La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, ha manifestado su indignación y oposición frontal ante las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el ámbito de las Administraciones Públicas.
En este sentido, anunció la convocatoria de paros parciales en el conjunto de las administraciones durante los meses de julio y agosto, entre otras movilizaciones, y no descarta convocar una huelga en el mes de septiembre. El alcance de estas movilizaciones se decidirá este mismo viernes por la Comisión Nacional del sindicato.
CSI-F considera que el nuevo recorte en las condiciones laborales de los empleados públicos responde a las nuevas medidas restrictivas impuestas a España por la Unión Europea, como consecuencia del ajuste en el sistema bancario, una situación que –según CSIF– no tiene nada que ver con el funcionamiento de nuestro sector público y el trabajo diario de cerca de 2,7 millones de empleados públicos de este país.
“Hablamos de policías, médicos, docentes, personal de juzgados de instituciones penitenciarias, enfermeros, carteros, personal de oficina y atención al público, servidores públicos y que todos los días se dejan la piel para mantener el nivel de calidad de los servicios públicos. No podemos consentir que la crisis sirva para desmantelar los servicios públicos”, destacó el presidente del sindicato, Miguel Borra.
Además, para CSI-F las medidas anunciadas por Rajoy no inciden en el problema fundamental que ha lastrado las cuentas públicas durante los últimos años: la duplicidad de administraciones, el derroche en obras e infraestructuras (aeropuertos y autopistas infrautilizados) o las estructuras administrativas ineficientes (embajadas autonómicas en el exterior) .“No puede ser que los empleados públicos volvamos a ser los paganos y la caja de ahorros del Estado, cada vez que se nos anuncie una nueva mala previsión económica o un dato negativo”, aseveró Miguel Borra.
Borra recordó que “llueve sobre mojado” y que los empleados públicos, a largo de los últimos tres años, arrastran una rebaja salarial del 5 por ciento (2010), dos congelaciones salariales (2011 y 2112), con una pérdida de poder adquisitivo del 21 por ciento, así como la amortización de plazas de personal jubilado y la no renovación de personal interino, lo que ha supuesto la destrucción de 160.000 puestos de trabajo. Todo ello, sumado a la rebaja de sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales en las administraciones autonómicas.
Por otro lado, CSI-F insiste en que en este país “no sobran empleados públicos”. Así, mientras que enEspaña hay un empleado público por cada 15 ciudadanos, en Alemaniapor cada 18 ciudadanos y en Francia por cada 12.“No somos muchos. Estamos en la media”, apuntó. Ahora bien, lo que “no tiene ninguna explicación la multiplicación hasta el infinito de empresas públicas que se ha producido en los últimos años para sortear la Ley”.
“Los empleados públicos tienen que saber que CSI-F va a seguir defendiendo sus intereses y sus derechos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años”, recalcó Borra.
En este sentido, el presidente de CSI-F recordó que el Tribunal Constitucional de Portugal determinó la semana pasada que la rebaja de sueldos en el sector público es discriminatoria respecto al sector privado, apuntando la posibilidad de que en España pueda suceder lo mismo.
Ante esta situación, CSI-F reiterará su oferta de pacto de Estado en las Administraciones Pública, que consta de diez puntos fundamentales.
1. CSI-F emplaza a los poderes públicos a abrir los foros de negociación y recuperar el diálogo social como elemento fundamental para conseguir un Pacto de Estado para las Administraciones Públicas.
2. Desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y las Leyes de Función Pública de la AGE y de las CC.AA. para vertebrar el Estado, homologar y coordinar los servicios que se prestan en todos los niveles administrativos y evitar duplicidades.
3. Realizar un diagnóstico sobre la estructura administrativa en el conjunto del Estado, evaluando las necesidades, los recursos humanos y elaborar criterios generales para los diferentes sectores.
4. Racionalizar el empleo público y mantener una tasa de reposición que garantice la calidad de los servicios públicos.
5. Consolidación del empleo y reducción de la temporalidad.
6. Delimitar el campo de actuación de los servicios que prestan las administraciones públicas a través de empleados públicos, frente a otro tipo de servicios que prestan empresas públicas.
7. Desarrollo de la evaluación del desempeño (productividad) de los empleados públicos.
8. Avanzar en la configuración de la carrera y promoción profesional.
9. Dotar a las administraciones de instrumentos legales necesarios para que avancen en la prestación de unos servicios más ágiles, más eficaces, más ágiles, más eficaces, más transparentes y responsables.
10. Garantizar el mantenimiento de la calidad en los servicios públicos y los principios sobre los que se sustenta el Estado del Bienestar.
Por otra parte, el Consejo Sindical de CSI-F puso en marcha esta semana su Observatorio para el seguimiento del desarrollo de la reforma laboral y combatir de manera más eficaz los despidos de empleados públicos que se produzcan en todo el Estado.
CSI-F ha creado esta herramienta sindical con la que acudirá a todos las administraciones donde se produzca un ERE para defender los intereses de los trabajadores.El plan de actuación contemplará las tradicionales vías de presión (paros, movilizaciones, etc), actuaciones en el ámbito jurídico, así como el desarrollo de auditorías públicas, para ofrecer medidas alternativas al despido.
