El director general de Política Educativa Escolar, Fernando Sánchez-Pascuala, justificó que las medidas de ahorro presentadas por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la reunión de la Conferencia Sectorial del ramo, no supondrán el cierre de centros en la Comunidad, ni rural y urbano, y buscará la eficiencia en el gasto a través de la flexibilidad organizativa y sin afectar a la calidad de la educación.

Sánchez-Pascuala asistió a la Sectorial extraordinaria en representación del Gobierno regional, donde Wert informó a las comunidades autónomas sobre sus propuestas para ahorrar 3.000 millones de euros en educación y alcanzar los niveles de déficit presupuestario exigidos por la Unión Europea. En el ámbito educativo, dijo, supondrá la modificación de unas “normativas básicas que se aplicarán de forma común por las comunidades, pero con flexibilidad en función del déficit de cada una”, ya que, por ejemplo, Castilla y León está muy cerca del 1,5 por ciento exigido, mientras que otras se encuentran en el siete por ciento y “deberán ser más estrictos”.

En este sentido, reiteró que estas medidas serán “temporales” y la parte dispositiva se podrá adaptar en función del déficit presupuestario de cada comunidad. “Con una buena organización, estas medidas no afectan al nivel de calidad”, afirmó.

El director general enumeró las seis disposiciones anunciadas hoy por Wert. Así, explicó que las autonomías podrán incrementar hasta en un 20 por ciento el ratio de alumnos por clase (en función de la tasa de reposición del empleo público) y aumentar las horas docentes para el profesorado (un mínimo de 25 en Primaria y 20 en Bachillerato y Secundaria). Con esta reforma de la LOE (Ley Orgánica de Educación), el curso que viene podría pasarse de los 25 ó 30 alumnos que como media hay en las aulas españolas a un promedio de 30 a 36, en función de Primaria y Secundaria.

Se permitirá también a los gobiernos regionales aplazar hasta el curso 2014 la implantación de 20 nuevos módulos de 2.000 horas de Formación Profesional de grado Medio y Superior, que hasta ahora eran entre 1.300 y 2.000 horas; suprimir complementos retributivos a los docentes, acabar con la obligación de que cada centro ofrezca al menos dos modalidades de Bachillerato y modificar el sistema de sustitución de bajas, a fin de que las inferiores a diez días puedan cubrirse con personal del centro y no con interinos contratados.

Un aspecto este último que, según Sánchez-Pascuala, “es preocupante” y su aplicación tendrá dificultad en el medio rural, ya que hay colegios donde solo hay un profesor, además de otros cuatro o cinco especialistas que pasan por él a lo largo de la semana. Aún, consideró que “no parece una medida que pueda impactar en la calidad educativa”.

Ya aplicándose

El director general recordó que algunas de estas medidas ya se estaban aplicando en Castilla y León, como los incrementos de horarios, consensuadas con los sindicatos. También se había tratado el asunto de la sustitución en momentos de bajas

Sobre la disposición del aumento del ratio de alumnos por aula, argumentó que en algunos países de la Unión Europea éste es mayor que en España y sus datos están en la media nacional.

“Es cuestión de buscar modelos educativos que no impacten en la calidad. De hecho, en Castilla y León hay diferencia entre medio rural y urbano en relación al número de alumnos por clase y la calidad es la misma”, comentó. Precisamente, explicó que para la Consejería los niveles educativos son “muy importantes” en el medio rural y que los niños se mantengan en sus centros “para que no tengan que desplazarse”. Por ello, recordó que “no hay ningún tipo de planteamiento o planificación para cerrar ningún centro rural”.

Para cuantificar cuánto ahorro supondrá este conjunto de medidas, Sánchez-Pascuala determinó que “habrá que hacer una singulación” porque formalmente se han conocido hoy. En una Comunidad como Castilla y León con un sistema “complejo”, en la que el 35 por ciento de los alumnos se encuentran en el medio rural, “hay que hacer cuentas que aún no se conocen”. Al respecto, reconoció que supondrá un ahorro, pero “hay que ver cuáles son los niveles mínimos, sin recortar la necesidad de que los escolares puedan escoger instituto”. “Habrá que ver la organización más adecuada para ahorrar sin rebajar la calidad educativa. Cuando esté cuantificado lo daremos a conocer a los sindicatos y asociaciones de padres y conseguir así el mayor acuerdo posible”, concluyó.