La alcaldesa de Fuentepelayo denuncia actos de intimidación contra ella y su familia
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La alcaldesa de Fuentepelayo, Ana Sanz, ha denunciado actos «reiterados» de intimidación contra ella y su familia después de que, por segunda vez en poco más de un mes, una o varias personas todavía no identificadas hayan depositado basura y distintos enseres ante la puerta del establecimiento propiedad de su marido, según ha indicado la propia Sanz en una nota.
Según relata, el primer episodio, tuvo lugar durante el mes de agosto y los hechos «se han repetido nuevamente en los últimos días». Tal y como señala, en ambas ocasiones se eligió «deliberadamente» un negocio privado perteneciente a un familiar directo de la alcaldesa y completamente desvinculado de la actividad municipal.
La reiteración de los hechos y la elección del mismo emplazamiento «hacen difícil considerarlos un acto casual de incivismo», insiste. La familia, recalca Sanz, entendió que se trata de acciones dirigidas personalmente contra la alcaldesa, «posiblemente relacionadas con discrepancias sobre la gestión municipal, pero ejecutadas contra una persona y una actividad profesional que nada tienen que ver con el Ayuntamiento».
«La crítica a la gestión municipal es legítima y forma parte de la vida democrática. Como alcaldesa, estoy dispuesta a escuchar opiniones, discrepancias y quejas, pero ninguna diferencia política o personal justifica que se intente intimidar a mi familia o perjudicar el negocio de mi marido. Hay límites que no se pueden traspasar», señala la alcaldesa en la nota. En este sentido, Sanz reconoce el «profundo desgaste personal y familiar» que está provocando esta situación. «No es aceptable vivir con la preocupación de no saber qué podemos encontrarnos al día siguiente en la puerta de nuestro negocio. Mi familia no ocupa ningún cargo público y no tiene por qué soportar las consecuencias de las decisiones que yo adopte como alcaldesa», añade.
«Estos comportamientos, además de constituir un acto de abandono incontrolado de residuos, podrían tener otras consecuencias jurídicas en función de su autoría, reiteración, intencionalidad y de los posibles daños ocasionados», recalca, mientras cita que el artículo 172 ter del Código Penal contempla el acoso realizado de forma insistente y reiterada cuando altera el normal desarrollo de la vida cotidiana de una persona, incluyendo determinados actos dirigidos contra su patrimonio o contra el patrimonio de alguien próximo a ella.
«Corresponderá a las autoridades competentes investigar lo sucedido, identificar a sus responsables y determinar la posible relevancia penal o administrativa de los hechos», asume la alcaldesa, al mismo tiempo que confirma la interposición de la correspondiente denuncia, acompañada de fotografías, testimonios y demás pruebas disponibles sobre los dos episodios. Asegura que la familia ejercerá las acciones legales «que resulten necesarias» para «proteger su seguridad, su tranquilidad y su actividad profesional».
Por último, la alcaldesa ha solicitado la colaboración de «cualquier persona que pueda aportar información que ayude a esclarecer lo sucedido» y ha reclamado el cese «inmediato» de unas actuaciones que están afectando «gravemente» a su entorno familiar. «No buscamos enfrentamientos ni queremos señalar a nadie sin pruebas. Lo único que pedimos es que esto termine. Se puede estar en desacuerdo conmigo, cuestionar mi gestión o expresar cualquier crítica por los cauces democráticos, pero mi familia debe quedar al margen. No podemos normalizar ni seguir soportando este tipo de intimidaciones», concluye.
