El Consejo de Ministros se reúne hoy de manera extraordinaria para aprobar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. El pacto se cerró ayer, jueves, una vez que CEOE y Cepyme dieron su visto bueno, después de recibir el de CCOO y UGT y tras varias semanas de negociación.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentaron el ‘II Acuerdo Social en Defensa del Empleo’.

El pacto recoge un modelo de ERTE de transición, de forma que todas las empresas que sigan con ERTE por fuerza mayor total pasarán a un expediente de transición que tendrá un esquema de exoneraciones decreciente: 70, 60 y 35 por ciento en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente, en empresas con menos de 50 trabajadores; y en empresas con más de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 50, 40 y 25 por ciento en julio, agosto y septiembre.

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, tal y como regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Mientras, las empresas que sigan con ERTE de fuerza mayor parcial tendrán una exoneración favorable hacia los trabajadores que se reincorporen a su puesto frente a los que se mantienen sin activar.

En concreto, las que tienen menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60 por ciento de las cotizaciones sociales para los empleados que se reincorporen en los meses de julio, agosto y septiembre, y del 35 por ciento para los que sigan suspendidos. Para las empresas con 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40 por ciento para los activados y del 25 para los no activados.

También se contemplan medidas para las empresas que tengan que cerrar a causa de un rebrote del Covid-19. Se trataría de “situaciones excepcionales”, según precisó Escrivá, y vinculadas a lo que establezcan las autoridades sanitarias, debiendo contar con el visto bueno de la autoridad laboral.

Continúa aplicándose la cláusula que obliga a mantener el empleo durante los seis meses siguientes al ERTE, se extiende la protección por desempleo para los afectados hasta septiembre y se mantiene la ya aprobada para los fijos discontinuos hasta el 31 de diciembre, sigue aplicando la imposibilidad de acogerse a los ERTE si se opera en paraísos fiscales y de repartir dividendos.

Las compañías en ERTE tampoco podrán contratar ni subcontratar y los trabajadores afectados no podrán realizar horas extraordinarias.

Además, el diálogo social deberá “redefinir” un nuevo modelo de protección por desempleo para “mitigar de común acuerdo los efectos de esta crisis”, en palabras de Díaz, y la comisión tripartita continuará monitorizando el desarrollo del acuerdo.

En cuanto al coste, Escrivá indicó que para la Seguridad Social, los ERTE desde marzo hasta septiembre suponen entre 10.000 y 11.000 millones de euros y que dicha cifra está en línea con las previsiones iniciales realizadas al inicio de la crisis del coronavirus y que se incluyeron en el cuadro macroeconómico remitido a Bruselas en abril.

A esta cuantía habría que sumarle el coste que los ERTE han supuesto hasta ahora para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que la ministra Díaz cifró en unos 3.000 millones de euros sólo la nómina de mayo de prestaciones por desempleo derivadas del Covid.

La titular de Trabajo definió el pacto como “equilibrado” y aseguró que trabajadores y empresas pueden estar “más tranquilos” y tener “certezas”. Escrivá agregó que se trata de “una norma compleja y muy ambiciosa” y que los ERTE han permitido proteger a casi 3,5 millones de trabajadores de unas 500.000 empresas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros de hoy también tiene previsto aprobar el acuerdo alcanzado entre Seguridad Social y las organizaciones de autónomos para extender la prestación por cese de actividad hasta septiembre y dar cobertura a los autónomos de temporada con una nueva prestación.