar voz a los empleados públicos, para conocer su opinión y valoración, ya que son los que realmente conocen la realidad, y los que –día a día- hacen posible que Castilla y León ‘funcione’. CSI-F insiste en que “si los gobiernos, tanto nacional como autonómico indican que se ha salido de la crisis, es el momento de derogar los recortes que se han ido implementando durante estos últimos años, y devolver a los empleados públicos los derechos y condiciones que tenían antes de la crisis”.

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