Rosa Díez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha mostrado su incomprensión ante el silencio de más de siete meses de las mesas Conjuntas del Congreso y del Senado sobre su petición de convocar una reunión urgente para suprimir el sistema de complemento de pensión que las Cámaras facilitan a los parlamentarios con un mínimo de siete años de mandato y establecer la igualdad de Diputados y Senadores con el resto de trabajadores españoles en relación a sus prestaciones de seguridad social y desempleo.

Diez hizo esta petición -en su condición de Diputada nacional-, por primera vez, el pasado 30 de abril a través de una carta dirigida a las Mesas del Congreso y del Senado en las que les urgía a abordar una reforma de los actuales reglamentos de las Cámaras que instauran «importantes excepciones» a la regla de que todos los españoles deben tener los mismos derechos y obligaciones básicas.

Ante la falta de respuesta de los destinatarios de la solicitud, y transcurridos cuatro meses y nueve días, Diez volvió a instar a ambos Presidentes a dar una respuesta a la demanda pero ante la falta de respuesta de esta segunda solicitud y atendiendo a la importancia y urgencia de la cuestión, ahora, ha reiterado la solicitud hecha el pasado 30 de abril. «Que en siete meses y diecisiete días no se haya producido ningún tipo de respuesta me resulta algo verdaderamente incomprensible, máxime cuando la reforma general del sistema de pensiones que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles está siendo abordada en esta cámara», ha argumentado.

A su juicio, en un momento de «profunda y larga crisis económica» y de «creciente descrédito de la actividad política», es urgente tomar medidas decididas e inequívocas para restablecer el principio de igualdad, como suprimir ese complemento para acceder a la pensión máxima, que otorga a los parlamentarios derechos inalcanzables al común a los trabajadores.

En su carta la diputada explicaba que, mientras un parlamentario español puede complementar su pensión de jubilación o incapacidad con cargo a las Cortes Generales hasta una cuantía equivalente la pensión máxima o cercana a ella sólo con haber sido parlamentario durante más de 7 años, un trabajador corriente, sin complementos, necesita 35 años de trabajo y haber cotizado por una base muy alta durante los últimos 15 años de su vida laboral para percibir la pensión máxima de jubilación.

En este sentido, añadía, un parlamentario español puede jubilarse a partir de los 60 años si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y ha cotizado 40 años -con la garantía de cobrar una cuantía equivalente a la pensión máxima, gracias al complemento que le pagan las Cortes-, pero el resto de trabajadores está sometido a reducciones por cada año que adelante la jubilación. «Resulta además con la posibilidad de retrasar en el futuro, para los demás trabajadores, la edad de jubilación efectiva y legal».

Además, los parlamentarios tienen incluso la posibilidad de prejubilarse con 55 años con derecho a cobrar un 60% de la asignación constitucional y manteniendo el alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. De esta forma, un parlamentario que nunca haya cotizado a la Seguridad Social hasta adquirir esa condición a los 44 años, y que la abandonara a los 55 años, podría «prejubilarse» con el 60% de la asignación constitucional para terminar disfrutando a los 65 años de la pensión máxima, más la ayuda del complemento, sin haber tenido que volver a trabajar», detalla. Sin embargo, «el común de los trabajadores que pierde su empleo a partir de los 52 años sólo tiene derecho a percibir el desempleo para mayores de 52 años si han cotizado, al menos, durante 15 años por una cuantía equivalente al 80% del indicador público de rentas de efectos múltiples (para este año, 532,51 euros), y cotizará por ellos hasta que reúna los requisitos para jubilarse por la base mínima de cotización, no por la máxima».

«Si hay consenso sobre la necesidad de acabar con las ‘prejubilaciones’ por el daño que causan a nuestra economía productiva, a los trabajadores y a la viabilidad del sistema de Seguridad Social, no es razonable que quienes votaremos cuando corresponda contra las prejubilaciones abusivas tengamos garantizada, en cambio, una prejubilación ‘blindada’ -proclama-. Es evidente que este privilegio se opone al principio de premiar el esfuerzo, y de garantizar un sistema de Seguridad Social justo y equitativo para todos», asegura Rosa Díez en un comunicado.

Por último, se refiere al plan de previsión social para parlamentarios con el 10% de la asignación constitucional, «una cuantía muy elevada comparada, por ejemplo, con la que aporta la Administración para sus funcionarios». «Sería más justo que fuéramos los parlamentarios quienes decidiéramos voluntariamente cuanto aportamos, pero de nuestros emolumentos, afirma.