Los senadores del Partido Popular de Segovia, Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa, han defendido la gestión del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas en materia de dependecia. “Trabajan para hacer el sistema más viable”, han asegurado.
Asimismo, han asegurado que «tras la catástrofe que ha dejado el Gobierno Socialista con un sistema de dependencia al borde de la quiebra y el colapso, donde el coste superó la dotación de 2.700 millones de euros prevista, donde además existen más de 300.000 personas que todavía están en espera de recibir la ayuda por dependencia, y donde se realizó una estimación que indicaba que había 225.000 personas menos catalogadas como grandes dependientes, el Gobierno del Partido Popular ha tenido que realizar una reforma del sistema que garantiza la viabilidad del mismo», han opinado los parlamentarios populares.
Por su parte, la Secretaria Provincial de Bienestar Social del PSOE de Segovia, Ana Sanjosé, ha denunciado el “pasotismo y desinterés que muestran los representantes del PP de Segovia a la hora de defender de los ataques del Gobierno de Rajoy a los 7.000 segovianos dependendientes, casi todos con pensiones bajas y a sus cuidadores, la mayor parte mujeres”.
Sanjosé ha explicado además que “el Gobierno del PP lo hace por la puerta de atrás, con cobardía como lo hace todo. Como no se atreve a derogar la Ley de Dependencia, la vacía y la deja sin posibilidad de aplicarla”.
Mientras los populares insisten que gracias a las medidas aplicadas por el Gobierno se “incentivará la atención profesional a dependientes para fomentar la generación de empleo y la calidad del servicio”, indicando también que Sanidad introducirá entre los criterios para la prestación, una ponderación que incentive la atención a los beneficiarios a través de servicios profesionales y que además primará la figura del cuidador profesional por encima de la del familiar, los socialistas recalcan que las decisiones tomadas por el Gobierno del PP, y que han supuesto la modificación de la Ley, “se han hecho sin escuchar ni dialogar con nadie”, según apunta Sanjosé. “Las primeras decisiones de paralizar la Ley para los dependientes moderados y de eliminar el nivel acordado en los PGE se hicieron sin consultar a CCAA, sin informar a los órganos consultivos de la Dependencia y sin dialogar con partidos políticos. Y la reforma de la Dependencia también se ha hecho por la puerta de atrás, camuflando las medidas en un Decreto-ley mucho más amplio con otros recortes de calado, evitando en todo momento informar sobre su contenido, y oponiéndose a su tramitación como proyecto de ley”.
En este sentido, Sanjosé pregunta a los dirigentes populares segovianos por la persona o personas que atenderán a los segovianos en situación de dependencia y se cuestiona la forma en que van a poderse costear una residencia privada, “ya que acceder a plazas públicas y concertadas (unas 1.200 en toda la provincia) es prácticamente imposible”. Asimismo, recuerda que en total en la provincia se ofertan 1.700 plazas privadas, con lo que hay ocho plazas públicas y privadas por cada cien mayores de 65 años, “un porcentaje claramente insuficiente; de ahí también el relevante papel de los cuidadores familiares. Además, el precio de las residencias privadas está fuera del alcance de muchos segovianos”, aseguró.
Por su parte, el PP informa de la situación en que quedan las Comunidades Autónomas con la reestructuración en materia de dependencia.
“El nuevo sistema presentado por el Gobierno de España también pretende acabar con las desigualdades entre Comunidades Autónomas”, aseguran los parlamentarios populares de Segovia. “Por este motivo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reunión con los consejeros de todas las regiones para establecer un marco común y sentar las bases de un nuevo modelo que mejora en agilidad y transparencia”, han reiterado.
Los senadores también hacen hincapié en que la reestructuración en materia de dependencia fija unos criterios mínimos, tanto en solicitudes como en el reconocimiento del grado de dependencia: “ante iguales circunstancias, iguales prestaciones”.
«Una de las debilidades del sistema ha sido la ausencia de una evaluación de la aplicación y de los resultados, algo que el Ejecutivo anterior prometió hacer tres años, pero no cumplió. Ha tenido que ser el departamento que dirige Mato el que ha acometido la tarea y el que ha redactado un documento que muestra las características del modelo desde 2007 y las lagunas reconocibles en la gestión», subrayan los senadores del PP a la vez que explican que «el Gobierno pretende con esta serie de medidas actualizar y mejorar un modelo que había quedado desfasado a los cinco años de ponerse en marcha, debido a la falta de control y a un desarrollo normativo repleto de improvisaciones por parte del Ejecutivo Socialista».
