La Asociación de Industriales de Auto Turismo de la provincia de Segovia (AINATSE) quiere hacer público su malestar por la polémica que de forma recurrente se genera en torno a la legalidad del trabajo de sus profesionales y sobre los límites de su actividad, poniendo en cuestión una labor de servicio público que llevan años realizando y que está amparada por la normativa vigente. Esta actitud de los taxistas de la capital, intentando confundir a la opinión pública, se asemeja al síndrome del hijo único.

Toda ello forma parte de las dificultades a las que se enfrentan los profesionales del auto turismo o taxistas rurales a la hora de realizar su trabajo y que vienen provocadas por la actitud de algunos miembros del colectivo de taxistas de la ciudad, quienes les acusan de ejercer una actividad ilícita. Como ha explicado AINATSE en numerosas ocasiones, los taxistas rurales tienen las pertinentes licencias en vigor y están sujetos a los impuestos reglamentarios, de modo que no constituyen una competencia desleal ni plantean conflicto alguno con nadie.

A pesar de ello, son varias las situaciones de amenaza, retenciones y obstaculizaciones que vienen sufriendo, agravadas en los últimos tiempos por denuncias a la Policía Local de Segovia. Esto ha hecho que, en defensa de sus derechos, los taxistas de la provincia pongan en conocimiento de la Guardia Civil los incumplimientos en los que incurren los taxistas de la capital cuando trabajan fuera de su ámbito. Es una situación muy desagradable tanto para los profesionales de AINATSE como para los clientes, que no entienden el problema y sin embargo sufren sus consecuencias.

En las numerosas reuniones que se han mantenido con todas las administraciones con competencias en el asunto, se ha dejado claro cuál es el ámbito de actuación de ambos colectivos, el de taxistas de la provincia y el de los taxistas de la capital.

Los taxistas de la provincia prestan sus servicios a los municipios que conceden sus licencias, traslados interurbanos para los que habilita las licencias de clase B que son las que poseen, mientras que las de los taxis de la capital son de clase A se limitan al ámbito urbano. En cuanto a la estación Segovia-Guiomar, los servicios que prestan los taxistas de la provincia son perfectamente legales, ya que su licencia les permite realizar el servicio de ida y vuelta a sus clientes, siempre que partan y regresen al municipio donde desarrollan su actividad. Lo mismo ocurre con otros destinos de la capital.

Los taxistas de la capital, por su parte, dan servicio a municipios de la provincia con o sin licencias propias, como han reconocido en alguna ocasión, lo que en principio estaría fuera de su ámbito.

Ante este contexto, existen dos opciones: el cumplimiento estricto de la legalidad por ambas partes, no solo por parte los profesionales de AINATSE; o, en todo caso, que se llegue a un acuerdo global, duradero y estable para que ambos colectivos presten sus servicios según la demanda existente en cada momento, sin que medien denuncias ni conflictos. Esto último sería lo más razonable, porque se daría una respuesta de más calidad y con más garantías a los clientes.

De forma excepcional, y como aportación para la definitiva normalización del trabajo de unos y otros, el Servicio Territorial de Fomento ha expedido recientemente autorizaciones para que los taxistas puedan prestar servicios fuera del ámbito municipal para el que ostentan la licencia coincidiendo con las fiestas de verano.

El colectivo de taxistas rurales, en aras al buen funcionamiento del servicio y para garantizar la seguridad y la satisfacción de los clientes, ha dado su apoyo a esa medida, demostrando una vez más que AINATSE, lejos de buscar el conflicto, se esfuerza por mantener un clima de tranquilidad en el que desarrollar su trabajo.