La Fiscalía ha pedido imputar a todo el Consejo de Administración de Caja Segovia entre los que se encuentran el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, al expresidente de la caja, Atilano Soto, al ex director general Manuel Escribano y a otros miembros del Partido Popular como el expresidente de la Diputación de Segovia y actual senador, Javier Santamaría, por su presunta participación en la aprobación de las millonarias retribuciones que hirieron de muerte a la entidad segoviana antes de su fusión con Bankia.
Junto a ellos, tendrán que declarar otras 17 personas según anunciaba ayer la líder de UPyD, Rosa Díez a través de su Facebook. “Alguien tiene que buscar que se haga justicia. Hoy por hoy ese alguien es UPyD”, aseguraba. La noticia ha saltado a los medios de comunicación y como recuerda El Confidencial en su edición digital en el documento remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Segovia, la Fiscalía considera “imprescindible, a fin de avanzar en la investigación, que, de forma secuencial, se tome declaración como imputados (…) a los integrantes del Comité de Retribuciones y del Consejo de Administración de la entidad en las fechas a que se contraen los hechos objeto de esta causa [entre noviembre de 2008 y diciembre de 2010]”.
La imputación se produce casi dos años después de la denuncia presentada por UPyD al considerar que el plan de prejubilaciones perjudicó a Caja Segovia. Así lo recuerda Rosa Díez quien subraya las dificultades a las que se han enfrentado los magentas durante estos dos años. UPyD ya había solicitado estas imputaciones en septiembre de 2012 y mayo de 2013, pero en ambas ocasiones fueron rechazadas por el Juzgado, según recuerda El Confidencial.
Entre los otros miembros que formaban el consejo de administración se encuentran el procurador en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz Vitorio, el diputado provincial de Asuntos Sociales y Deportes, Miguel Ángel de Vicente, y el de de Acción Territorial, José Luis Sanz Merino, además de otras miembros como el presidente de la Federación Empresarial Segoviana y de la Cámara de Comercio, Pedro Palomo.
Por otro lado, según recoge Ical, “en primera instancia”, pide que sean citadas las personas que asistieron a las sesiones del comité de retribuciones de las dos fechas citadas: Atilano Soto Rábanos, exdirector de Caja Segovia, como presidente del comité; Manuel Agudiez Calvo, exvicepresidente, como vocal; Elena García Gil, actual miembro de la Obra Social, como secretaria; Manuel Escribano Soto, como director general de la caja de ahorros, a quien le estaba encomendada la presentación de las propuestas y asistía, con voz pero sin voto, a las sesiones del comité; y Antonio Ruiz Tapias Domínguez, como secretario general de la caja, que asistía en sus funciones, sin derecho a voto, a la secretaria del comité.
Asimismo, el Ministerio Fiscal subraya que Soto Rábanos, Agudiez Calvo y García Gil, por ser también miembros del Consejo de Administración, “podrán ser interrogados sobre aspectos atinentes al funcionamiento y papel de éste en los extremos que se pretende establecer”.
En esta línea, la Fiscalía solicita que “a continuación” el juez proceda a tomar declaración, también en calidad de imputados, al resto de miembros del consejo de administración: Miguel Ángel Vicente Martín (vicepresidente de la Diputación de Segovia), Fernando Aceves González, Eduardo Pastor, Pedro Arahuetes García (alcalde de Segovia), Manuel Berzal Lobo, Bonifacio García de Frutos, Fidel García Fernández, José Pablo Lozoya Martín, María Concepción Monte de la Cruz, José Pedro Palomo Hernángomez (presidente de la Federación Empresarial Segoviana), Juan Manuel de la Puente Clemente, José Luis Sanz Merino (vicepresidente de la Diputación de Segovia), Javier Vicente Santamaría Herranz (senador del PP) y Juan José Sanz Vitorio (portavoz adjunto del PP en las Cortes), si bien los dos últimos, advierte el Ministerio Fiscal, tienen la condición de aforados por ser parlamentarios autonómico y nacional.
