Investigan a dos personas por cazar aves protegidas sin autorización y con métodos prohibidos
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La Guardia Civil de Segovia ha investigado a dos personas, como presuntos autores de un delito contra la flora y la fauna, por cazar sin autorización y con métodos prohibidos aves protegidas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Segovia sorprendió cazando jilgueros a dos hombres en un paraje de Torredondo. Estaban utilizando varillas impregnadas en liga, una especie de pegamento, instaladas como trampas en diferentes arbustos, a las que acudían los pájaros atraídos por el reclamo sonoro que reproducían los investigados desde sus teléfonos móviles, y que a su vez estaban conectados a un altavoz auxiliar para potenciar el canto de reclamo. Además disponían de una jaula pajarera con un ejemplar vivo de jilguero que pudo ser recuperado con vida para su futura puesta en libertad.
Con este tipo de trampas, las aves se ven atraídas por el sonido de reclamo, y al aproximarse al seto-trampa quedan adheridas a las varetas con liga, lo que facilita la captura y que también produce daños en el plumaje y partes de las aves.
El jilguero Común cuenta con protección legal, Directiva de aves 2009/147/CE de la Unión Europea, establece la obligación de los estados miembros de la conservación de estas especies en su estado salvaje. Y por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como la normativa de caza y pesca de cada Comunidad Autónoma.
La Guardia Civil, y más en concreto el Servicio de Protección de la Naturaleza, redobla sus esfuerzos para evitar la comisión de estos hechos, de los que existen antecedentes en la provincia y que causan perjuicio al equilibrio de los hábitats naturales y sufrimiento a las aves salvajes; y recuerda que la caza de aves está prohibida en la actualidad.
Al tratarse de ejemplares protegidos, su captura está recogida en el Código Penal como delito relativo a la protección de la flora y la fauna. Los autores se enfrentan a penas de prisión que van de seis meses a dos años o a multas de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, se exponen a la inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por un tiempo que oscila de dos a cuatro años.
Durante el pasado año 2019, la Guardia Civil de Segovia realizó tres intervenciones relacionadas con hechos similares. Como resultado se interpusieron cinco denuncias por la comisión de diversas infracciones administrativas en esta materia, además de la aprehensión de los efectos empleados en la caza.
