La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, advirtió este martes del aumento de los casos de malos tratos entre los jóvenes, en edades cada vez más tempranas, y de la irrupción de las nuevas tecnologías como un arma de doble filo: por un lado, como generadoras de nuevas herramientas para luchar contra esta lacra y, por otro, como germen de nuevos casos a través del ciberacoso. En este sentido dijo que se trata de una incipiente vía de violencia de género que “será contemplada en la reforma del Código Penal”, subrayó durante un desayuno informativo organizado en Segovia por la Federación de la Mujer Rural (Femur).
“La población más joven, que es nativa digitalmente, no tiene conciencia muchas veces de los riesgos de lo digital”, afirmó la responsable de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, institución que está elaborando tres estudios en esta línea: “El ciberacoso, la percepción de la violencia de género en el adolescente y un tercero sobre el mundo escolar, la universidad y la violencia de género”.
Hernández alertó de que “se están reproduciendo las conductas” de los adultos “en la población más joven”, a pesar de que las “cotas de igualdad” sean más altas en este colectivo. De hecho, indicó que el diez por ciento de las universitarias reconocen haber realizado prácticas sexuales que no se habían planteado y señaló como internet complica “cerrar una relación” que puede derivar en ciberacoso, con “las pruebas de amor y las imágenes personales” que se difunden en la Red y después se vuelven en contra.
El acto de hoy, convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, contó también con la participación del fiscal jefe de Segovia, Antonio Silva, quien matizó que desde su ámbito de momento solo percibe “casos aislados” entre la población joven. Durante su intervención, lamentó el alto porcentaje de víctimas que no llevan sus denuncias hasta el final, hasta el punto de que “el 70 por ciento” de las mujeres protegidas por órdenes de alejamiento en esta provincia “vienen a la Fiscalía con una mezcla de temor y esperanza” para solicitar su retirada.
Silva también habló de la notable influencia del alcohol y las drogas, de cómo la crisis económica lleva a la víctima a no denunciar por falta de autonomía o del probable problema psiquiátrico del agresor como posible explicación de que la violencia de género también se registre entre parejas con altos niveles educativos y “grandes capacidades profesionales o políticas”. Además, cuestionó si la “información constante” que ofrecen los medios de comunicación puede llegar a ser “perjudicial” cuando quien la recibe es “una persona sin el equilibrio mental adecuado”, y puso de ejemplo que las muertes de violencia de género son “noticias de cabecera en los telediarios”. “A lo mejor si (el agresor) no las hubiera visto quizá no lo habría hecho, o sí”, se planteó Silva. Al respecto, Hernández Oliver evidenció sus discrepancias al subrayar que la “buena información siempre es positiva”; y la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, también invitada a asistir al acto, se decidió a intervenir en ese momento para valorar “la importancia de la información”.
Por otra parte, la presidenta nacional y la secretaria general de Femur, Juana Borrego Izquierdo y Elena García Gil, respectivamente, pusieron sobre la mesa el problema de la violencia de género en el ámbito rural. Llamaron a distinguirlo del medio urbano porque en los pueblos hay “más problemas para denunciar, más problemas para acceder a los recursos y menos información al alcance de las víctimas”, que suelen ser “mujeres educadas para aguantar todo lo que venga”.
Tras las presentaciones, la delegada inició su intervención lamentando que en lo que va de año ya son 37 las víctimas mortales de violencia de género en España, de las cuales “solo seis habían presentado denuncia”. Y un total de 696 desde que se inició la estadística oficial en 2003, de las cuales el 57,9 tenían entre 21 y 40 años. La última se produjo en el municipio leridano de Tárrega el pasado 7 de octubre y es la más joven de 2013, una adolescente de 14 años asesinada por su exnovio, de 18, que se entregó al día siguiente. La delegada también recordó a todas aquellas víctimas que no han perdido la vida y sufren esta violencia “física o psíquica” cada día, “entre telediario y telediario”; pero lanzó un mensaje en positivo al reseñar que “hasta un 70 por ciento” de las víctimas que no se resignaron “han salido de la violencia de género en la que vivían”.
“Existe en nuestro país un sistema para hacer frente a un problema que hemos detectado como una realidad contundente que nos apabulla cada día”, destacó la delegada, quien cree que en este sentido España va “muy por delante” del resto de la Unión Europea, donde “en la mayoría de los países no hay datos tan precisos o, donde los hay, reflejan mayores índices de violencia de género”. Y en materia de recursos, señaló que “Alemania, por ejemplo, acaba de crear su teléfono 016 (de asistencia a las víctimas), que aquí lleva ya cinco años”.
Nuevas tecnologías contra la violencia de género
Respecto a los nuevos medios que se han ido incorporando a la lucha contra la violencia de género, citó en primer lugar precisamente el 016, que suma “casi 400.000 llamadas, el 75 por ciento hechas por las propias mujeres, pero también cada vez más por los entornos”. Recordó que funciona 24 horas al día, atiende “cualquier recurso o necesidad de asesoramiento”, es confidencial y trabaja con más de 30 idiomas. “Es quizá la primera herramienta para romper el silencio y muchas mujeres han salido de la violencia de género gracias a él”, añadió la delegada, que también reconoció que este servicio todavía tiene margen de mejora y se está trabajando en que sea “más accesible para personas con discapacidad”.
El segundo recurso que describió son los más de 10.000 teléfonos Atenpro que permanecen activos en la actualidad en España: “A través de ellos una unidad especializada va llamando y haciendo seguimiento a las víctimas”, que a su vez también son asistidas a través de otras iniciativas como talleres que facilitan “su salida de la violencia” y la ruptura con el agresor, “imprescindible”.
Como “herramienta pionera” a nivel internacional calificó el uso de brazaletes en este ámbito para “garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento”. Permiten tener localizado en todo momento al agresor, “siempre por orden judicial”, y si se acerca demasiado salta una alarma que suena en el móvil de la víctima para que ésta avise a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “En total se han utilizado unos 1.800 y en la actualidad hay 730 activos”, apuntó la delegada, quien volvió a referirse a la próxima reforma del Código Penal para avanzar que en ella “se va a tipificar la manipulación de esos brazaletes”.
Hernández hizo alusión también a la web del Ministerio, que “cada vez tiene más visitas” y a través de un sistema de mapas localiza los recursos más próximos a la persona que hace la consulta; y el programa para ‘smartphones’ que se presentó el pasado mes de julio: ‘Libres’, una aplicación ‘camuflada’ en el teléfono móvil con acceso al 016, testimonios de víctimas y test para detectar la violencia de género, entre otros contenidos.
“Falta de colaboración con la Justicia”
El fiscal jefe de Segovia subrayó en su intervención los “grandes problemas” que sufre la Justicia para enfrentarse a la violencia de género, como su “origen oscuro” y las consecuencias de no encontrarlo: “Si no determinamos con precisión la causa difícilmente daremos con la solución”. Y lamentó la falta de colaboración que suele percibir tanto en la propia víctima como en su entorno, influenciado este último, en su opinión, “por la falta de éxito” de las denuncias cuando no se mantienen. “Cualquier víctima del robo de un coche o un bolso colabora activamente con la Justicia, se manifiesta enfadada”, puso de ejemplo, “pero en el caso de la violencia de género la víctima colabora muy relativamente. Se produce lo que la delegada ha llamado silencio cómplice”, sostuvo.
Silva puso el acento en la “cantidad ingente (de mujeres) que han denunciado los hechos y que después se presentan en la Fiscalía para pedir la retirada de esa denuncia, la supresión de órdenes de protección… Todo ello con una mezcla de temor y esperanza. Temor por miedo reverencial al autor y esperanza por recuperar el estatus que un día tuvo ese matrimonio, ¿qué haces en esos casos?”, se preguntó el fiscal jefe de Segovia, que ve “cada día el aumento de sobreseimientos y absoluciones en sentencia, derivados a menudo de que se permite a la mujer la posibilidad de desistir en el momento del juicio”.
“Vamos a ser honestos, la mayoría de estos delitos son intimistas y muy raramente hay testigos. Al desaparecer el sustento acusatorio, desaparece la posibilidad de una condena. No creo que esto nos sorprenda a ninguno. ¿Entonces qué solución, qué medios tenemos en la Fiscalía para luchar contra este fenómeno?”, prosiguió Silva, quien apuntó que 50 de las 110 sentencias por casos de violencia de género dictadas en el último año en Segovia fueron absolutorias: “La mayoría fue porque la mujer no quería declarar, así que no teniendo otras pruebas qué vas a hacer”.
El fiscal jefe también recordó como la crisis económica se ha convertido en una aliada del agresor para mantener a la víctima a su lado: “Entra menos dinero en la casa y eso genera problemas no solo porque haya más roces, sino por algo mucho más importante, porque cuando se produce la intervención de los órganos judiciales se produce la ruptura de la pareja y entonces se nota más la falta de esos ingresos. Ella los ve disminuir gravemente y puede llegar a estar casi en una situación de pobreza”.
Pero en una cuestión no hubo la más mínima discrepancia entre los intervinientes: hay salida a la violencia de género y una vida mejor tras ella, aunque para ello es fundamental “romper con el silencio cómplice” de la propia víctima y del entorno que no denuncia.
