El secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, advirtió hoy en Segovia sobre las “nefastas consecuencias” de las próximas reformas del Gobierno central y de los presupuestos generales del próximo año previstos por el Estado y la Comunidad. Por ello, llamó a la ciudadanía a secundar las movilizaciones convocadas para el próximo sábado en todas las provincias de la región. En el caso de Segovia, la manifestación partirá a las 18.30 horas de la avenida Fernández Ladreda y terminará en la Plaza Mayor.

Prieto afirmó que las cuentas elaboradas por la Junta y el Gobierno proyectan unas tasas de paro para 2014 similares a las actuales, por lo que “Castilla y León se situará en los parámetros que tenía en 2001, lo que significa que desde entonces se habrá perdido más de una década en consolidación de empleo”, subrayó en declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa que ofreció en la sede de su sindicato en Segovia, acompañado por el secretario provincial de FSP-UGT, Miguel Ángel Mateo.

Sobre la reforma de las pensiones, Prieto negó que vayan a subir “realmente” un 0,25 por ciento con el nuevo sistema, “como dice el Gobierno”, dada la pérdida de poder adquisitivo que supondrá que la inflación “no vaya a ser inferior al uno por ciento”. En este sentido, recordó que el Estado prevé mantener ese incremento del 0,25 al menos hasta 2019: “Si la inflación es por ejemplo del uno por ciento, la pérdida sería de 0,75 al año. Y eso multiplicado por cinco años, nos da la cifra escalofriante de que cada pensionista perderá 1.800 euros; si inflación es del dos, 4.000; y si es del tres, 6.800 euros”.

El líder regional de UGT, siguiendo con estas proyecciones basadas en la reforma prevista por el Gobierno, que contempla subidas de las pensiones del IPC más un 0,25 por ciento a partir de 2020 “en el mejor de los casos”, calculó que solo para recuperar ese quinquenio de pérdida de poder adquisitivo “tendrían que pasar 18 años si la inflación es del uno por ciento; si es del dos, 42 años; y si es del tres, 66”.

Prieto también cargó contra las fórmulas de recuento de las pensiones que contempla la reforma: “La de la esperanza de vida, que entraría en vigor en 2017 o 2018, también va a tener una incidencia muy negativa para los nuevos pensionistas. El problema es que por lo visto nos tendríamos que morir antes, en cuanto nos jubilamos, para ser rentables al Estado, y si puede ser un poquito antes mejor. Y si al final van a fijar el cálculo para 20 años de jubilación, si creen que la esperanza de vida puede llegar a 25, dividirán ese total y supone que el pensionista quizá empiece a cobrar la pensión inicial ya rebajada en torno a un 15 por ciento con respecto a lo que le correspondería en la actualidad”.

 

“Graves consecuencias económicas y para el empleo”

En cuanto a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local promovida por el Gobierno central y que ya superó el pasado 30 de octubre el trámite del Congreso, el secretario regional de UGT advirtió que es “un disparate con graves consecuencias económicas y para el empleo”, ya que aseguró que en la Comunidad podrían perderse más de 22.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, “nada más entrar en vigor”.

Prieto basó tales pronósticos en los servicios públicos que dependen de las administraciones locales y que se perderían con la supresión de éstas porque, en su opinión, todos esos servicios que sean deficitarios desaparecerán, y los que puedan alcanzar la rentabilidad, será a costa de su privatización, lo que conllevará nuevos recortes salariales y de empleo, así como su mantenimiento “por la vía del copago”.

En cualquier caso, Prieto subrayó que la reforma local que impulsa el Gobierno central “atenta contra la autonomía de los municipios que contempla la Constitución”, por lo que espera “que les lluevan los recursos de inconstitucionalidad de las comunidades”.

 

Los ayuntamientos, “buenos gestores del dinero público”

“Esta reforma no tiene en cuenta para nada que las administraciones locales son las más próximas al ciudadano, que garantizan unos servicios públicos eficientes en muchos casos, que vertebran, cohesionan socialmente y dan igualdad en esta región tan dispersa”, defendió el dirigente sindical. “Son buenos gestores del dinero público, y eso lo dicen las estadísticas. Hacen más cosas con menos y están muy bien gestionados. No hablamos de Madrid, eso es una excepción, pero en la mayoría hay una buena eficiencia y no están para nada endeudadas porque solo son responsables del 0,3 por ciento del déficit del Estado”.

“Nuevamente la excusa es un ahorro de 8.000 millones, de 480 en Castilla y León, pero para nosotros es un disparate, van a adelgazar más el Estado, van a desmantelar muchos servicios públicos locales que se prestan en la actualidad, los que no tengan una rentabilidad económica en muchos casos, la recogida de residuos, el agua… Un montón de servicios pasarán a la Diputación, que no los asumirá en realidad y terminarán privatizados”, vaticinó Prieto, quien cree que “si esta ley va adelante se verá la situación que hoy vive Madrid con la limpieza en muchos sitios”.

El líder de UGT en Castilla y León recordó que esta Comunidad concentra “el 30 por ciento de los municipios de toda España”, por lo que la reforma local le afectaría “especialmente”. “Se cargan a las mancomunidades, las competencias denominadas impropias que tienen los ayuntamientos, como los ambulatorios, la atención a dependientes, el mantenimiento de colegios, escuelas infantiles, actividades extraescolares, igualdad y asistencia a víctimas de violencia de género… Cantidad de programas que asumen las entidades locales con sus presupuestos y que no las va a hacer nadie”.

“En la mayoría de los casos se dejarán de prestar estos servicios o pasarán a ser privatizados mediante fórmulas de copago”, insistió. “Esa es la realidad de lo que pretenden hacer y que supondrá que se pierdan más de 22.000 empleos entre directos e indirectos en cuanto entre en vigor esta ley con la pérdida de estos servicios”.

Una reforma local que Prieto reiteró que no es compatible con la Ley de Ordenación del Territorio aprobada “con un amplio consenso” en Castilla y León, por lo que instó a la Junta a ser “beligerante” en su oposición a esta reforma que, en el caso de Segovia, según detalló el secretario provincial de FSP-UGT, podría dejar a Segovia “con dos, tres o pocos más municipios, frente a los más de 200 que tiene ahora”.