La sombra de la tijera con que se podrían recortar los proyectos del Estado en Castilla y León es alargada para el consejero de Fomento, Antonio Silván, quien considera que los ajustes conocidos son sólo la “punta del iceberg” ya que augura que “lo peor está por venir”. Su departamento reivindica las infraestructuras acordadas en la Mesa del Diálogo Social, principalmente, las autovías del Duero y León-Valladolid, así como la llegada del AVE a las capitales de la Comunidad. Defensor de las inversiones productivas y de la colaboración público-privada, no cierra la puerta a participar en la financiación de obras prioritarias. Superado el ecuador del año, trabaja en los próximos presupuestos, que mantendrán las ayudas y beneficios fiscales de la política de vivienda, la urbanización de suelo para VPO, aunque el ritmo de ejecución se ajustará a las estrecheces económicas. En los próximos meses, se pondrán en marcha 13 nuevas rutas de Transporte a la Demanda y se universalizará el acceso a la banda ancha.
Su departamento cifra en 5.200 millones el recorte posible de las inversiones del Gobierno ¿Cuáles son sus augurios sobre los proyectos viarios y ferroviarios de la Comunidad?
No tenemos ninguna noticia al respecto, lo que nos genera inquietud, incertidumbre y preocupación. Conocemos los dos criterios que aplicarán para acometer los recortes. Sólo garantizan las infraestructuras que tenían prevista su finalización en el año 2010, es decir, el tramo Valladolid-Villanubla de la A-60 y la Ronda Este de Valladolid. El resto están sujetas a la negociación con las empresas para reprogramarlas, diferirlas en anualidades o rescindirlas. Es decir, esto significa la paralización de la obra pública y de infraestructuras emblemáticas como la Autovía del Duero que Blanco prometió que en 2011 estaría en obras. Va a seguir en el cajón. La A-11 es el paradigma de los incumplimientos y de la improvisación.
¿Cree que los recortes anunciados en materia de carreteras y ferrocarriles son la punta del iceberg de la reprogramación que baraja Fomento en Castilla y León?
Lo hemos dicho y denunciado ya estas semanas pasadas, los anuncios de Blanco son sólo la punta del iceberg porque lo peor está por venir. Anunció que en septiembre dará a conocer las obras que se ralentizan entre uno y cuatro años y las que se desprograman. Algo, sin duda, realmente escandaloso y dramático porque detrás de esos proyectos hay miles de rostros de trabajadores de la construcción y de sus familias. Recientemente, la Cámara de Contratistas hablaba de la pérdida de más de 7.100 puestos de trabajo en el sector de la construcción y se estaba refiriendo a los afectados por los siete contratos rescindidos. Imagínese las cifras que puede arrojar la reprogramación del resto de infraestructuras en Castilla y León.
¿Mantiene que Castilla y León es la “pagana” de los ajustes que aplicará el Ministerio de Fomento?
Ya está bien de que el ministro Blanco ponga de ejemplo a Castilla y León cuando habla de supresiones o eliminaciones. Comenzó con la suspensión de las obras del AVE a Cantabria por Palencia y la supresión del AVE a Galicia por Ponferrada. Por eso digo, el ministro se baja del tren. Además, el Gobierno ha anulado la licitación del desdoblamiento de la N-1 en Miranda de Ebro (Burgos) por razones técnicas. Ellos pusieron como ejemplo de inversión a cambio del ‘Garoñazo’ esta obra, presupuestada en 600 millones de euros. Un motivo más que demuestra que no piensan en Castilla y León, de un plumazo se han cargado el Plan Garoña.
¿A la espera de que Fomento confirme que proyectos se reprograman, ¿cuáles son inicialmente prioritarios e irrenunciables para la Junta?
La Junta de Castilla y León mantiene entre sus prioridades las que se fijaron por acuerdo en la Mesa del Diálogo Social. Pedimos que se respeten, aunque lógicamente se adecuen a las circunstancias, pero que en ningún momento se supriman. Pintan bastos para todos, pero parece que ahora cuando las infraestructuras llegan a Castilla y León pintan más bastos que para Andalucía o para Cataluña, ¿por qué? Estábamos a punto de ver la luz al final del túnel y de repente, de la noche a la mañana, aplica aquí la tijera. Pedimos que nos digan qué, cuando, cómo y donde y me consta que hay comunidades que ya lo conocen.
¿La Junta aceptará la demora de las obras, siempre y cuando se mantenga su ejecución?
Defendemos la adecuación de los plazos y el nivel de ejecución. No podemos negar la evidencia porque en el año 2011 la Autovía del Duero no va a estar en obras como prometió Blanco, pero seguiremos siendo reivindicativos. No aceptaremos que se difiera sine díe la A-11, la León-Valladolid y la llegada del AVE a las capitales de la Comunidad. Hace cuatro meses se hablaba del milagro del AVE español y se planteó una conexión nueva entre Ávila y Segovia. El Ministerio nos lo comunicó y la Junta lo consideró una muy buena decisión porque era lo que defendíamos y cuatro semanas después se paralizó.
Respecto a la Autovía León-Valladolid, ¿cree que Fomento echará el freno y se retrasará aún más su construcción?
Lo peor está por llegar y es el retraso en la ejecución de obras ya en marcha en la León-Valladolid, que para la Junta es una infraestructura vital para la vertebración y cohesión del territorio. No sólo es posible el retraso en el tramo León-Santas Martas sino también en los 93 kilómetros entre Santas Martas y Villanubla. Esta autovía junto a la del Duero fueron los dos grandes ejes de comunicación que el presidente Rodríguez Zapatero consideró prioritarios en el Consejo de Ministros celebrado en León en julio de 2004. Además, en ese Consejo, Zapatero puso fecha a su finalización, el año 2009.
En este escenario de estrecheces, ¿corre peligro el soterramiento de ferrocarril en Valladolid, Palencia o León?
Ojalá estuviéramos debatiendo a fondo la integración del AVE en León y Palencia, porque eso significaría que ya ha llegado. Van a sufrir una nueva reordenación y una nueva temporalización porque el escenario económico de cuando se constituyeron las sociedades –participadas por la Junta, el Estado y los ayuntamientos- no es el mismo ya que tienen mayores dificultades para obtener financiación. En León, ya se ha aprobado el PRAT, que establece el corredor ferroviario, los terrenos a desarrollar o las posibilidades de financiación. ¿Porqué lo vamos a parar?, veámoslo.
¿Ve en la colaboración público-privado en inversiones productivas la fórmula para que el Estado continúe con su planificación?
La Junta de Castilla y León ha apostado por la inversión público-privada y, por cierto, ha dado muy buenos resultados como en la autovía que une Valladolid y Segovia. Esa puede ser una salida, pero hasta ahora ni las empresas, ni los bancos, ni el propio Ministerio, saben qué proyectos y cómo se van a desarrollar. Sabemos que en la negociación con las empresas pondrán sobre la mesa su cartera de proyectos y el dinero disponible y ambos tendrán que casarse.
¿Primarán en esa negociación criterios empresariales de rentabilidad más que el interés social de las infraestructuras? ¿Temen que sean las empresas quienes decidan?
Será un ten con ten. Por ello, pedimos que se tenga en cuenta la rentabilidad económica y social. Nosotros hemos sido en otros momentos solidarios con el resto de comunidades. Nos decían, ya llegarán las infraestructuras, ya llegarán y, es que, estaban llegando. Con la supresión de los peajes ocurre lo mismo, aquí lo prometieron y lo aplicaron en Cataluña y Galicia. Ellos sí y nosotros no. El Ministerio de Fomento aplica en Castilla y León justamente el criterio contrario que en el resto de España.
La Junta defiende el autonomismo útil y cooperador, ¿deja la puerta abierta a la colaboración económica en los proyectos prioritarios para Castilla y León?
Estamos dispuestos a hablar de todo, pero con las cartas sobre la mesa. Nosotros, antes de dar una respuesta tenemos que conocer su estrategia y planteamiento. El nivel de colaboración lo hemos demostrado en el pasado y estamos dispuestos a seguir demostrándolo en el futuro, pero sobre algo. Todo es dialogable y nosotros hemos dado muestras de ello. Recuerdo que en la reunión de junio Herrera ofreció la colaboración en la financiación de la conexión entre Ávila y la A-6. Yo al ministro le pido que exponga sus planes, porque de un plumazo se ha cargado la planificación de seis años de gobierno. No sabemos tampoco sus plazos y sus prioridades. Sin esas tres herramientas es muy difícil conocer de donde van a obtener recursos. Están generando inseguridad e incertidumbre a las empresas porque anuncian que se van a rescindir contratos.
¿Tiene la Junta en mente alguna medida para impedir el cierre de líneas férreas convencionales que cumplan servicios sociales?
¿Desde cuando el tren convencional se valora por criterios de rentabilidad económica?, ¿donde está la función social, donde está la coherencia que hemos manifestado con la administración central con independencia del color político para mantener esas líneas que son deficitarias? Si aplicáramos ese criterio, el 80 por ciento de las líneas conexiones ferroviarias de España se paralizarían. Yo le digo al ministro que aprenda de los errores del pasado porque con el gobierno de González se levantaron aquí 1.000 kilómetros de vías férreas, Valladolid-Ariza y la Ruta de la Plata. Ellos mismos cuando llegaron al gobierno se comprometieron a abrirlas en el Plan del Oeste y en el Plan Alternativo Extraordinario para Soria (PAES).
La austeridad de las cuentas será también una características del presupuesto de la Junta para 2011 ¿Se plantean recortes?
Nosotros no queremos ponernos de ejemplo de nada. El presidente de la Junta ha garantizado que en Castilla y León no se iban a rescindir los contratos y que las infraestructuras se iban a seguir desarrollando. Mantenemos esa programación, pero diferida en el tiempo porque habrá que acompasar el ritmo de ejecución al ritmo presupuestario a consecuencia de los ajustes a los que nos tendremos que someter. Tampoco nos podemos olvidar de la conservación y mantenimiento, ningún contrato adjudicado será rescindido porque es algo fundamental.
¿Conoce cómo afectará a su departamento el recorte del diez por ciento del montante total? ¿Qué áreas y proyectos serán las prioritarias?
El gobierno de Herrera se caracteriza por conocer el territorio y por priorizar las inversiones. Donde tengamos que apretarnos, nos apretaremos, pero la apuesta del gobierno autonómico pasa por el gasto social y por las inversiones productivas, en carreteras, vivienda y transporte. Seremos solidarios y responsables. El cinturón nos lo apretaremos, por supuesto, todos.
Se ha hablado de una reestructuración de las empresas públicas y se dice que ejecutan peor que las propias consejerías, ¿habrá cambios en Provilsa?
La empresa Provilsa, antes Gigal, opera prácticamente al día. Su reestructuración no se contempla, pero no es una decisión que me corresponda a mí. La ejecución del Plan Regional de Carreteras lleva 251 celebrados en un año y medio, lo que le ha permitido actuar sobre 1.374 kilómetros de la red de Castilla y León. Ese nivel de ejecución lo ha soportado la Dirección General de Carreteras y Provilsa, que ha licitado en lo que va de año más de 66 millones de euros. Estos datos reflejan el día a día de nuestra empresa.
El Gobierno de España también ha dado un giro a su política de vivienda…
En recortes como en supresiones, el Gobierno de España tiene puesta en su punto mira a Castilla y León. Me parecen verdaderamente decepcionantes, gravísimos e incoherentes. Es incomprensible que Corredor impulse medidas antisociales que afectan negativamente a un bien básico y a las personas que tienen más dificultades. Además, esas ayudas servían de revulsivo a un sector económico en grave crisis, el de la construcción, y a las personas. Las medidas son gravísimas para Castilla y León porque al recorte general hay que añadir la supresión de la reserva de eficacia, aquellos fondos adicionales para las comunidades que como Castilla y León han venido cumpliendo año tras año los objetivos fijados por el Ministerio. El Ministerio de Vivienda penaliza a Castilla y León por superar el cumplimiento de objetivos en política de vivienda, es inaudito.
¿Se plantea su departamento suplir con fondos autonómicos el recorte anunciado por el Ministerio?
Quiero lanzar un mensaje positivo. Castilla y León mantendrá la política social de vivienda, no eliminaremos las ayudas, ni los beneficios fiscales, ni los planes de urbanización de suelo para VPO. En definitiva, seguiremos cumpliendo los objetivos de las políticas sociales pero solos, sin la ayuda del Ministerio.
¿Qué novedades introducirá el nuevo Plan Director de Vivienda y Suelo?
El nuevo Plan va a mantener la política de vivienda, centrada en el mercado de alquiler y en la promoción de vivienda pública, incluida, la rural. El anterior, todavía en vigencia, ha supuesto más de 188.000 actuaciones. También apostará por la inspección técnicas de edificios y la rehabilitación, a través de las líneas de ayudas, la declaración de ARI’s. Ya llevamos 50, es un goteo, una lluvia fina.
¿Cómo implicarán a los ayuntamientos para que exijan las ‘ITV’ a los edificios de más de 40 años?
Hemos realizado a través del Instituto de la Construcción de Castilla y León el soporte tecnológico, el programa, para que todos los técnicos de los ayuntamientos tengan la herramienta para llevar a cabo esas inspecciones. Los consistorios tendrán que adaptar sus ordenanzas, León y Valladolid ya lo han hecho, y en breve, yo creo que lo harán el resto de capitales. Para fomentar las ‘ITV’ convocaremos una línea de ayudas que subvencionarán hasta el 20 ó el 30 por ciento de su coste. Además, vamos a programar con la Confederación de Constructores de Castilla y León, a través de la Fundación Laboral y de entidades como la Cámara de Contratistas, cursos de formación para que los trabajadores se reciclen y lleven a cabo la rehabilitación.
¿Cuál ha sido en su opinión el efecto de la subida de IVA y de la reforma impositiva en materia de vivienda propuesta por el Gobierno?
Todo lo que sea poner trabas o limitaciones a la vivienda es perjudicial. Hoy los datos de transacciones inmobiliarias en Castilla y León están por encima de la media, pero esto tiene dos causas, la suspensión de la desgravación y la subida del IVA. Ojalá esa situación coyuntural se mantenga en el tiempo. En vivienda hay que innovar y no conformarse con las políticas de siempre. Los técnicos apuntan que por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se crean 24 puestos, son nicho importante. También se debe fomentar el mercado de alquiler como hace la Junta con el programa de la Junta
¿Qué perspectiva augura en el corto plazo para el sector de la construcción el consejero de Fomento?
Me gustaría ser optimista yo creo que 2011 fuera el año para vislumbrar la luz al final del túnel. Quizás los datos de ahora que indican un repunte no se ajusten con la realidad y sean coyunturales como consecuencia del nuevo marco impositivo. Esta situación nos tiene que servir para redimensionar y reordenar la actividad inmobiliaria y para crear suelo público para la iniciativa privada como hace la Junta con los PRAU (Plan Regional de Actuación Urbanística). Ponemos suelo en el mercado y reservamos una parte para vivienda protegida.
Esos datos coyunturales, ¿explican que no se haya utilizado el acuerdo para poner en el mercado las 40.000 viviendas sin vender de la Comunidad?
Los promotores tienen que ver el pacto para acabar con el ‘stock’ de viviendas como una oportunidad, no como un negocio. Es una fórmula que se pone a su disposición para reducir el lastre que hoy existe en Castilla y León de esas viviendas vacías que impide al sector coger fuerza. Mientras existan viviendas vacías, no se van a construir nuevas, eso es evidente. Si el sector nos lo pidió, lo acordó, lo pactó y lo firmó, lo que no entiendo es cómo ahora el sector no utiliza ese instrumento que es gratuito, que no es más que apuntar una vivienda en un registro y esperar a que llegue un demandante, que nosotros facilitamos.
Hace meses tuvo la oportunidad de presentar a Europa los beneficios del transporte a la demanda. ¿Mantiene el compromiso de extenderlo en toda la Comunidad en este mandato?
Mantenemos ese objetivo para 2011, porque cumple una función social, pese a ser deficitario. Está en previsión la puesta en marcha de 13 nuevas rutas. Ese sobrecoste lo asume y lo seguirá asumiendo la Junta. Hemos racionalizando y economizando su coste, garantizando la sostenibilidad medioambiental. No me canso de decir que son más de cinco millones de kilómetros los que este sistema ahorra al año, lo que permite dejar de emitir a la atmósfera 6.000 toneladas de CO2.
Otro de los proyectos es implantar el modelo de transporte metropolitano en las principales ciudades…
Es muy complicado su puesta en marcha porque hay que conjugar muchos intereses. Este modelo ha dado ya sus frutos en Segovia, Salamanca, Burgos y estoy seguro que va a dar sus frutos también en León y Valladolid. Me gustaría encauzar el sistema de Valladolid en esta legislatura, porque está en una fase intermedia, e implantarlo en la capital leonesa, que se encuentra ya en una etapa final.
En cuanto al debate abierto en algunas ciudades sobre el tranvía, ¿apuesta por este transporte tan en boga?
Yo me planteo, ¿nuestras ciudades necesitan un tranvía o un transporte moderno, sostenible y más racional? y ¿está el país en condiciones de abordar inversiones multimillonarias en un servicio como el tranvía y de mantenerlas? En León se mezclan dos proyectos. Por un lado, se plantea la integración de las líneas de Feve para acabar con la brecha que genera ahora en la ciudad y, por otro, una nueva línea.
La Ley de Transporte Rural Interurbano, ¿se quedado guardada en el cajón?
Hemos actuado a demanda de las necesidades de las empresas de transporte porque en esta situación económica, hemos querido priorizar. Bien es cierto, que teníamos previsto elaborarla, pero la hemos reconducido y reconvenido a través del decreto ley que prorroga las concesiones. Si hubiéramos modificado el régimen concesional se habrían perdido muchos puestos de trabajo.
Este año una de las prioridades ha sido el programa de extensión de la banda ancha al medio rural ¿En qué fase se encuentra?
Próximamente, a la vuelta del verano, se adjudicará en 28 millones el contrato para llevar la banda ancha al medio rural. Tiene un triple objetivo. Persigue extender la banda ancha, que ya disfruta el 98 por ciento; mejorar la calidad y la velocidad del servicio y priorizar las zonas según iniciativa empresarial y educativa. Estamos en condiciones de adelantar la universalización de la banda ancha, que el Gobierno de España preveía para finales de 2011.
¿La firma de un acuerdo con el Centro de Supercomputación de Galicia está próxima? ¿Qué otras entidades se hermanarán con ‘Caléndula’?
Está muy avanzado la firma de un acuerdo con el Cesga, pero ya estamos colaborando activamente para poner en marcha proyectos con el superordenador gallego. En breve, vamos suscribir convenios con las universidades de Oviedo, La Rioja y de Alcalá de Henares. Próximamente, se incorporará como consejo asesor las cuatro universidades públicas de Castilla y León. También hemos formalizado recientemente pactos con la Fundación de Excelencia Empresarial de Castilla y León, con la Fundación del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, con dos multinacionales del sector de I+D+i, Satec y Catón, con la Asociación de Ingenieros Electrónicos de España y la empresa especialista en mecánica de fluidos y consultoría DSC-Análisis.
Un año después de comenzar a operar, ¿‘Caléndula’ está respondiendo a las expectativas de la Junta?
Refleja una vez más, que no nos hemos equivocado. Estoy muy contento por la implicación de las universidades, porque nos va a permitir desarrollar proyectos nacionales e internacionales. Es una garantía ir de la mano de Hewlett Packard, que además mantiene su implicación y compromiso con Castilla y León, como ha asegurado su presidente en España y Portugal, el leonés José Antonio de Paz. En el mes de noviembre vamos a organizar en León la reunión anual del Grupo de Grandes Usuarios de Sistemas de HP.
Si se contabilizan las resoluciones emitidas hasta la fecha en la Comunidad, el 14,46 por ciento se corresponden con dependientes con Grado I que son las que comenzarán a beneficiarse en 2011 ó 2015 de la Ley, en función de su nivel de dependencia. El 73,84 por ciento, es decir 50.837, se refieren a beneficiarios con derecho a prestación, por encima de la media nacional del 68 por ciento, y el resto, 12 por ciento, a personas que, según los baremos de reconocimiento fijados, no tienen ningún grado de dependencia.
