El exdirector general de Caja Segovia, Manuel Escribano, defendió hoy ante el juez “el despegue” que vivió la entidad mientras estuvo en el cargo, y aseguró que el proceso judicial abierto por el caso de las prejubilaciones le ha obligado a vender su casa en Segovia y le ha hecho perder oportunidades de trabajo. Elena García Gil, por su parte, que también prestó declaración hoy como exsecretaria del comité de retribuciones, reconoció que se modificaron las condiciones de prejubilación de los directivos al “vislumbrarse” posibles fusiones, aunque aseguró que en ningún momento hubo “ninguna modificación al alza” en la retribución de ningún miembro del comité de dirección.
Tanto Escribano como García Gil prestaron declaración ante el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, en calidad de imputados, por el caso de las prejubilaciones millonarias aprobadas en 2008 y 2010 en la extinta Caja Segovia, hoy integrada en Bankia. Antes de ayer hicieron lo propio el expresidente y el exvicepresidente de esta entidad, Atilano Soto y Manuel Agudíez, y hoy se cerrará la ronda de miembros del comité de retribuciones con la toma de declaración a Antonio Ruiz Tapias Domínguez, secretario general cuando se aprobaron tales retribuciones.
El caso se inició a finales de 2011 a raíz de una denuncia de UPyD, que sigue el proceso como acusación particular y sostiene que unos ocho directivos de Caja Segovia han recibido o recibirán en total más de 34 millones de euros entre prejubilaciones y planes de pensiones. Al respecto, el abogado de cuatro de los cinco imputados que prestan declaración esta semana, Luis Rodríguez Ramos, subrayó que “por muy obscenas” que puedan parecer estas cifras, “no hay ningún delito” en ellas.
Para el representante legal de Soto, Agudíez, Escribano y Tapias, todo este proceso responde a “una locura de UPyD”, que “ha instrumentalizado a la Administración de Justicia en la búsqueda de no sé qué fines, ganar votos”, afirmó. Muy diferente es el planteamiento del responsable de Justicia de la formación magenta, Andrés Herzog, quien mantiene que existen indicios de administración desleal y apropiación indebida. “Por algo habrá llamado el fiscal a declarar a estas personas”, señaló hoy para justificar su denuncia, a la vez que advirtió que para él “lo más escandaloso es que una persona jubilada con 65 años va a cobrar 800.000 euros año tras año”, dijo en referencia al ex director general de Caja Segovia.
Rodríguez Ramos, sin embargo, subrayó que el caso que instruye el juez Jesús Marina Reig se centra “exclusivamente en las prejubilaciones”. “Si hay ‘visas opacas’ (tarjetas de crédito con gastos no declarados), si se han ido a Venecia (los consejeros que aprobaron las retribuciones) o al quinto pino con viajes de placer, yo desde luego no lo sé ni me importa”, porque señaló que no son cuestiones que formen parte de la investigación.
“Si cree él (Herzog) que tiene que iniciar una causa también por esto que la inicie, pero me parece que ya le van a condenar a costas de entrada, porque ya está bien de jugar con el honor de las personas, y de hacer gastar tiempo a los órganos públicos y malgastar el dinero de nuestros impuestos”.
Más de cuatro horas de declaraciones
Elena García Gil, citada para las 10 de la mañana, entró a los juzgados de la calle San Agustín sobre las 9.50. Inició su declaración sobre las 10.10 y terminó hora y media después. “He hecho un análisis inicial de lo que a mí entender era la situación y todo lo que había acontecido en Caja Segovia”, resumió la exsecretaria del comité de retribuciones y actual miembro de la fundación de la entidad, la única de los cuatro imputados que ya han declarado y que accedió a hablar con la prensa.
García Gil está representada por el abogado Jesús Tovar de la Cruz que, a diferencia de Rodríguez Ramos, no dio a su cliente la indicación de que decline hacer declaraciones públicas. No obstante, uno y otro letrado coinciden en su estrategia de que sus clientes se acojan a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación particular, sólo a las del juez, la defensa y el Ministerio Fiscal.
“Del tema de las retribuciones, he mantenido que en ningún momento hubo ninguna modificación al alza de la retribución de ningún miembro del Consejo de Administración, simplemente se cumplieron las cláusulas contractuales de los contratos de estas personas”, prosiguió García Gil en el resumen de sus declaraciones en sede judicial. “Y en segundo lugar he estado hablando del tema de las prejubilaciones, explicando los acuerdos que se fueron tomando, en todo momento avalados tanto por los informes internos del responsable de Caja Segovia como por informes externos elaborados por diferentes despachos que nos aseguraban la legalidad de lo que se estaba proponiendo».
Y lo que se estaba proponiendo, “en definitiva, era modificar las condiciones de prejubilación de los miembros del Comité de Dirección, que tenían unas condiciones restrictivas establecidas en 2006 con motivo de la implantación del plan estratégico de la caja y que dejaban de existir en 2010 por la integración en el SIP (Sistema Institucional de Protección), porque tampoco tenía sentido ya el plan estratégico”. De hecho, era el paso previo a la integración en Bankia y desaparición de la entidad.
De este modo, la exsecretaria del comité de retribuciones reconoció que se modificaron las condiciones de prejubilación al “vislumbrarse” cambios en el sector financiero, aunque matizó que no es que se supiera ya la operación de Bankia. “Se vislumbraba que el sistema financiero tenía que cambiar y que seguramente deberían producirse agrupaciones, fusiones o uniones tanto de bancos como de cajas, por exigencias del sistema financiero, y obviamente en Caja Segovia teníamos cierta inquietud”.
En cualquier caso, García Gil subrayó que las retribuciones a directivos “nunca se modificaron al alza” y que en 2009 “sí hubo una adecuación de la retribución del director general, que supuso que se le disminuyó el sueldo en un 15 por ciento, con el consiguiente beneficio para Caja Segovia”. Al término de la mañana, el abogado de Escribano señaló que su cliente había declarado ante el juez que renunció “al 20 por ciento de su sueldo a efectos del cómputo de la prejubilación”.
Escribano, la declaración más larga
Manuel Escribano, en concreto, estaba citado para las 12 del mediodía y llegó a dependencias judiciales con apenas cinco minutos de antelación. “Por instrucciones de mis abogados no voy a hacer declaraciones, pero al término de las sesiones de la mañana sí que contestarán ellos a todas las preguntas que ustedes estimen oportunas”, respondió a la prensa antes de asegurar que se presentaba en el juzgado con “absoluta tranquilidad” de su labor en la caja.
El exempleado de Caja Segovia Damián Sanz, que ha pasado las dos jornadas de declaraciones apostado frente a los juzgados con una pequeña pancarta en la que pide “Justicia”, retrasó la entrada de Escribano y, delante de la prensa, mantuvo un breve diálogo con quien fuera su jefe.
“Después me gustaría hablar con usted”, le dijo al ex director general. “Perfectamente Damián, sabes que siempre hemos sido amigos…”, aseguró. “Yo confiaba en usted en lo personal y en lo profesional, usted ha hundido Segovia, usted y unos cuantos, y ha hundido ya a casi 300 familias”, le replicó Sanz. “Lo que me está imputando a mí no me corresponde en absoluto”, respondió Escribano. No convenció a su exempleado: “Si, sí, se lo digo y creo en ello”, insistió Sanz. Pero el diálogo, tenso sólo por su contenido y la presencia de cámaras y periodistas, se resolvió sin el más mínimo atisbo de incidente.
“Bueno cada uno tiene su opinión, no cabe duda, pero desde luego no se corresponde con la realidad”, concluyó Escribano, quien ante el juez afirmó que ha tenido que vender su casa en Segovia porque, “injustamente”, ahora “el 90 por ciento” de los segovianos le considera “un delincuente”.
De resumir su declaración, que se prolongó durante casi tres horas (la más larga de las cuatro que se han celebrado), se encargó Rodríguez Ramos, que insistió en que en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia “no ha pasado nada fuera de la legalidad, ni penal, ni administrativa ni laboral”. El abogado de Escribano relató que su cliente expuso al juez “el despegue que tuvo Caja Segovia precisamente desde su estancia como director general, gracias a él, a otros directivos y a todos los empleados”.
Como ejemplo de su “espíritu de servicio” a la entidad, argumentó que “renunció a un 20 por ciento de su prejubilación precisamente porque no quería perjudicar a la caja, a la cual está sirviendo desde los años 90”, continuó Rodríguez Ramos. Para cerrar su declaración, la defensa también preguntó a Escribano (como ya hiciera con sus otros clientes) por los daños que este caso le está causando, y fue entonces cuando habló de unos “perjuicios morales absolutos”.
El ex director general aseguró que antes le quería el 90 por ciento de los segovianos, pero que ahora es ese porcentaje el que le considera un delincuente, lo que le ha llevado a vender su casa. Además, aseguró que el año pasado le ofrecieron varias propuestas de trabajo que ha perdido a consecuencia del proceso judicial abierto. “Cuando una persona ha actuado con honradez y con ética a lo largo de su vida, con un espíritu de servicio a la caja, pasa a ser considerada un delincuente porque ha defraudado a esa caja, ese daño moral es irreparable”, señaló su abogado.
Herzog: “Ha sido un autobombo continuo”
Muy distinta fue la lectura que hizo de las declaraciones de Escribano el representante de UPyD en el proceso: “Ha sido un autobombo continuo, hasta el punto de decir que sin él la caja no habría durado ni diez minutos”, dijo. Andrés Herzog lamentó que el ex director general hablara de “las maravillas de sus resultados económicos”, lo cual tachó de “curioso, porque después se olvida de contrastar con la realidad de las cosas, que es la desaparición de la caja con una deuda bastante importante de la fundación”.
Herzog también aseguró que Escribano presentó “el plan de prejubilación multimillonario” como “un acto de sacrificio del comité de dirección, porque dicen que era menos beneficioso que el que tenían sus empleados con carácter general en la caja”. Y según el representante de UPyD, “así en todo, porque si se decidió prejubilar también dice que fue por generosidad hacia la caja y porque no quería que la caja siguiera pagando su sueldo en una situación derivada de la integración en la que iba a tener menos responsabilidades y competencias, pero curiosamente no ha mencionado por qué se asignó una pensión del 100 por cien de su sueldo tras la jubilación”.
Finalmente, sostuvo que Escribano tenía un salario anual de unos 700.000 euros y que en el último año de Caja Segovia cobró alrededor de 800.000. “Lo más escandaloso para mí es que una persona jubilada con 65 años va a cobrar esos mismos 800.000 euros año tras año, y él todavía eso lo presenta en la sala de vistas como un sacrificio en favor de la caja. Discrepamos totalmente con esa visión triunfalista de su gestión, y seguiremos viendo cómo avanza la instrucción”, sentenció el coordinador nacional del área de Justicia de UPyD.
