Sobreídos los expedientes sancionadores a miembros de la Plataforma contra la Crisis por irrumpir en la sede de Bankia en el 14N

Los seis expedientes que la Subdelegación del Gobierno en Segovia abrió a diferentes miembros de la Plataforma Unitaria contra la Crisis ‘Cumbre Social de Segovia’ por la irrupción en la sede de Bankia durante la jornada de huelga general del 14 de noviembre fueron sobreseídos. Finalmente, los expedientados no tendrán que abonar los 300,52 euros de la multa según informó hoy el representante de CCOO en la plataforma, Óscar Sancho.

“Era lógico, se nos acusaba de clamar al cielo”, señaló el también cantante del grupo Lujuria para lamentar que la sanción pueda afectar a su imagen como profesor. “Lo que no puede ser es que cuando el pueblo clame, caigan multas a diestro y siniestro”, señaló para añadir que “ahora parece que es la solución para todo”.

Acompañado por el portavoz municipal de IU, Luis Peñalosa, Sancho esperó que las autoridades reflexionen y mediten antes de ejercer este tipo de medidas mientras que Peñalosa lamentó que existan recortes, no solo económicos, sino “a los derechos democráticos”. En este sentido, criticó que el PP intente, a través de sus subdelegados del Gobierno, “amedrentar a personas que reclaman derechos”.

Como se recodará, más de 80 personas se concentraban de forma espontánea en la sede de la entidad tras participar en una manifestación, que según señalaron entonces fuentes de la Subdelegación del Gobierno incumplía la ley de protección de seguridad ciudadana, que establece la obligada comunicación a la institución de concentraciones con más de una veintena de participantes.

A la vez que solicitaron la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Segovia, Pilar Sanz García «por mentir», la Plataforma denunció que los manifestantes expedientados, fueron víctimas de la «represión» del Gobierno. Por su parte, la Subdelegación del Gobierno explicó que se trataba de «conciliar el derecho de los manifestantes y de los no manifestantes», mientras que la propia representante del Ejecutivo en Segovia señaló que el derecho de los ciudadanos a concentrarse y manifestarse «tiene unos límites» como el de comunicarlo al órgano competente.