El Grupo de Podemos en las Cortes de Castilla y León pide endurecer las sanciones a las empresas adjudicatarias de autopistas, pero que pueden ir hasta la retirada de la concesión para infracciones “extremadamente graves” que pongan en riesgo la vida de las personas como cree que ocurrió los días 6 y 7 de enero de este año con el atasco por la nieve de miles de usuarios en la AP-6.
Así lo recoge en una proposición no de ley para su debate en pleno, presentada por la viceportavoz del grupo, Natalia del Barrio, en una rueda de prensa en las Cortes, en la que estimó “irrisoria” la sanción a la empresa (300 euros) al día conforme a la Ley de Carreteras, así como el acuerdo entre la concesionaria y la plataforma de afectados para evitar una demanda colectiva.
Es por ello que la iniciativa de Podemos insta a la Junta para que a su vez se dirija al Gobierno central y realice cambios en la Ley de Carreteras, entre ellas que en casos de negligencia en la prestación del servicio a los usuarios por parte de la concesionaria que puedan poner en riesgo su vida se consideren “extremadamente graves” y se pueda llegar hasta la retirada de la concesión.
Del Barrio manifestó que lo ocurrido en la AP-6, en el Día de Reyes, en el tramo de peaje la provincia de Segovia, fue algo grave aunque no hubiera víctimas, pero recordó que miles de personas estuvieron atrapadas en la autopista durante muchas horas por lo que consideró “mala gestión” de Iberpistas.
También solicita Podemos que las carreteras en régimen de concesión indirecta se sometan a auditorías externas, a través de ingenierías ajenas y aprobadas por el Estado, con una periodicidad mínima de cinco años mientras está vigente el contrato. En el caso concreto de la AP6, AP61 y AP60 pide auditorias sobre los programas de gestión y mantenimiento de esas infraestructuras para “no repetir lo ocurrido a principios de 2018”.
Otras de las propuestas recogidas en la PNL se dirigen a derogar los reales decretos declarando finalizada la concesión administrativa para la gestión de la AP-6; realizar las modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público donde se especifique las cuestiones relativas a la prohibición de contratar para empresas que hayan sido sancionadas.
Por último, reclama que se establezca un procedimiento -vía Juntas Arbitrales- y unos criterios para determinar la cuantía de las indemnizaciones en el caso de reclamaciones por parte de los usuarios, que tenga también en cuenta daños morales. En esos criterios, se tendría en cuenta como mínimo lo relacionado con el tiempo, el sufrimiento, la alimentación, descanso, lucro causante y daños materiales. “El lucro de las empresas no puede estar por encima de las personas”, sostuvo Del Barrio.
