El Plan de Protección Civil ante Riesgo de Inundaciones de Castilla y León (INUNCYL), aprobado en el año 2010, será puesto a prueba con un simulacro de activación de cinco días de duración, en el que se alcanzará la situación 3 –que conlleva la declaración de interés nacional-, lo que permitirá comprobar el proceso de transferencia de la dirección de la emergencia de las autoridades autonómicas a las estatales.
El simulacro, que tendrá lugar entre los días 7 y 11 de marzo, contempla numerosas incidencias derivadas de un episodio de lluvias torrenciales, que finalmente provoca la rotura de la presa del Pontón, y en consecuencia, una gran inundación que afecta a la capital segoviana y a localidades de sus alrededores.
El Plan Estatal de Protección Civil, ante el riesgo de inundaciones, prevé diferentes casos y supuestos de actuación definidos conforme a criterios de ámbito territorial y a la gravedad del suceso que provoca la activación del Plan, estableciendo los niveles de activación del mismo en una escala de 0 a 3. El Nivel 2 establece la operatividad coordinada por el Gobierno Autonómico, en este caso la Junta de Castilla y León con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la UME. El nivel 3 supone la declaración de emergencia nacional, y la activación de todos los recursos de nivel estatal y la intervención del Gobierno de España.
Inundaciones, nubes de gases tóxicos y radioactivos y desastre ecológico
La catástrofe tiene lugar en la provincia de Segovia, donde las fuertes nevadas caídas durante los meses de enero y febrero y las intensas precipitaciones en el mes de marzo provocan graves inundaciones que afectan a las localidades de Segovia, Palazuelos de Eresma, Tabanera del Monte, San Cristóbal de Segovia, La Lastrilla y Zamarramala, y amenazan a diversas infraestructuras.
Posteriormente, se produce una gran avalancha de agua, consecuencia de la rotura de la presa del Pontón Alto, que agrava aún más la situación y provoca sendos accidentes en un complejo petroquímico y una fábrica de combustible para centrales nucleares. La catástrofe deja un balance de más de 500 fallecidos, 1.000 desaparecidos y 12.000 personas sin hogar.
Día 7 de marzo, activación del Nivel 2
La dirección de la emergencia corresponderá al delegado territorial de la Junta en Segovia, quien será el responsable de la activación del Plan INUNCYL en situación 2 y estará al frente del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) que se constituirá en la Delegación de la Junta para dirigir la emergencia y en el que se integrará la subdelegada de Gobierno. Para ello, contará además con la colaboración de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Además, el delegado territorial de la Junta encabezará el comité de dirección que el viernes 8 tomará la decisión de transferir la dirección a la Delegación del Gobierno en Castilla y León una vez que se decida la declaración de emergencia de interés nacional y el paso del Plan INUNCYL a situación de nivel 3.
Durante el desarrollo del simulacro, están planificados diversos ejercicios de rescate y de evacuación de población, que se desarrollarán en el pantano del Pontón y en urbanizaciones de la localidad de Palazuelos de Eresma, así como el corte de carreteras y la extinción de un incendio declarado en unas instalaciones de almacenamiento de gas. La simulación de la rotura de la presa será el hito que marque la declaración del interés nacional, en que las consecuencias simuladas serán mucho más graves, momento en que la Dirección Operativa se ejercerá por la UME y la Dirección del Plan Estatal corresponderá al Ministerio del Interior en el ámbito estatal y al delegado de Gobierno en el ámbito regional.
Así, la dirección inicial de la emergencia corresponde al Gobierno Autonómico de Castilla y León, quien decide declarar el nivel 2 en la catástrofe y solicita la colaboración de la UME, junto al resto de organismos que ya se encuentran trabajando en la zona.
Día 8 de marzo, activación del Nivel 3 de Emergencia
Debido a la gravedad de la situación en la provincia de Segovia y valorada la dimensión de la catástrofe y los medios disponibles para hacer frente a las inundaciones, el Ministro del Interior declara la emergencia de interés nacional (nivel 3). A partir de este momento, dependiendo del Ministerio del Interior, el jefe de la UME asume la dirección y coordinación operativa de la emergencia, quien hace uso de todos los medios disponibles para minimizar los efectos en la población afectada.
La Junta de Castilla y León ha sido la encargada de asumir el establecimiento del Puesto de Mando Avanzado y Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), así como de la dirección de éste último durante el nivel 2 en la emergencia ha facilitado la integración en los órganos de la estructura de mando de la emergencia.
Asimismo, la Junta ha movilizado recursos, independientemente de su titularidad, ubicados en su ámbito territorial, entre los que destacan elementos de búsqueda y rescate de personas, asistencia sanitaria, social y psicosocial, seguridad y control del tráfico por las policías locales de los ayuntamientos de la zona y, una vez declarado el nivel 3 de emergencia, ha dirigido las actividades de carácter público no afectadas directamente por la catástrofe.
Primer ejercicio de simulación de emergencia nacional en Castilla y León
Es la primera vez que se simula una situación de interés nacional en el ámbito de Castilla y León, y no solo se hará a nivel operativo e intervención en el terreno, sino que se simulará la constitución de todos los comités que recogen estos planes de protección civil, tanto a nivel regional como nacional y el Ministerio del Interior con la Colaboración de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias activará todos los procedimientos establecidos para estas situaciones.
Los principales responsables civiles y militares de emergencias se reúnen en el ejercicio Gamma ‘Palazuelos 2013’, durante los días 7 al 11 de marzo, en el que se desarrolla una situación de emergencia de nivel 3, relacionada con inundaciones, búsqueda y rescate, contaminación química y radiológica, y contaminación medioambiental.
Como valor añadido, la participación de las autoridades responsables en una emergencia de nivel 3, a nivel estratégico, pone de manifiesto su compromiso con la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Ésta es la primera vez que se escenifica el proceso completo de declaración de emergencia de interés nacional, incluyendo la convocatoria del Comité Estatal de Coordinación (CECO), declaración de interés nacional por parte del ministro del Interior y la elaboración y entrega de la directiva del ministro al general jefe de la UME.
Del mismo modo, el uso de la Red Nacional de Emergencias (RENEM) – como única plataforma que integra y permite interactuar a los responsables en una emergencia declarada de interés nacional – ha mostrado todo su potencial y capacidades como herramienta útil en la gestión y coordinación de emergencias.
Despliegue de más de 2.000 efectivos
En el simulacro, por parte de la Junta de Castilla y León, intervendrán el Grupo de Rescate y la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de Protección Civil, Emergencias Sanitarias, así como integrantes del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, voluntarios de Cruz Roja y de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de los ayuntamientos de la Granja y San Cristóbal, y personal de los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Segovia.
También intervendrán, por parte del Ministerio de Defensa, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Estado Mayor de la Defensa, Dirección General de Política de Defensa e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Por el Ministerio del Interior, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. Además, Delegación de Gobierno de Castilla y León, Departamento de Seguridad Nacional, Dirección General de Protección Civil y Emergencias, Cruz Roja Española, Consejo de Seguridad Nuclear, el Centro Nacional de Salud Ambiental del Instituto de Salud Carlos III, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Grupo Tragsa. En total, más de 2.000 personas.