El TSJ ordena la demolición de los ‘miniapartamentos’ construidos en suelo rústico en Segovia tras casi nueve años de litigio
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La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado la demolición de los 46 ‘miniapartamentos’ construidos en una huerta del valle del Eresma de Segovia, catalogada como suelo rústico. La sentencia concede un plazo de tres meses a la constructora para que proceda a la ejecución de una sentencia que pone fin a casi nueve años de litigio.
Según anunció hoy la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, el TSJ impone una multa de 210.000 euros a Hontanilla de Santo Domingo S. A., “cuyo titular no es otro que el exconcejal del Partido Popular Ángel Sancho”. El motivo, “la comisión de una infracción administrativa muy grave, al intentar construir una residencia de estudiantes en suelo rústico de especial protección”. Al arquitecto Tomás Arranz Sanz, por su parte, se le impone “una multa de 122.500 euros por el mismo motivo”.
Ambas sanciones se elevan de manera notable con respecto a las establecidas en noviembre de 2012 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, que las había rebajado a 40.500 y 23.625 euros, respectivamente, cuando el Ayuntamiento solicitaba 540.000 y 315.000 euros. Ya entonces la Justicia declaró ilegales estas viviendas construidas en un muro de contención y previstas para estudiantes de la antigua Universidad SEK, al considerar además que se proyectaron con vistas a una futura recalificación.
En cuanto a la ejecución del derribo, Luquero subrayó que el Consistorio la llevará a cabo de manera subsidiaria si la constructora no procede a ello en el plazo establecido, aunque después tomaría “las medidas oportunas” para reclamar a la empresa. La demolición ordenada busca así “la restauración de la legalidad urbanística”, recordó la alcaldesa, ya que la licencia de obras tramitada en su día sólo contemplaba la construcción del muro de contención de tierras.
“Por lo tanto”, primero se deberá “sellar con tierra esos cubículos” y después, “proceder a la demolición de todo lo construido que no corresponda a la licencia en el plazo de tres meses”, prosiguió la primera edil. “Es una estupenda noticia para Segovia, porque veremos restablecida la legalidad urbanística y porque es una sentencia ejemplar para todos los que por intereses particulares o privados pretenden saltarse a la torera las normas y leyes que protegen los derechos de todos”, concluyó.
