El 24 de abril de 1521, Juan de Padilla (capitán de las comunidades en Toledo), Juan Bravo (en Segovia) y Francisco Maldonado (en Salamanca) fueron decapitados en el municipio vallisoletano de Villalar por “traición a la Corona Real”. Su muerte marcó el inicio de una represión ejemplarizante, que se recrudeció con el regreso a España de Carlos V en el verano del año siguiente. Entre julio y noviembre se pronunciaron más de cien condenadas y quince comuneros fueron ejecutados antes de que el emperador decretara el 1 de noviembre el Perdón de 1522, una amnistía general que incluía ciertas reservas: 293 personas quedaban excluidas del indulto, por su “responsabilidad especialmente grave”.

Esa relación, revisada nombre a nombre por el propio emperador, es un testimonio privilegiado para analizar quiénes fueron los otros comuneros, los hombres y mujeres que ocuparon puestos privilegiados y de especial relevancia en el movimiento de las comunidades, a los que la Historia ha relegado a un segundo término en favor de los tres líderes citados.

“En la lista de excluidos del Perdón aparecían los jefes militares, los procuradores de la Junta, los funcionarios de la Junta o de las juntas locales, los eclesiásticos… Todas las categorías sociales se hallaban representadas en ella”, escribe en ‘Los comuneros’ (La Esfera de los Libros, 2001) el principal estudioso de ese episodio histórico, el francés Joseph Pérez.

Según detalla a Ical el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, Luis Ribot, la ausencia en la batalla de Villalar de muchos de los protagonistas de la revuelta fue una de las causas que ensombreció su repercusión histórica. “Durante esa confrontación, el obispo Acuña se encontraba en Toledo, otros como el conde de Salvatierra o Don Pedro Girón (ambos capitanes generales de la Junta) se habían alejado del movimiento, algunos nobles urbanos como Pedro Laso de la Vega habían tenido problemas con Padilla y estaban apartados, y otros se habían alejado por motivos particulares, rencillas por el mando del ejército o tensiones no tanto ideológicas o políticas como personales”.

Ese proceso de desmembramiento se justifica con otra apreciación que realiza: “Hay que tener en cuenta que la comunidad que llega al final es la más radical, porque se produjo un abandono por parte de los sectores más moderados. No les agradaba la evolución comunera, que sufrió una radicalización coincidiendo con la fase en que la cabecera de la Santa Junta tuvo su sede en Valladolid”.

El papel de la Iglesia

Uno de los pilares fundamentales de la consolidación de las comunidades fueron los frailes, regulares franciscanos y dominicos principalmente, que tuvieron “una importancia decisiva,” según Ribot, en la extensión al pueblo bajo, menos culto, del malestar y de las ideas que están en las bases de la comunidad: “Si el poder del reino se reforzaba mucho, como pretendía Carlos V, anulaba otros poderes, como el de las ciudades a través de las Cortes, el de los nobles a través de los Consejos o el de los eclesiásticos, que también ejercían una notable influencia”.

El papel de esos frailes comuneros (en la relación de excluidos del perdón aparecen hasta 21) se expandía desde las universidades hasta los púlpitos de los pueblos y ciudades. La existencia de una población analfabeta, que acudía a los actos religiosos de forma masiva y recibía mensajes partidistas en las misas y los confesionarios, facilitó la expansión de la doctrina comunera gracias a la labor de dominicos como Alonso de Medina y Alonso de Bustillo, o franciscanos como Juan de Bilbao, todos ellos teóricos de la revolución e iniciadores del movimiento, con su carta de reivindicaciones elevada a las Cortes en febrero de 1520.

Un caso singular es el de Don Antonio de Acuña, obispo de Zamora que aspiraba a ser arzobispo de Toledo, lugarteniente de Girón y capitán de un batallón de 300 sacerdotes que participó en la batalla de Tordesillas en noviembre de 1520. “Era un personaje un tanto atrabiliario, todavía muy medieval, que casaba muy poco con los obispos modernos. Asumió de una manera totalmente personal un liderazgo militar y un gran protagonismo en la comunidad”, destaca Ribot. “Para unos era símbolo de una furia asesina y devastadora que nada respetaba, y para otros estandarte de la emancipación social. Su dinamismo era verdaderamente impresionante y contagioso”, escribe Pérez.

Excluido del Perdón, “debía haber sido ejecutado en agosto de 1522, pero su calidad de príncipe de la Iglesia le permitió obtener un trato especial y un aplazamiento, que habría podido prolongarse hasta asegurarle la inmunidad definitiva si él mismo no hubiera complicado la situación con una tentativa de fuga acompañada del asesinato de su carcelero”, relata el cronista francés. Acuña falleció condenado a garrote vil el 24 de marzo de 1526, y se colgaron sus despojos en lo alto de las almenas del Castillo de Simancas, donde había permanecido preso hasta entonces.

La implicación de la nobleza

Ribot se muestra contundente al afirmar que “la alta nobleza no participa en las comunidades, se queda a la espera a ver qué ocurre y al final serán ellos quienes aporten al ejército real a los principales hombres”. “En el fondo quieren sacar tajada de los problemas del rey. El poder real se incrementaba fuertemente en Castilla y los nobles no veían con agrado esa evolución. Cuando en el verano de 1520 se desencadenaron los levantamientos antiseñoriales, que atentaban directamente contra su poder, la mayoría de ellos, como el condestable de Burgos, el duque del Infantado, el conde de Alba de Aliste, el infante de Granada (antiguo príncipe musulmán) o el almirante de Castilla (que era uno de los tres virreyes del momento), se pasaron al bando real”, argumenta.

Donde sí encontró notables apoyos el levantamiento comunero fue en la nobleza media o urbana (una quinta parte de los incluidos en el Perdón, con 63 personas), lo que Ribot califica como caballeros del patriciado urbano, un estamento en el que se podría incluir a los tres jefes militares de los comuneros, ya que tanto Bravo como Padilla y Maldonado “eran nobles sin más título que el de Don, que era genérico”.

Dentro de esa oligarquía aparecen figuras como el mencionado Girón, resentido con Carlos V después de que éste no le entregara el Ducado de Medina-Sidonia, que se retiró a la clandestinidad tras la batalla de Tordesillas, y Pedro de Ayala, conde de Salvatierra y tercer capitán general de la Junta junto a Girón y Acuña.

La relación es extensa y repleta de curiosidades. En ella aparecen Ramiro Núñez de Guzmán, yerno del conde-duque de Olivares, duque de Medina de las Torres y marqués de Toral; el regidor de la villa de Madrid y capitán de los comuneros madrileños, Juan Zapata; o el conde de Gelves, Gonzalo de Guzmán, que fue uno de los comuneros que se reunieron con la reina Juana en Tordesillas el 24 de septiembre de 1520, intentando recabar su apoyo a la causa y enfrentarla con su hijo.

También, figura el capitán de las tropas medinenses, Francisco del Mercado; el procurador de Valladolid en la Junta revolucionaria, Alonso de Saravia; Pedro Maldonado, primo de Francisco Maldonado con quien compartió el mando de las milicias salmantinas; o la mujer de Padilla, María Pacheco, que tuvo importantes enfrentamientos con el obispo Acuña y que mantuvo Toledo como el último bastión comunero hasta el 4 de febrero de 1522, antes de marchar al exilio a Portugal.

Dentro del apartado dedicado a los nobles comuneros, Pérez se refiere a tres grupos, junto a los referidos señores de vasallos, alude a un patriciado urbano (ahí incluye a los tres líderes y a otros como Pedro Laso de la Vega, hermano mayor del poeta Garcilaso y señor de Cuerva) y a los caballeros, para referirse a hombres como el comendador Luis de Quintanilla, capitán de las milicias de Medina del Campo (uno de los municipios con más exceptuados del Perdón, junto con Palencia y Ávila), o Don Juan de Mendoza, capitán de Valladolid y señor de Cubas y Griñón.

“Muchos de estos hombres se unieron a la comunidad por razones que guardan escasa relación con la política. Forman lo que se ha denominado el grupo de los resentidos, relativamente numerosos como sucede en todas las revoluciones, pero cuya importancia no debe exagerarse”, explica Pérez.

Las clases medias

Las clases medias, el grupo que no pertenecía a órdenes privilegiadas, conformaban el grueso de los comuneros, según confirma a Ical el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid Julio Valdeón Baruque. Entre los exceptuados en el Perdón aparecían alrededor de 80 labradores, el número de artesanos e industriales rondaba las 60 personas, y alrededor de otros 60 se dedicaban a profesiones liberales. En total, dos tercios de los comuneros que no se libraron del castigo de Carlos V pertenecían a este grupo dispar, formado por comerciantes, letrados, artesanos y agricultores.

“Es una época en la que las diversas jerarquías sociales se están fundiendo y aparece un sector que al final acabará ennobleciéndose; aquilatar a qué grupo pertenece uno u otro protagonista es muy complicado, porque todos formaban parte de esta oligarquía urbana que incluía las capas medias de la población que se habían enriquecido”, esgrime Ribot.

El comerciante exportador Luis de Cuéllar, el comprador de lana Antonio Suárez, el boticario Antonio de Aguilar, el cronista Gonzalo de Ayora, el jurista Bernaldino de los Ríos, el catedrático Alonso de Zúñiga y el regidor de Navalcarnero Alonso de Arreo son algunos de los comuneros de mayor peso en este bloque.

El peso de los conversos.

Uno de los aspectos más controvertidos del levantamiento comunero es el planteamiento esgrimido por numerosos cronistas de la época y por historiadores como Juan Ignacio Gutiérrez o Francisco Márquez, que relacionan el origen de las comunidades directamente con los conversos del Estado.

Entre los principales comuneros, las relaciones con ese colectivo eran evidentes: Bravo estaba casado con la hija de Iñigo López, un destacado converso; la familia Zapata era conversa, como los Saravia y otros muchos. “Examinando la lista de los comuneros exceptuados del Perdón notamos muchos apellidos de conversos o que huelen a converso”, asegura Joseph Pérez, si bien luego subraya que la revuelta fue “ante todo, un movimiento político y debe estudiarse como tal”. “La presencia de los conversos entre la elite comunero fue muy importante, pero éstos estaban también bien representados en el bando realista”, aclara Ribot.

La resolución del conflicto

El perdón de 1522 fue, en opinión de Ribot, “una medida muy inteligente del rey”. “Cuando ha habido un levantamiento generalizado en las ciudades es necesario promulgar un perdón. Es algo que tradicionalmente se ha repetido en la historia, porque al estar implicada tanta gente es imprescindible hacer borrón y cuenta nueva. El número de excluidos fue además reducido”, valora.

El balance del Perdón, según desgrana Pérez en su volumen, fue que “de un total de 293 exceptuados, a quienes el Perdón de 1522 condenó a ser juzgados, únicamente 23 fueron ejecutados, 20 comuneros murieron en la cárcel antes de ser juzgados, y aproximadamente 50 pudieron rehabilitarse mediante el pago de una multa de composición; absoluciones y amnistías sucesivas devolvieron de forma gradual la libertad a casi cien proscritos”.

Según los datos aportados por el historiador galo, la cifra de comuneros que pagaron con la vida su participación en la rebelión fue algo menor del centenar. “Los demás consiguieron salvar su vida y muchas veces también una parte de sus bienes, y casi siempre obtuvieron una libertad vigilada en mayor o menor medida. (…) Quienes consiguieron escapar al castigo quedaron apartados para siempre de los cargos públicos. Habían demostrado tener el gusto de la acción y de la política, y Castilla perdió con el fracaso de las comunidades parte de su elite política, la más dinámica, quizá la más ilustrada”, sentencia.