El nuevo presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria, Vicente Villagrá (Paredes de Nava, 1942), afronta su nuevo cargo con “mucha ilusión” y aboga por mejorar la propuesta del Gobierno para “elastilizar el mercado” a través de una reforma laboral “que debe cambiar mucho” frente a su proyecto inicial. Respetando todos los procesos y fórmulas de integración elegidos, valora como “imprescindibles” los cambios en las cajas de ahorro, y al respecto considera que hay que profesionalizarlas mucho más. “Todas deben ganar dimensión suficiente para poder competir, además de tener luego un claro compromiso con esta tierra, porque por sus obras las conoceréis”, sostiene.

¿No son dos años de mandato demasiado poco tiempo para poder contribuir a mejorar a nivel empresarial el actual panorama con la que está cayendo?

Los empresarios estamos acostumbrados a asumir tiempos a corto, medio y largo plazo y está claro que se trata de un gremio que requiere mucha actividad y es un periodo suficiente para conseguir cosas. La clave está en dar continuidad, con un equipo ejecutivo totalmente renovado, a una coordinación que ya existía antes, cada uno aportando su sello personal pero con un trabajo conjunto. Otro aspecto importante es que la vicepresidencia primera está en León, la segunda en Valladolid y la tercera en Salamanca, además de contar con que Burgos ostenta la vicepresidencia del Consejo Superior de Cámaras, trasmitiendo nuestras inquietudes en Madrid, lo que siempre es importante para la Comunidad. En cualquier caso estamos implicadas las 14 cámaras con gente acostumbrada a hacer relevos, dar continuidad y mejorar lo que se pueda.

¿Pese a la caída de producción y las ventas actuales existe optimismo por lograr un repunte superando un ciclo de crecimiento económico negativo?

Más que pesimismo u optimismo lo que hay es preocupación. Es lógico porque 90 de cada 100 empresas están muy mal financiadas, con mayores exigencias de garantías o sufriendo tipos de intereses altos, además de cobrar mal de los proveedores y contar con que la mayor morosidad procede de servicios prestados a las administraciones públicas. Esto hace sufrir mucho al empresariado y, de alguna manera, se acrecienta aún más con la alta tasa de ahorro que propicia que se gaste menos y que se tenga que fabricar menos productos al no poder darles salida. Se reducen los ingresos y no siempre se pueden rebajar los costes de producción al mismo nivel, bajando así los márgenes de beneficio enormemente.

¿Qué instrumentos se pueden ofrece desde el Consejo Regional de Cámaras a sus asociados para poder mejorar sus prestaciones empresariales, pudiendo crecer en un mercado cada vez más globalizado?

Cada cámara, en su demarcación, tiene un prestigio permanente avalado por sus más de 100 años de experiencia y el hecho de que se llega a todas las empresas, con una gran capilaridad y una costumbre enraizada de prestar servicios. A pesar de haber menor capacidad de financiación y caer los beneficios empresariales, lo que conlleva una menor recaudación, habrá que seguir dando lo mismo con menos dinero aprovechando distintas sinergias. Ahora se necesita adaptarse a los mercados exteriores y una de nuestras grandes especialidades es la internacionalización. En formación, para aumentar la competitividad de las empresas, hay que buscar emprendedores entre los colectivos que la reciben adaptándose a nuevas situaciones y técnicas. Antes nacer y morir en la misma empresa era muy bonito, pero ahora posiblemente no va a ser así. Puede que sea necesario salir mucho más al extranjero con una iniciativa empresarial, llevando a cabo una aventura común con gente del país de acogida. Hay que estar dispuesto a todo.

El proyecto de reforma laboral ha sido presentado con el visto bueno del Gobierno pero aún falta la tramitación parlamentaria. ¿Qué se requiere para que su aplicación sea efectiva y logre sus objetivos?

No está hecha todavía y se ha enviado un proyecto de reforma que llevábamos tres años pidiendo y ha tenido que venir Obama a decir que se haga. Hay que completarla porque es muy imperfecta. Ha sido una táctica del Gobierno mandarla en una primera fase pero falta el tema del ‘desenganche’ de los convenios colectivos, porque si una empresa está pasando las de ‘Caín’ o tiene unas peculiaridades determinadas no debe hacer malabares si no objetivarse y que no se judicialice el proceso. Lo mismo pasa con los despidos por el motivo económico, que también hay que objetivar.

¿Qué aspectos son necesarios o a tener en cuenta en las experiencias de reformas llevadas a cabo en otros países?

Hay cosas buenas como el sistema danés y el nórdico en general, donde como existen menos pagos de cuotas a la Seguridad Social y las prestaciones no pueden reducirse, pues se financian con impuestos indirectos. Si se toma esa medida, se pueden abaratar los costes de producción y vender lo propio fuera, frenando lo que viene, por ejemplo de China, porque no ha pagado ninguna cuota de Seguridad Social. Otro sistema es el austríaco, con la ‘flexiseguridad’, que consiste en crear un fondo que pagan el Estado y las empresas para cuando el trabajador tenga como una hucha donde, si nunca ha abusado de un despido, la pueda usar. Si al llegar a su jubilación no ha tirado nunca de este fondo podrá tener un complemento de pensión. Otro sistema son los expedientes de regulación de empleo alemanes, donde hay facilidad para hacer un ajuste en salarios y bajar la producción sin despidos. La reforma laboral es la gran oportunidad histórica que tenemos para elastificar el mercado del trabajo, muy rígido y con anomalías como el alto absentismo laboral, que es el doble de la media europea.

Y en cuanto al sistema financiero, ¿Qué se precisa, en una etapa muy convulsa, para que entidades como las cajas de ahorro sean viables y haya fluidez en el crédito?

Estamos muy tocados por el hecho de que se nos está mirando con lupa al deber mucho dinero al extranjero, lo que genera incertidumbre e inoperancia empresarial. Está el tema de las cajas de ahorro, que hay que profesionalizar mucho más ganado dimensión suficiente para poder competir, además de tener luego un compromiso claro con nuestra tierra porque por sus obras les conoceréis. Sin con la fórmula que sea, funcionan bien para Castilla y León, pues bienvenido sea.

¿Cuál sería entonces, de las opciones que se han dado, la mejor para hacer viables las entidades de ahorro de la Comunidad?

Nos da igual una integración que una fusión fría o caliente, pero no hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos diseñado un sistema donde si antes había seis opciones ahora sólo hay cuatro. El tema radica en que como los órganos de gobierno de las cajas son soberanos, lo que se pide es que hagan los ajustes precisos para ser competitivos y vamos a observar que los hagan bien. Tenemos la gran suerte de que una de las fusiones se ha hecho con entidades de aquí, Caja Duero y Caja España, y si todo va bien, estarán implicadas en nuestra Comunidad hasta el ‘corvejón’ y las empresas lo vamos a notar enseguida de forma positiva. Cualquiera que haga lo mismo, se llame a, b o c pues vamos a estar con ellos. Hay que materializar ya los procesos abiertos y que se hagan de forma correcta para cambiar el signo de los mercados internacionales y para que vuelva a fluir el crédito donde tiene que fluir, que es en la actividad económica y en las familias, porque ahora estamos secos.

¿Qué le pide el nuevo presidente del Consejo Regional de Cámaras a la Administración central y a la autonómica para mejorar el panorama económico?

La mayor cantidad de medidas posibles las puede adoptar el Estado, ya que las autonomías tienen una gran parte de su presupuesto comprometido en sanidad o educación. Además de la reforma laboral y financiera está pendiente la energética, con un déficit de tarifa que hace hablar de subidas de un once por ciento. A un empresario le preocupa que encienda un motor en su empresa y le cueste más que a los demás. Hay una dependencia excesiva del petróleo y del gas, y aunque las energías renovables van proliferando, debe haber un ramillete mayor donde es imprescindible la opción nuclear que todos los países de economías grandes revisan. Si se sigue tirando de las fuentes de energía tradicionales se acabarán encareciendo y hay que pensar en nuevos proyectos.

El tema formativo y otros tantos, como el déficit público, preocupan para poder lograr nuevos emprendedores e impulsar empresas. ¿Qué medidas son precisas para asumir el tirón de un necesario crecimiento económico?

Hay que dar una vuelta completa al tema educativo y dejar de hacer capillitas autonómicas implantando la lengua de cada lugar. Luego debe estar primado el criterio del esfuerzo, el sacrificio y el mérito sin que todos los alumnos pasen de curso de cualquier manera, preparando más a la gente y haciendo una auténtica revolución. También está el tema de justicia, que en este momento no da amparo a los empresarios cuando tienen más de un conflicto. Igualmente, la burocracia y el sector público, magnificado, muy pesado y que necesita simplificarse con austeridad espartana en el gasto público. Pero, sobre todo, lo que pedimos los empresarios es que no se tengan que cumplir tantas normas y trámites, que se pongan claros los requisitos para abrir un negocio. Luego que existan controles para que si un caradura no lo hace bien se caiga con todo el paquete, pero mientras tanto hay que agilizar todos los procesos.

Los empresarios no dejan de remarcar la importancia de apoyar la construcción de nuevas infraestructuras para aumentar el tejido empresarial. ¿Ahora mismo es una de sus prioridades?

Las administraciones tienen que seguir haciendo infraestructuras, pero siempre y cuando sean rentables y que cuando se acaben tengan un valor añadido en las zonas donde se ubican. No se puede hacer cambios de acera para entretener al personal y crear un fondo artificial de puestos de trabajo. Otro aspecto destacado es el equilibrio territorial y que no se hagan las dotaciones en función de que unas zonas estén más pobladas que otras. Este equilibrio a largo plazo es el más rentable de todos porque no desarraiga tanto a la población y permite obtener una rentabilidad de segundo nivel que es mucho más profunda. Hay que ser solidarios y si se tiene que aplazar alguna infraestructura dado el momento difícil que se vive parece evidente, pero que lo hagan todos. Que las obras sean transversales y no radiales, que no todo tiene que pasar por Madrid o Barcelona ineludiblemente.

Otro aspecto que preocupa al mundo empresarial de la Comunidad es el alto coste que supone tratar los residuos no peligrosos que generan, principalmente en el eje sur de Comunidad entre Burgos, Palencia y Valladolid. ¿Se ven soluciones a corto plazo?

Todos debemos cumplir, por obligación y por devoción, con el Medio Ambiente y la base está en tratar los residuos que todos producimos, siendo la mayor parte de ellos nada peligrosos. Hay que tener sistemas adecuados y, en la medida en que estos estén excesivamente alejados de la zona en que se producen los residuos industriales, se encarece todo el proceso logístico. No debemos entrar en los procesos de selección, y la Junta ha hecho un concurso, eligiendo la opción de la localidad palentina de Ampudia como la mejor. No debe hacerse demagogia en este sentido, porque si queremos tener empresas éstas van a tener siempre residuos y deben tratarse. Esto debe plantearse como una fuente de creación de empleo y de mantenimiento de la actividad empresarial en las zonas que conforma la antigua carretera N-620, ahora autovía A-62, que une cinco provincias donde está el ‘meollo’ de toda la industria fundamental en la Comunidad.

Un sector importante, sobre todo por lo que supone para las exportaciones, es el de la industria del automóvil para la Comunidad. ¿Cómo ve su futuro?

Yo creo que hay que ser optimistas porque si algo bueno tenemos en Castilla y León es la gente, con una masa de trabajadores responsables y demostrando que sabe adaptarse a los nuevos tiempos. A nivel de descuelgue de convenios es muy positiva la bolsa de horas que se aplica cuando se necesita. Si hay un fallo logístico y no llegan las piezas pues se aplica y la plantilla descansa, pero cuando hay demanda pues hay que trabajar más. Esa es la clave, que nadie debe estar explotado pero también saber adaptarse a las circunstancias. De cara al futuro, las perspectivas son buenas porque un modelo como el Mégane de Renault tiene una gran demanda, y pese a la situación de crisis nacional e internacional, hay fuerza competitiva porque se han hecho los deberes a tiempo. Yo creo que, ahora mismo, nuestra industria del automóvil se puede defender mejor en los mercados que la inmensa mayoría.

Seis de cada diez ciudadanos de Castilla y León opinan que la creación del modelo autonómico ha sido algo bueno para el desarrollo del conjunto de España y para todas las autonomías. En concreto, el 62 por ciento se posiciona en esta sentido, frente al 14 por ciento que considera que ha sido algo negativo. No obstante, si se compara el dato con el conjunto de autonomías se observa que Castilla y León ocupa el vagón de cola en optimismo, sólo por delante de Madrid (24 por ciento), Aragón (56 por ciento) y Asturias (60 por ciento). Entre las que observan el modelo con mayor aliento se encuentran Extremadura (81 por ciento), Navarra y Ceuta (78 por ciento), y Cataluña (77 por ciento).

Así lo pone de manifiesto el ‘Informe España 2010. Una interpretación de su realidad social’, elaborado por la Fundación Encuentro que, además de la opinión pública sobre el modelo autonómico, recoge aspectos como la Formación Profesional, las profesiones sanitarias, energías renovables, situación económica de las personas mayores y de los adolescentes que cursan la ESO.

El 45 por ciento de los encuestados opina que la gestión de los servicios públicos y oficinas de la administración funcionan igual que los de las autonomías, y sólo un 18 por ciento declara que lo hacen mejor y el 16 por ciento, peor. Si bien, las comunidades autónomas salen algo mejor paradas a la hora de evaluar los grandes objetivos en lugar de políticas públicas concretas, aunque hay diferencias por territorios. En Castilla y León, el 15,7 por ciento opina que el que mejor administra el dinero público es el Gobierno central, seguido por el Gobierno autonómico (12,7) y el ayuntamiento (10,5); mientras que un 19,1 por ciento observa que el Gobierno central es el que tiene funcionarios más competentes; el 12,9 por ciento, la Junta, y el 8,1 por ciento, los ayuntamientos.

A la hora de analizar el organismo que funciona de manera más transparente en Castilla y León ganan los ayuntamientos (14,4 por ciento), seguido por el Gobierno central (11,7 por ciento) y el autonómico (diez por ciento), al igual que ocurre a la hora de pronunciarse sobre la institución que más caso hace a las demandas ciudadanas, con un 25,3 por ciento en el primer caso, y un 8,6 y un 8,8 por ciento en los otros dos.

En el caso concreto del modelo autonómico, el estudio arroja que, en general, el porcentaje de los españoles que es favorable a la autonomía ha crecido de manera considerable desde 1976, cuando se situaba en el 39 por ciento, hasta el 56 por ciento de 2008, lo que supone un incremento de diez puntos porcentuales en la última década y de 20 en las últimas dos. Además, en general mejora la percepción del buen funcionamiento del Estado autonómico a partir de 2002, hasta el 50 por ciento, y aumenta la percepción de las diferencias de prosperidad entre comunidades. En este sentido, más de un tercio de los españoles piensa que el actual modelo ha contribuido a aumentar las diferencias, cifra que se situó en el 39 por ciento en 1998.