El presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), José Valín, señaló ayer que este organismo no ha recibido de momento “ningún tipo de planteamiento judicial” por la muerte de decenas de miles de peces el pasado mes de junio en un tramo del río Eresma comprendido entre las localidades de Hontanares y Los Huertos (Segovia). Un episodio de contaminación por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Segovia abrió una investigación, si bien la Delegación de la Junta ya ha dado prácticamente por descartada la comisión de un delito ecológico.

Dentro del “cúmulo de circunstancias” que pudieron causar la mortandad de peces se encuentra el proyecto de ampliación de la depuradora de aguas residuales del valle de Tejadilla, además de “un vertido de una empresa próxima al río”, “una remoción de limos por una limpieza del Ayuntamiento” y el descenso del caudal, según apuntó el 2 de julio el delegado del Gobierno regional en Segovia, Javier López-Escobar. Y en referencia a la EDAR, Valín reiteró que su deficiente funcionamiento es “una necesidad” inevitable mientras duren las obras, que comenzaron en febrero y se prolongarán durante dos años.

“Para construir la nueva depuradora habrá un periodo en el que la existente tiene determinadas funciones que no puede cumplir”, recordó el presidente de la CHD, en declaraciones a la prensa recogidas por Ical, durante su visita al Parque Natural de las Hoces del Riaza con motivo de la firma de un convenio con WWF. La vieja infraestructura “no cumplía las condiciones, fundamentalmente las relativas al vertido de fósforo y nitrógeno, dos nutrientes que se encuentran de forma natural en las aguas residuales, y que normalmente las depuradoras convencionales no tienen capacidad de eliminar en el porcentaje suficiente para cumplir la normativa (de la UE) y tener una buena calidad en el río”.

“Pero si queremos tener en el futuro una solución, ahora no tenemos más remedio que aguantar las dificultades que tenemos”, subrayó Valín. En este sentido, la declaración de impacto ambiental de la ampliación de la EDAR contempla y acepta cierta deficiencia en la depuración, siempre y cuando no afecte a la fauna; y en este caso, según la Junta, tales obras no habrían producido mortandad piscícola sin la confluencia de otros factores.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León informaron el pasado 1 de julio de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Segovia había abierto diligencias para investigar si pudo existir un delito ecológico, por lo que solicitó el análisis del agua en este tramo del río, de entre seis y ocho kilómetros. La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por la Guardia Civil por un episodio de contaminación que se prolongó del 16 al 19 de junio.

En total, los agentes medioambientales de la Junta retiraron cerca de 20.000 peces muertos de pequeño tamaño, unos 315 kilos de gobios y bermejuelas, principalmente; aunque la mortandad fue mayor, ya que muchos ejemplares se los comieron las aves y mamíferos de la zona antes de que pudieran recogerse. Los resultados del expediente informativo abierto por el Gobierno regional tras la apertura de un expediente informativo hacen prever un desenlace sin causas punibles, si bien la investigación judicial va en paralelo.

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