El Ministerio de Medio Ambiente, Marítimo y Rural ha presentado del Libro Blanco del Pan., en el que se indica que desde octubre de 2008 a septiembre de 2009 el consumo pér cápita de pan alcanzó 37,16 kilos por persona. El estudio del Libro Blanco del Pan tiene como objetivo recuperar y potenciar el consumo de este producto; ya que desde el año 2002 el consumo per cápita ha disminuido en casi 13 kilos.

Según se desprende de los datos del Panel de Consumo Alimentario el consumo de pan industrial crece respecto al año anterior un 2,6%, indicando que se ha fortalecido en los hogares españoles la evolución positiva, tanto del consumo como del gasto en las variedades de pan fresco/congelado.

Los hogares adultos, formados por retirados, son los que más comen este producto, llegando a ingerir 55,82 kilos por persona, unos 18,66 kilos más que la media española; mientras que los hogares con niños consumen 22,65 kilos por persona al año, en concreto 14,51 kilos menos que la media española.

Por tipo de hábitat, las cifras más altas de consumo de pan se encuentran en las poblaciones más pequeñas (menos de 2.000 habitantes), donde se alcanzan casi los 51 kilos por persona al año, mientras que la ingesta más baja corresponde a las grandes ciudades (más de 500.000 habitantes), que consumen una media por persona anual de 30,73 kilos.

Por provincias, los que más ingieren pan son los riojanos con un 54,17 kilos por persona y los asturianos con 53,98; mientras que los menos consumidores de este producto son los Baleares y los valencianos con 29,55 y 28,61 kilos por persona, respectivamente.

Sobre el tipo de establecimiento que elige el consumidor para comprar pan, la tienda tradicional continúa siendo la preferida. Además, los Súper y las Tiendas de Descuento, ha continuado, adquieren más importancia ya que, durante el año móvil de septiembre de 2009, ofrecen el precio más bajo de pan, con 1,92 euros por Kilo y 2,31, respectivamente; mientras que la media nacional es de 2,35 euros por kilo.

La OCU ha elaborado un informe sobre la calidad y el precio del agua de distribución en España. Se recogieron muestras en 60 localidades con el objetivo de evaluar la calidad del agua y se compararon los precios de 64 ciudades para constatar si las enormes diferencias, observadas en el último informe de 2006, se mantenían en la actualidad. Entre las conclusiones del estudio destaca que, si bien la calidad del agua ha mejorado respecto del último estudio, las diferencias de precio entre localidades siguen siendo enormes.

Afortunadamente Castilla y León cuenta con varias ciudades con el agua más barata.  Por un consumo medio mensual de agua de 175 m3 por familia estándar, en Valladolid se pagan 167 euros, seguido de Santander, 158. En Segovia, el precio medio que pagan los ciudadanos es de 158 euros; Vitoria, 156; Orense, 153; Melilla, 146 euros; Soria, 141; Burgos, 140; Ávila, 137; Guadalajara, 134; Palencia, 114; Don Benito, 112 euros y Almufases, donde el coste es de 0 euros.

La OCU ha analizado la presencia de 6 tipos de contaminantes en el agua de distribución: trihalometanos, compuestos orgánicos volátiles (COV), plaguicidas, nitratos, boro e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). El objetivo ha sido evaluar cómo están trabajando las distribuidoras y qué problemas provoca la actividad agrícola e industrial. Los resultados del análisis revelan que casi todos los contaminantes han disminuido respecto al último informe.

La OCU insiste en que la contaminación del agua se puede reducir y que se debe prestar atención especial a las poblaciones pequeñas, a la luz de los resultados del estudio. Es necesario evitar los vertidos contaminantes, ya sean urbanos, del sector industrial, agrícola o ganadero, pero también es urgente la necesidad de controlar mejor la calidad del agua en origen. La responsabilidad de garantizar la calidad del agua de distribución es de los ayuntamientos a través de las empresas suministradoras, pero el Ministerio de Medio Ambiente, a través de las Confederaciones Hidrográficas debe hacer un esfuerzo para inspeccionar, controlar e informar a tiempo de la calidad del agua en origen que va a ser empleada como agua de distribución, puntualizan desde la OCU.

Respecto al precio, desde 2005 el precio del agua se ha incrementado en un 28% en toda España, llegando a ser en la actualidad la factura media anual de 227 euros, para un consumo de 175 m3, (que la OCU estima como consumo medio de una familia estándar; incluyendo IVA y otras tasas). La OCU considera que siguen existiendo enormes diferencias en el precio del agua. De hecho existen localidades como Almusafes en las que el agua es gratis y en otras en las que la factura media alcanza los 400 euros anuales, como en Murcia.

En 13 de las 64 localidades analizadas por la OCU, en lugar de cuota de abono, se factura una cantidad fija que incluye una cantidad de metros cúbicos (entre 60 y 180 al año), según la ciudad. La OCU considera que establecer un mínimo demasiado elevado puede incitar al despilfarro ya que puede haber consumidores que gasten un volumen inferior y deban pagar por ese mínimo.

La parte variable de la factura se puede aplicar de dos modos diferentes: todos los metros cúbicos al mismo precio, como lo hacen en Burgos, Pamplona, San Sebastián, Tudela y Valencia o como en el resto de localidades, donde los primeros metros cúbicos se facturan a un precio y, cuando se alcanza el límite fijado para el primer bloque, se facturan a otro diferente, más alto, hasta alcanzar el límite del siguiente bloque. Con este sistema el precio resulta progresivo sólo si la tarifa está bien diseñada.

Además, esta disparidad de precios se observa también en el precio del saneamiento o en cobro del equipo de medida. La OCU ha visto diferencias enormes en el precio de la depuración (San Sebastián cobra por este concepto un 116% de lo facturado como suministro mientras que Teruel factura sólo un 11,79% sobre el consumo de agua) y en 27 de las ciudades se cobra el mantenimiento o el alquiler del equipo de medida, sin que haya una justificación clara y esta sea conocida por el ciudadano.

La OCU defiende que el precio del agua debe de ser asequible para quien haga un uso razonable de ella y más alto a medida que el gasto se dispare y, esto se logra con la facturación por bloques de consumo, siempre que cumpla varios requisitos:

* 1. Que sea simple y conocida por la población.

* 2. Que los intervalos de consumo sean acordes con la política de ahorro.

* 3. Que incluya medidas correctoras que tengan en cuenta el número de habitantes de la vivienda y el nivel de ingresos.

A juicio de la OCU, esta estructura de tarifas debe ir acompañada de una moderación de los costes fijos, de lo contrario, si son muy elevados, anulan el efecto deseado de la progresividad.

Ahora sólo hace falta que llueva y que se llene el Pontón para realmente contar con el agua suficiente.