La economía sumergida en el empleo de Castilla y León se sitúa en torno a los 4.600 millones de euros, lo que supone un 8,4 por ciento del PIB generado anualmente en la Comunidad, según las estimaciones realizadas los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) con motivo de la próxima aprobación del Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido. A nivel nacional la cifra ronda los 82.500 millones de euros, lo que supone un ocho por ciento del PIB.
En este sentido, este colectivo explica que la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en Castilla y León -hasta el nivel de los países europeos más desarrollados- permitiría recaudar cada año casi 700 millones de euros adicionales procedentes de las cuotas a la Seguridad Social en la comunidad, y más de 13.000 millones de euros a nivel nacional, señala un comunicado.
Por provincias, Valladolid (1.045 millones de euros anuales), León (908 millones de euros) y Burgos (686 millones de euros) son las que ocultan un mayor empleo irregular, por delante de Salamanca (527 millones de euros), Segovia (385 millones de euros), Zamora (324 millones de euros), Palencia (276 millones de euros), Ávila (221 millones de euros) y Soria (163 millones de euros).
Asimismo, Gestha recuerda que a nivel nacional la tasa de economía no declarada alcanza actualmente el 23,3 por ciento del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9 por ciento, casi dos terceras partes -161.647 millones de euros- proceden del fraude fiscal, un componente «que no debe dejarse a un lado en próximo plan del Gobierno».
Otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones registraron casi 100.000 infracciones en acta -un 8,3 por ciento de sus intervenciones-. En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales, y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional, según cifras publicadas por la propia ITSS.
Ante esta situación, los Técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan “más ambicioso y de amplio calado” que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador.
Para conseguirlo, las empresas evasoras recurren a diversos medios fraudulentos, como ocultar parte de las ventas y cobros, recibiendo facturas falsas o falseadas para simular gastos y pagos de mayor importe. De este modo, “una lucha más efectiva contra el fraude en materia fiscal atacaría también de raíz la economía sumergida en materia laboral”, aseguran las mismas fuentes.
Aflorar el empleo irregular
Desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la contrucción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos, o el transporte.
Asimismo, los Técnicos subrayan que el plan que previsiblemente se aprobará en el próximo Consejo de Ministros no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, sino que debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos.
De este modo, aboga porque los trabajadores regularizados obtengan todos los derechos pasados y futuros que les correspondan en función de todo el periodo trabajado, y no sólo desde enero de 2011, promoviendo así que sean los propios trabajadores irregulares quienes animen a que se lleve a cabo la normalización de su actividad de cara al Fisco y la Seguridad Social.
En este sentido, Gestha reclama también la inclusión de medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, tanto para empresas como para trabajadores -retenciones de IRPF no practicadas, declaraciones de renta fuera de plazo, etc.- ya que de lo contrario el miedo a las sanciones, recargos e intereses limitaría de forma muy significativa el alcance del plan.
No a las amnistías fiscales
Por otro lado, los Técnicos de Hacienda recuerdan que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.
A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.
En su opinión, este tipo de actuaciones suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control exhaustivo de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida.
