El juicio contra el exalcalde de Hontanares de Eresma (Segovia), Pedro Luis Cuesta, entre 2003 y 20011, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tendrá una segunda jornada el 5 de diciembre, a las 10.00 horas, según anunció el presidente del Tribunal, Ignacio Pando, para escuchar las declaraciones de dos testigos de la defensa las conclusiones. En la sesión de hoy, Cuesta negó las acusaciones, asegurando que “nunca fue consciente de haber cometido una ilegalidad”. Su defensa solicita la libre absolución y la Fiscalía y la acusación particular, cuatro años de cárcel y 20 años de inhabilitación.
Pedro Luis Cuesta declaró que no cometió ninguna ilegalidad ni en la aprobación del gasto de 10.700 euros para que la exsecretaria municipal, también acusada en este proceso penal, realizara un máster en gestión urbanística, como en la posterior convocatoria del concurso público de una plaza de técnico urbanista. En su declaración, que se extendió por espacio de casi dos horas, el exalcalde reiteró que en sus actuaciones siempre hizo las cosas de acuerdo con el asesoramiento que recibió de la por entonces secretaria municipal, Gema de Lucas.
Cuesta remarcó que el equipo de Gobierno del Partido Socialista llegó a un acuerto con de Lucas para que hiciera un máster en legislación urbanística para adquirir los conocimientos necesarios para ser la asesora del consistorio en esta materia, a raíz de un juicio sobre urbanismo que le costó 24.000 euros a las arcas municipales y evitar que les volviera a pasar. Además, pactaron que fuera los fines de semana para que siguiera yendo tres días a la semana al Ayuntamiento y que no se paralizara la gestión y atención a los vecinos, porque habían pasado de 120 a 1.500 habitantes, en pocos años, con un gran volumen de trabajo, peticiones de licencias de obras y sacar adelante varios planes parciales.
El exalcalde reconoció su firma en el decreto de Alcaldía por el que autorizó el calendario de pagos a la empresa Formavalor, gestores del máster de Planificación y Gestión Urbanística de la Universidad Pontificia de Comillas, por un importe global de 10.700 euros, con cargo a la cuenta del Ayuntamiento en Caja Segovia, hoy Bankia. Cuesta explicó que la secretaria les dijo que era un asunto que no tenía por qué debatirse en pleno, bastaba por hacer el decreto que fue aprobado en sesión de pleno, “como el resto de los decretos de alcaldía”.
Sobre este punto, el presidente del Tribunal y de la Audiencia Provincial, Ignacio Pando, le pidió que aclarara por qué había firmado el decreto para justificar este pago el 31 de diciembre de 2006, cuando la decisión de aprobar el pago del máster se había tomado en octubre. Pedro Luis Cuesta contestó que así se lo planteó la secretaria Gema de Lucas, porque se había quedado pendiente de hacer esta paso.
La exsecretaria, también acusada en este proceso penal por cuatro delitos, confirmó que la oferta le llegó del equipo de Gobierno de Hontanares y lo hizo “porque quiso y nadie me obligó” y, que junto con otros compañeros secretarios, miró varios másteres y optó por éste, por la ventajas que tenía para su formación y para su posible presentación a ofertas de trabajo.
De Lucas también reiteró, a preguntas de la fiscal Elena Mayo, que cumplió con la normativa vigente y que “el Pleno no tenía nada que ver” porque era un importe menos de 18.000 euros, “había dinero para pagarla y era competencia del alcalde”. La exsecretaria afirmó que el máster lo pagó íntegramente el Ayuntamiento de Hontanares de Eresma y que del decreto se dio cuenta en el pleno municipal.
Concurso público
Pedro Luis Cuesta también reiteró que no se cometió ninguna ilegalidad en el proceso de convocatoria y posterior resolución del concurso público para cubrir tres plazas de la plantilla del consistorio, entre ellas, una de nueva creación, “de técnico urbanista”, porque el equipo de Gobierno consideró que “no era suficiente” con el arquitecto técnico, que les asesoraba en Urbanismo, y equipo multidisciplinar en materia jurídica y querían tener “un técnico municipal”.
En sus declaraciones tanto Cuesta como Gema de Lucas, remarcaron que las bases de la convocatoria se hicieron conforme a la legalidad vigente y se tuvieron en cuenta “las matizaciones” enviadas por el Colegio de Secretarios Municipales, y el documento fue debidamente enviado para su revisión a la Subdelegación del Gobierno de Segovia y la Junta de Castilla y León, que no presentan ningún escrito de impugnación y enviaron, como marca la ley, las personas para la conformación del tribunal de la oposición.
El exalcalde de Hontanares recordó que tampoco lo impugnaron las otras seis personas que presentaron su candidatura cuando Gema de Lucas fue la que más nota obtuvo y obtuvo la plaza de técnico urbanista, que aprobó el 14 de noviembre de 2008. Pedro Luis Cuesta contó que ella pidió una excedencia de la plaza para seguir ejerciendo como secretaria, y no se cubrió con ningún empleado interino.
En el juicio, se explicó que la plaza de secretario de Hontanares fue cubierta por un titular, ya que ella era interina, y la persona que llegó estuvo un tiempo muy breve porque le gustaba la plaza y pidió volver a su anterior puesto de trabajo, en el pueblo de Nieva, y Gema de Lucas se volvió a presentar a la plaza y ganó el concurso, y en este intervalo, siguió vinculada laboralmente con el consistorio.
La exsecretaria de Hontanares aseguró que redactó las bases del concurso para la plaza de técnico urbanista porque “en principio no tenía intención de presentarse”, y aseguró también desconocer que había una incompatibilidad porque “si lo hubiera pensando no lo hubiera hecho”, no se hubiera presentado a la plaza de técnico urbanista.
En este juicio, Ignacio Pando desestimó escuchar la declaración de la acusada en otro proceso que presentó contra el consistorio de Hontanares, con la siguiente corporación, presidida por el alcalde popular Javier García, en la que reclamó la cantidad de 25.000 euros porque se había anulado la plaza que ella había aprobado.
Peticiones
En la primera sesión no se completó la declaración de los seis testigos previstos y la prueba pericial, por el que el presidente de la Sala aplazó el juicio hasta el 5 de diciembre, a las 10.00 horas, para escuchar los testimonios pendientes de dos testigos de la defensa y las conclusiones de todas las partes.
El abogado defensor del exprimer edil de Hontanares de Eresma, Aurelio Izquierdo, solicita la libre absolución de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El letrado de la exsecretaria municipal interina, David Sanz, pide la libre absolución de su defendida, acusada de malversación, prevaricación, estafa procesal y falsedad en documento oficial.
Por su parte, la fiscal Elena Mayo y el abogado de la acusación particular, el Consistorio de Hontanares de Eresma, Rafael Martínez, solicitan para el exalcalde una pena de cárcel de cuatro años y 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y de 11 años de prisión y 12 de inhabilitación para la exsecretaria municipal.