Es alentador que los máximos responsables provinciales de Instituciones tan importantes como son la Fiscalía y la Junta de Castilla y León, hayan manifestado públicamente su desacuerdo personal con el edificio que se esta construyendo en el barrio de San Marcos alterando gravemente el paisaje de esa zona tan emblemática, que debería de gozar de una protección integral. Estas manifestaciones refuerzan, de forma muy importante, el unánime clamor de los segovianos en contra de esa edificación.

Es cierto que ante la denuncia de Izquierda Unida, la Fiscalía no aprecia responsabilidades de tipo penal, pero muestra su extrañeza, que compartimos, de que ese lugar, tan importante patrimonialmente, no este amparado por alguna normativa legal de protección.

Según manifiesta el Delegado de la Junta de Castilla y León, cuya sensibilidad también se ve agredida por este edificio, carece de medios legales para evitar tamaño disparate. ¿Verdaderamente estamos indefensos? Pensamos que no, que lo que ocurre es que la normativa se aplica con poco interés en defender lo público y mucha permisividad hacia los intereses privados.

A nuestro juicio, la Junta de Castilla y León, cuyo dictamen era preceptivo, nunca debió de aprobar el Plan Especial que en 1999 le presento aquel Gobierno Municipal del Partido Popular, de triste recuerdo, encabezado por Ramón Escobar como alcalde y José Luis Sanz Merino como concejal de Urbanismo, que no se distinguieron por su respeto al patrimonio cultural de la ciudad.

Aquí esta el origen y la verdadera responsabilidad, por mucho que ahora, ante la materialización del desastre paisajístico, se intente traspasarla a quienes concedieron la licencia, cuando se hizo obligados por ese Plan que la Junta bendijo, en su dia, de forma vinculante. ¿Por qué la Comisión Territorial de Patrimonio no informo desfavorablemente ese proyecto, como hizo en su sesión de 26 de abril de 2004,” porque su materialización supondría alteraciones en el volumen y la edificabilidad existente, además de perturbar la contemplación del Alcazar”?. Entonces si y ¿en 2008 no?

No parece, a pesar de todo, que la Junta este dispuesta a atender el requerimiento del Ayuntamiento, aprobado en su ultima sesión plenaria, a instancia de Izquierda Unida, de que tome la iniciativa para eliminar esa construcción que escandaliza a vecinos y visitantes. Pero nosotros insistiremos para que, ante la desorbitada pretensión indemnizatoria de la propiedad, se declare el interés público del derribo de lo edificado y se fije el justiprecio de la oportuna expropiación, que debería extenderse a las fincas colindantes para evitar que el mal se extienda. Creo que esto aclarara las dudas del Delegado Territorial sobre nuestra postura al respecto.

Nuestra opinión es que corresponde a la Junta de Castilla y León, como competente en la protección del Patrimonio Cultural, la declaración del interés publico de esta expropiación, como ocurrió en el lamentable episodio del esperpéntico edificio junto al Acueducto.

Somos conscientes de las dificultades económicas de quienes administran nuestros dineros, pero pensamos que la población estaría mas de acuerdo en destinarlos a este fin que a otros, tan lamentables, como la expropiación del Palacio de Enrique IV, para luego dejarlo en el mas absoluto abandono. Esto debe de ser lo que le portavoz popular, Jesús Postigo, denomina la buena administración de lo publico.

En todo caso no es nuestra intencion debatir sobre las pasadas responsabilidades de esta tragedia, sino de animar a encontrar la solucion, aunque instamos, a todos los implicados, a recordar el pasado para conocer sus causas y no repetir los errores cometidos, suponemos que de buena fe. (¿?)

Es muy de agradecer el ofrecimiento del Delegado Territorial para implicarse en la solución a este grave problema y nos parece acertada la idea de negociar con la propiedad el pago de la indemnización mediante la compensación de la edificabilidad en otra zona de la ciudad, como podría ser la que abarca el Plan Regional de las Lastras.

En todo caso es fundamental que el Ayuntamiento se ponga a trabajar, como venimos reclamando, en la acordada revisión del Plan de Áreas Históricas, para corregir todos estos defectos garrafales, que van aflorando, de los Planes Especiales de la época de gobierno del Partido Popular y cuya solución no parece que estuviera bien encaminada por el PSOE en sus mandatos. Es urgente incorporar un documento claro y eficaz de protección de vistas y delimitar con precisión y amplitud los entornos protegidos de los BIC.

Por otra parte, desde que, en 1985, la ciudad antigua fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Ayuntamiento esta obligado, como le ha recordado Icomos en su informe sobre el aparcamiento de Los Tilos, a definir una Zona de Protección del Conjunto declarado, algo que continua si hacerse y que hubiera evitado, ante la ineficacia de nuestra Ley de Patrimonio Cultural ( o de la interpretación que de ella hace la Comisión Territorial), los disparates que hoy están en boca de todos.