La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reclamó la “creación urgente” de un nuevo Juzgado de lo Social en Segovia, dada la sobrecarga de asuntos que tramita el único órgano de esta jurisdicción existente en la provincia, que tiene 666 casos pendientes de señalamiento y juicio. Una petición que se concreta tras la inspección realizada el 30 de abril por el presidente del Alto Tribunal castellano y leonés, José Luis Concepción.
La Sala de Gobierno solicitó al Consejo General del Poder Judicial que, hasta que se cree el Juzgado de lo Social 2, se establezca un refuerzo en forma de Juzgado bis, para el juzgado ya existente dada la situación de importante retraso que presenta y que le aboca al “colapso” ante el incremento de demandas derivadas de la situación creada por la pandemia del COVID-19
El Juzgado de lo Social 1, que en la actualidad tarda un año en señalar, registró una entrada anual de más de mil asuntos, “un volumen de registro muy superior al recomendable” según el TSJCyL, ya que supera en 200 casos, un 20 por ciento más, la carga de trabajo recomendada por el CGPJ.
Con una plantilla de ocho funcionarios: dos gestores, cuatro tramitadores y dos auxilios), además del juez y el letrado de la Administración de Justicia (LAJ), el Juzgado tiene que tramitar los asuntos relativos a despidos, EREs, ERTEs, salarios de tramitación y otros muy relacionados con situaciones de crisis económica, ya tuvo que ser reforzado en el pasado, cuando contó con un apoyo consistente en un magistrado en comisión de servicio sin relevación de funciones.
“Pese al buen trabajo que se desarrolla en el mismo, se ha acumulado una excesiva dependencia con 666 procedimientos pendientes de señalamiento y juicio, y se han vuelto a dilatar los plazos de señalamiento, como ya ocurrió en el pasado, aproximándose en la actualidad a un año, circunstancia que hizo merecedor al órgano de una medida de refuerzo consistente en la adscripción de un juez de apoyo”, señaló el TSJCyL.
Disfunción estructural
La Sala adviertió además de que “en la actualidad la crisis derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19 hace prever un ingente incremento en el ingreso de procedimientos laborales, que colapsará, a buen seguro el órgano de no anticipar alguna solución”. El Alto Tribunal consideró que la situación del Juzgado de lo Social segoviano obedece a una “disfunción estructural, no coyuntural”, motivo por el que cree necesaria la creación de un segundo órgano de esta jurisdicción para la provincia.
Sin embargo, y hasta que ese nuevo juzgado sea una realidad, el TSJCyL entendió que “lo más adecuado es que se establezca un plan de refuerzo consistente en el nombramiento de un magistrado, un LAJ y dos funcionarios, que pueden ser tramitadores, que se hagan cargo de todos los asuntos de nueva entrada – entre los que, por su naturaleza y circunstancias estarán los derivados de la mencionada situación y a los que habrá de darse una urgente solución -, afrontando el Juzgado actual los procedimientos pendientes”.
El refuerzo deberá tener una duración mínima de un año para asumir el 50 por ciento de los asuntos, que incluye la tramitación íntegra, registro, señalamiento, juicio, resolución, recurso y ejecución, de todos los asuntos que tengan entrada a partir del 1 de septiembre de 2020.
