La jubilación es para muchos ese paraíso soñado que se dibuja lejano en el tiempo y que desde hace unos días está todavía más alejado. Los españoles ya no nos jubilaremos a los 65 años, lo haremos a los 67. Los pasodobles agarrados, los inviernos en Benidorm y el juego de petanca en el parque tendrán que esperar un par de años más gracias a una medida completamente inpopular y que sólo cuenta con el apoyo del 9% de los castellanoleoneses, un porcentaje que se hace raquítico pero comprensible ante una medida de este tipo.
Así se desprende de los últimos datos del Observatorio Caser Pensiones en Castilla y León en su segunda edición. Esto sitúa a Castilla y León junto con Murcia y Andalucía como las comunidades en las que dicho porcentaje es mayor. Para la mayoría, la edad legal debería fijarse en torno a los 64 años. El 44 por ciento piensa que, en profesiones «lógicas», debería poder permitirse seguir trabajando si se desea de forma voluntaria y el 26 por ciento cree que esta prórroga debería incentivarse.
Según este estudio, en la Comunidad el porcentaje de ahorradores se incrementó en seis puntos respecto a 2009, al pasar del 36 por ciento al 42. Además, el 52 por ciento de los que no ahorraban en 2010 previó hacerlo en el futuro, porcentaje que el año anterior era sólo del 17 por ciento. En España este porcentaje subió del 39 al 41 por ciento.
Asimismo, la percepción sobre el futuro de la Seguridad Social no es positiva ya que los encuestados sitúan la probabilidad de que el Sistema de Pensiones quiebre en el 6,35 sobre diez, media que en España es de 6,19. Asimismo, se muestran críticos con la cuantía actual de las pensiones públicas, el 39 por ciento piensa que son muy bajas y que con ellas pasaría necesidad.
Como medidas alternativas citan aquellas dirigidas al fomento de la natalidad, el incremento de las ventajas fiscales y el aumento de las cotizaciones de las empresas. En este sentido, el 35 por ciento piensa que debería ser obligatorio por ley que las empresas aportasen una cantidad de ahorro privado para la jubilación de sus empleados.
Más de la mitad de los castellanos y leoneses (52 por ciento) considera que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente es tanto del Estado como de los individuos.
Muchos gastos
En cuanto a los no ahorradores siguen citando como principal excusa para no ahorrar la imposibilidad para hacerlo, aunque esta razón ha bajado considerablemente, del 81 por ciento en 2009 al 62 en 2010. Asimismo, la segunda razón más aludida el año anterior, no considerar necesario ahorrar, baja de manera drástica pasando del 76 al 46 por ciento. También este año ha habido una disminución significativa en el número de encuestados que se considera demasiado mayor para ahorrar, del 50 al 22 por ciento.
Entre las causas que hacen imposible el ahorro, las de índole laboral (situación de desempleo o precariedad, entre otros) siguen siendo, al igual que en 2009 las más citadas, pero el porcentaje disminuye del 91 al 69 por ciento. La siguiente es “tener muchos gastos”, que sube del 61 al 65 por ciento, seguida de la hipoteca, que se mantiene en valores similares en torno al 50 por ciento.
El año pasado, el Observatorio de Caser ponía de manifiesto que las personas que sí están preparando un sistema de ahorro privado para su jubilación procuran seguir aportando al mismo, a pesar de la complicada situación económica, lo que demostraba que quienes han asumido un compromiso personal en este sentido son conscientes de la importancia de mantenerlo. En 2010, aunque sigue pudiéndose mantener esta afirmación, hay que reconocer que la crisis también está pasando factura a los ahorradores. Así, el porcentaje de castellanos y leoneses que esperan aportar lo mismo a su sistema privado de ahorro baja del 93 al 73 por ciento.
En cuanto a la edad media en que se empieza a ahorrar en Castilla y León es de 34,86 años, muy inferior a la que señalaban en 2009 que era 41,44 años y ligeramente superior a nacional que es 34,07 años. Por lo que respecta a la cuantía media anual destinada es de 2.723 euros, mayor que la citada el año pasado (1.789,18 euros) e inferior a la media española de 3.350 euros.
La gran mayoría de los encuestados, el 90 por ciento afirma que ahorra a través de productos específicos para la jubilación, mientras que un 53 lo hace mediante productos no específicos y tan sólo el 29 por ciento con inmuebles.
Visión pesimista
El conocimiento que muestran los castellanos y leoneses sobre aspectos de la Seguridad Social como la cuantía de las pensiones se ha incrementado respecto al año pasado. Así, el 57 por ciento reconoce saber o tener un conocimiento aproximado de dicha cuantía, porcentaje que en 2009 era del 35 por ciento. Asimismo, se muestran muy críticos con la misma, ya que el 39 por ciento cree que las pensiones son muy bajas y cree que con ellas pasaría necesidad, este porcentaje en 2009 era sólo del 18 por ciento.
Preguntados por la probabilidad de que el Sistema público entre en quiebra, consideran dicha probabilidad de un 6,35 sobre diez. A pesar de ello, y ante la percepción de que la reforma del Sistema es inminente, el porcentaje de castellanos y leoneses que piensan que la Seguridad Social desaparecerá es sólo del 16 por ciento. Eso sí, el porcentaje de los que opinan que, aunque no desaparezca, si reducirá sus pensiones, es del 51.
La encuesta demuestra que, en general, los castellanos y leoneses están bien informados sobre las medidas que el Gobierno ha adoptado o piensa hacerlo. Asimismo, el 60 por ciento dice conocer el Pacto de Toledo frente al gran desconocimiento (90 por ciento) que había el año pasado. En cuanto a la confianza media en que dicho Pacto tenga éxito, se sitúa en el 4,81 sobre diez, similar a la española.
En desacuerdo
Por lo que se refiere al contenido de las medidas se muestran mayoritariamente en desacuerdo con el mismo. La medida más criticada es la congelación de las pensiones, seguida muy de cerca por la posibilidad propuesta de aumentar la edad de jubilación. En un baremo del uno al diez, en el cual el uno significa totalmente en desacuerdo y el diez, totalmente de acuerdo, los castellanos y leoneses dan a la primera medida citada un 3,78 y a la segunda un 4,21, nota ligeramente superior a la que dan el resto de comunidades.
Los encuestados se muestran claramente a favor de otras medidas alternativas como dar ventajas fiscales (6,92), impulsar la natalidad (6,71) o incrementar los impuestos o las cotizaciones de las empresas (5,60).
Asimismo, el 52 por ciento de los encuestados en la Comunidad cree que la responsabilidad de garantizar que las personas mayores dispongan de una pensión digna y suficiente el día de mañana debe ser compartida entre el Estado y los ciudadanos. Aún así, un alto porcentaje 46 por ciento opina que esa responsabilidad es sólo del Estado. Tan sólo un dos por ciento cree que el deber es exclusivo de cada individuo.
Por otra parte, planteada la hipotética posibilidad de que la empresa le subiera un diez por ciento el sueldo y pudiese decidir qué porcentaje recibir en dinero líquido y cuál en aportación a un plan de pensiones, pese a lo que se pueda pensar en un principio en momentos de crisis como el actual, la decisión está muy equilibrada, ya que los encuestados preferirían recibir el seis por ciento en líquido y el cuatro como aportación a un plan de pensiones.
