El PP en el Ayuntamiento sigue insistiendo en la necesidad de aclarar todas la dudas que genera el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). Quieren que se den explicaciones de lo que consideran una opacidad reiterada, fundamentalmente en gastos de la primera fase que han denominado “gastos bajo sospecha”, y que no se han justificado como todo lo que se refiere a gastos de viajes, traslados, consultoría y asesorías que en su conjunto suman más de 2 millones de euros.

Por ello, los populares solicitarán la convocatoria de una comisión extraordinaria de Hacienda, Patrimonio y Empleo, una figura recogida en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento que el Presidente de la misma está obligado a convocar si lo solicita la cuarta parte, al menos, de los integrantes de la comisión. Con el número de concejales del PP en la comisión sería suficiente sin embargo la formación que lidera Raquel Fernández invitará al resto de grupos de la oposición a que sumen a esta iniciativa porque aclarar las dudas alrededor del CAT es cosa de todos.

El motivo de la convocatoria de esta comisión no sólo es que se aclaren estos gastos sino también que se den explicaciones sobre una nueva sentencia en contra del Ayuntamiento que en este caso afecta al CAT, con lo que este “capricho socialista”, como así lo ha denominado la portavoz de los populares, Raquel Fernández, pasaría de ser además de un ejemplo de despilfarro, de despropósito y de pozo sin fondo para las arcas municipales, un posible centro de denuncias, con lo que ello conlleva.

La sentencia a la que se refiere el principal grupo de la oposición se dio a conocer en la pasada Junta de Gobierno Local y, aunque no es firme, obligaría al Ayuntamiento a iniciar el proceso de expropiación de una de las parcelas sobre las que se ubica el CAT, parcela que tiene la nada desdeñable superficie de 6.300 m2

La portavoz popular ha recordado que el terreno sobre el que se proyectó el CAT no es municipal. Se utilizó la ocupación directa, una figura urbanística por la que el Ayuntamiento adquirió el compromiso de dar a los propietarios de las parcelas edificabilidad en otra zona. En el año 2009 se firmó el acta de ocupación de los terrenos y según la ley, el gobierno socialista tenía 4 años para hacer efectivo ese compromiso, plazo que han incumplido. Pasado ese plazo, los dueños tienen derecho a solicitar que se les expropie el terreno, lo que han hecho los propietarios de la parcela objeto de la sentencia.

“Era un planteamiento inicial bueno para obtener los terrenos siempre y cuando el gobierno socialista se hubiese puesto a trabajar y hubiese gestionado el suelo. No lo han hecho y se abre un nuevo frente para el Ayuntamiento de Segovia y por ende para los intereses de los segovianos”, señalan desde el PP municipal.

“Nos preocupa y mucho esta circunstancia por las consecuencias que puede tener. Nos preocupa la incertidumbre que se abre; no sabemos si todas las parcelas están en las mismas circunstancias, y si fuera así podríamos estar hablando de una nueva condena millonaria que volvería a hipotecar la inversiones que necesitan nuestros barrios y la ciudad como mínimo, durante unos cuantos años más”, indica Raquel Fernández.

Los populares consideran por tanto que existen razones suficientes para convocar esta comisión extraordinaria y piden que, de una vez por todas, la alcaldesa Clara Luquero ejerza más como alcaldesa que como concejala de cultura, dé las oportunas explicaciones y explique el escenario en el que nos podemos mover, de hecho, debería estar trabajando ya en ello, insisten desde la formación popular.

Raquel Fernández se ha mostrado contundente al insistir en que “hay que empezar a poner una cifra a la incompetencia de Clara Luquero y su gobierno socialista. Cuando no es un retraso, es una decisión errónea y cuando no un incumplimiento de los plazos o de un contrato. La incompetencia nos está costando mucho dinero que se está dejando de invertir en nuestros barrios y en las necesidades de la ciudad”.

A los 25 millones de euros del CAT y los más de 20 millones en sentencias judiciales se podrían unir unos cuantos millones más en caso de que este proceso continuase. “A la vista de los hechos está claro que estamos todavía lejos de ese escenario idílico que nos vendió al alcaldesa Clara Luquero tanto en los presupuestos como en el balance del año, de esa nueva etapa sin ningún tipo de lastre de sentencias judiciales”

La comisión de investigación sobre el CAT no salió adelante por el voto cómplice de Ciudadanos, pero seguimos insistiendo en la necesidad de que se nos den explicaciones a todos los segovianos y más ahora cuando nos enfrentamos a un escenario de absoluta incertidumbre y preocupación para los intereses económicos de la ciudad.