El Ayuntamiento de Segovia ya ha computado el pago de la parte devengada de la extra de Navidad de 2012 junto con la nómina de marzo de sus casi 500 trabajadores. La partida asciende a 222.306,81 euros y el abono se hará efectivo en los próximos días, dado que los empleados del Consistorio capitalino suelen percibir los salarios entre el 26 y el 28 de cada mes. El Gobierno, por su parte, no ha recurrido de momento a la vía contencioso-administrativa para impugnar el acuerdo y reclamar una suspensión cautelar.
Aunque la Administración municipal tenía dudas sobre si llegaría a tiempo este mes o habría que esperar al próximo (el presupuesto general de 2014 debía aprobarse antes de manera definitiva), la concejala de Gobierno Interior y Personal, Marisa Delgado, confirmó a la Agencia Ical que la orden de incluir el polémico abono se dio finalmente esta pasada semana. “Las cuentas de las nóminas”, por cuestiones técnicas, “se suelen cerrar los días 20 o 21”, aclaró. “Nuestra intención está ahí, pero ignoramos qué hará la Subdelegación del Gobierno”.
El Estado, en un escrito remitido a través de la Subdelegación del Gobierno y notificado el pasado 19 de febrero, había dado un mes de plazo al Ayuntamiento de Segovia para anular el acuerdo municipal que adoptó el 3 de febrero. En éste, el Pleno reconocía el derecho de los trabajadores del Consistorio a cobrar la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 generada entre el 1 de junio y el 14 de julio de ese año, hasta que entró en vigor el Real Decreto por el que se suprimía. En total, cada empleado percibirá algo más de 400 euros de media por este concepto, cantidad que equivale a un 25 por ciento de su extra, aproximadamente.
Menos de dos semanas después del requerimiento, el 3 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobaba rechazarlo y seguir adelante con los trámites. Y de acuerdo con el procedimiento habitual, la Secretaría del Consistorio procedió a notificar a la Subdelegación las resoluciones plenarias, incluida esta, de manera que la Abogacía General del Estado ya tiene conocimiento oficial.
El Gobierno considera que todas las administraciones públicas deben seguir aplicando ese Real Decreto por el que se aprobó suprimir la extra mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, con independencia de las sentencias judiciales que en los últimos meses han anulado el carácter retroactivo de la norma, dado que no son firmes. Y de acuerdo con ese criterio, ha enviado decenas de requerimientos de anulación a ayuntamientos y otras entidades públicas de toda España, incluido el de Segovia y otros dos de la provincia, los de Bernardos (gobernado por el PSOE) y Santa Marta del Cerro (PP).
La intención de impugnar se mantiene
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno informaron a Ical que la intención de impugnar tales acuerdos se mantiene, pero la Abogacía del Estado no había recurrido todavía a la vía contencioso-administrativa con fecha 21 de marzo, pese a que ya ha transcurrido más de un mes desde la notificación de su requerimiento.
Los trámites para el abono de la extra, por tanto, han podido seguir su curso en este tiempo y ya solo queda la orden final de transferencia a las respectivas cuentas. Si el dinero llega a los trabajadores, ya no habrá riesgo de una hipotética suspensión cautelar del abono aunque el Estado cumpliera después con su advertencia y judicializase el asunto. En todo caso, “deberían devolver esa cantidad si finalmente la Justicia fallara a favor del Gobierno”, concluyó la concejala de Personal; aunque tal sentencia iría en contra de todas las que se han emitido en los últimos meses.
