Cerca de un centenar de funcionarios de prisiones participaron ayer en la movilización lanzada por los sindicatos ACAIP, CCOO, CSIF Y UGT, a los pies del Acueducto de Segovia, donde reclamaron la dimisión del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por “sus amenazas” al colectivo de funcionarios. Los representantes sindicales negaron rotundamente que estén llevando a cabo una huelga encubierta y no descartaron “acudir a una huelga general”.
El responsable del Sector de la Administración General del Estado de CSIF en Segovia, Fermín Pinto López, expuso que si los funcionarios de prisiones tuvieran la condición de agentes de la autoridad, como lo tienen los maestros que acuden a los centros penitencias a dar clase a los internos, “el número de agresiones” a los funciones de prisiones “se reduciría”. Su compañero de ACAIP, Javier Albertos, remarcó que en la cárcel de Segovia hubo un nuevo alternado que terminó “con varios funcionarios por los suelos” y esto “no debería de ser lo normal”.
Fermín Pinto explicó que ni el ministro del Interior ni el secretario general de Instituciones Penitenciarias tienen la menor intención de poner fin a este conflicto con los trabajadores porque, ahora mismo, el asunto “esta totalmente paralizado”. Pintó recordó que a finales de septiembre se puso encima de la mesa una propuesta salarial de 123 millones para tres años, que “se retiró a las 48 horas”.
Los representantes sindicales expusieron que, además, de aguantar las agresiones y amenazas de los presos, se enfrentan a las agresiones de Grande-Marlaska y Ortiz ofreciendo “bufandas de hasta 2.200 euros para directivos y manos intermedios” mientras que a los trabajadores, que “somos los que sacamos el trabajo adelante”, se les da “cero patatero”. Los funcionarios de prisiones piden la dimisión de ambos porque es “totalmente falso” que es esté llevando una “huelga encubierta” y no descartaron “una huelga general” porque “nos sentimos olvidados”.
Además, desde los sindicatos, recordaron que mientras la propuesta que se les hizo y luego se retiró por parte del Ministerio del Interior, “estaba medida al céntimo”, luego se aprobó 700 millones de euros para la policía catalana. Javier Albertos tambien remarcó que con la llegada del nuevo año se jubilarán otros tres trabajadores en el Centro de Perogordo, ahondado más en la situación “caótica y sin rumbo”. Los representantes sindicales expusieron lo fácil que es hacer un arma, con la que se agreden entre sí los internos, “con un calcetín y una lata del economato”.
Por últimos, los funcionarios de prisiones de Segovia denunciaron el aumento, hasta en un 40 por ciento de media, en las cárceles españolas, de internos con patologías mentales, que sólo son atendidos, por un psiquiatra dos veces al mes por espacio de dos horas, que es “totalmente insuficiente para todos”.
