La Junta prepara el despliegue en julio del Bono Alquiler Joven, la ayuda de 250 euros mensuales durante dos años para el pago de la vivienda, aunque de momento la Comunidad no ha recibido los fondos del Gobierno, que comprometió hace dos meses una partida de 10,8 millones por anualidad en 2022 y 2023, hasta un total de 21,6 millones, para financiar esta nueva medida en Castilla y León.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene previsto transferir a las comunidades 400 millones, 200 por año, para que las autonomías convoquen las ayudas, que su titular, Raquel Sánchez, preveía a finales de abril que estuvieran listas en un plazo de dos meses. Una vez notificadas las resoluciones, los gobiernos autonómicos tenían que dar la conformidad para que el Ministerio procediera a enviar el crédito correspondiente.

En este momento, tras la conformación del nuevo gobierno de PP y Vox en Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está ultimando la redacción de la orden por la que se efectuará la convocatoria de esta ayuda, que tiene como objetivo facilitar la emancipación o en todo caso el acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso.

El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ya gestionaba las competencias de vivienda en la legislatura pasada, maneja la previsión de que la orden llegue en unas semanas al Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). En ella se recogerán los requisitos y trámites previstos en el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven, que se aprobó en enero, con la previsión de beneficiar en todo el país a más de 70.000 personas.

Aunque la convocatoria vea la luz en julio, la subvención entró en vigor el 1 de enero de 2022, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y tiene carácter retroactivo, por lo que el beneficiario contará con los 250 euros mensuales a contar desde principios de año hasta el mes en el que se le conceda.

Castilla y León, junto con Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia, pidieron esta primavera al Gobierno que modificara el contenido del bono joven al considerar que conllevaba una “maraña burocrática”, por lo que propusieron la puesta en marcha de una herramienta informática de gestión que permitiera a todas las administraciones autonómicas el traspaso de datos en caso de movimientos a otras comunidades por parte de los solicitantes.

Bono Joven: 250 euros al mes

La medida consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. Éstas tendrán una vigencia de dos años consecutivos desde que sean aprobadas.

El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años, con nacionalidad española o en caso de ser extranjero, que tengan residencia legal. Los beneficiarios deberán contar con un contrato de trabajo. Además, no podrán superar los 23.7625 euros anuales -12 pagas anuales de 1.979 al mes o 14 de 1.696-.

También está señalado que el contrato de alquiler de la vivienda deberá ser legal y el inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. El alquiler en todo caso no deberá superar los 600 euros al mes. Además, en el caso de los alquileres de habitación, estos límites de precio serán de hasta 300 euros por unidad, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros si así lo establece la comisión de seguimiento.

Además, la vivienda tendrá que figurar como residencia habitual. Esto se validará mediante el certificado de empadronamiento del solicitante donde se indica la residencia.

Esta ayuda será compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables. También es compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital. La suma del Bono Alquiler Joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100 por 100 de la renta arrendaticia.

Por otra parte, es también compatible con la ayuda del Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Si bien, en este caso la suma del Bono y esta ayuda tendrá como límite el 75 por ciento de la renta.

El sector eólico mantiene los signos habituales de crecimiento y riqueza en Castilla y León. En el último decenio, desde 2012, ha generado 14.100 empleos en la Comunidad, una cifra que supone el 11,3 por ciento del total nacional, que asciende a 120.000 puestos de trabajo directo. A ello hay que sumar todos los inducidos que acompañan a la construcción y puesta en marcha de los parques eólicos, que se estiman en algo más de 10.000 en la región líder, así como aquellos dirigidos al mantenimiento de las instalaciones una vez concluidas las obras.

Solo en el último año, el sector eólico duplicó en España este ritmo en la creación de empleos, al superar las 30.000 personas, lo que indica que en la Comunidad se alcanzaron los 3.000 puestos de trabajo en 2021. El reto para 2030, tal y como aseguraron a Ical, fuentes de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), es superar los 67.000 empleos anuales en España, que se traduciría en alrededor de 6.000 en Castilla y León.

Todo ello, también, tiene repercusión directa en el medio rural, donde se ubica este tipo de infraestructuras difícilmente deslocalizables. Estos datos mantienen a Castilla y León como líder del sector, no solo en términos de empleo, sino en producción. Actualmente, la autonomía cuenta con más de 6.300 megavatios instalados, casi una cuarta parte del total nacional, que asciende a 27.446. Todo ello gracias a 267 parques eólicos (1.265 en España), tal y como constata el Estudio Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) al que tuvo acceso Ical.

Sin embargo, se observa que la tendencia ha estado marcada por los años difíciles del último decenio en cuanto al peso de Castilla y León en el escenario nacional. Si en 2020 la Comunidad contó con el 11,3 por ciento nacional, con 1.727 de los 15.226 empleos de España, en 2012 se crearon también 1.705, pero de un total de 13.500 en España, con lo que el porcentaje era del 12,6 por ciento. En todo caso, el liderazgo de la Comunidad en producción no se transmite al empleo, pues Galicia, con 3.744 empleos en 2020, y País Vasco, con 2.081, se situaron por delante.

De hecho, los datos recabados por AEE denotan que el empleo se concentró en seis de las 17 autonomías, ya que entre ellas supusieron un 74,2 por ciento, es decir, tres de cada cuatro puestos de trabajo. Además de Galicia, País Vasco y Castilla y León destacan Aragón, con el 8,8 por ciento del total; Navarra, con 8,2, y Castilla-La Mancha, con el 7,5 por ciento. Su preponderancia se mantiene a lo largo de los últimos diez años, pues han significado, año tras año, entre el 70 y el 80 por ciento del empleo directo.

Por último, la AEE sostuvo que esta fuente de energía, junto con la solar fotovoltaica, serán las “principales tecnologías sostenibles que crearán más empleo en la próxima década”. De hecho, la eólica se posiciona como sector “clave de futuro para el empleo y la recuperación económica en España”.