La Junta de Castilla y León estima un ahorro de 365,9 millones de euros con las medidas de ajuste que se recogerán en el presupuesto de 2012 que ultima la Consejería de Hacienda, junto con una previsión de recaudación de 225 millones por los nuevos tributos y tasas, y con el que se compromete a cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento marcado por el Gobierno central para este año.

El Plan de Ajuste, presentado por la Junta el pasado 30 de abril en el Ministerio de Hacienda, es uno de los compromisos del Consejo de Política Fiscal y Financiera para agilizar el pago de la deuda de las autonomías con sus proveedores, que en el caso de Castilla y León asciende a 1.066 millones a 3.700. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, presentó las medidas de ajuste en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de informar a sus compañeros de Gabinete.

De ese montante, 125 millones corresponden a gastos de personal, 37 a gastos corrientes, 130 a transferencias corrientes y 73 a inversiones reales, mientras que aumentan en 175 millones los gastos financieros y en 54 las transferencias de capital (subvenciones). Del Olmo defendió esa reducción de las inversiones sobre lo gastado en 2011 por la prioridad que da la Junta a los servicios públicos. La consejera reconoció que no hay dinero para inversiones nuevas y que los fondos son fundamentales para la educación, sanidad y servicios sociales. En cuanto al aumento del capítulo de subvenciones, explicó que ahí van transferencias finalistas y ayudas a empresas y el plan de empleo.

En el ajuste de personal, recordó que se tomaron ya medidas al inicio de la legislatura (junio 2011) con la reducción de consejerías y altos cargos así como de miembros de los consejos de Cuentas y Consultivo, que cifró en 4,2 millones de euros de ahorro. A ello se une la eliminación de liberados sindicales en la Administración, que suma 6,8 millones; el incremento de la jornada de 35 a 37,5 horas semanales, 33 millones; la no cobertura de las jubilaciones, 27 millones, o los 10 millones en bajas por enfermedad a partir de cuatro meses que no se complementan.

Del Olmo enumeró, hasta casi bajar al detalle, algunas partidas en gastos corrientes y de funcionamiento que se reducen, como los contratos de limpieza, en 10 millones; las campañas de publicidad institucional, en 3,5 millones; la centralización de las oficinas de información, en 3,5 millones; la reducción del uso de telefonía fija y móvil, en 4 millones, o incluso 500.000 euros en la eliminación de papel por el soporte tecnológico.

La Junta calcula este año un aumento de la recaudación en 225 millones mediante la aplicación desde el 1 de marzo del céntimo sanitario, por el que prevé ingresar 100 millones, así como 55 por los tributo medioambientales y 10 por la eliminación de residuos a los que se suman otros 39 del impuesto de patrimonio y 400.000 a través de un plan contra el fraude que va a presentar. Además, contempla 20 millones por la limitación de los beneficios fiscales a rentas más altas. Del Olmo explicó que los beneficios fiscales irán a las familias con menos recursos mientras que sostuvo que la limitación para rentas más altas es una “manera de subir los impuestos” para ese grupo. El tope está por decidir en la futura ley de Medidas, precisó.

 

Educación y Sanidad

En cuanto a la presentación del presupuesto de 2012, previsto en un principio tras las cuentas estatales, es decir en abril, manifestó que van a esperar a que el Ministerio informe favorablemente sobre el Plan de Ajuste, para lo que tiene un plazo de quince días, pero la aprobación, en cualquier caso, será en este mes.

La consejera de Hacienda no informó del ahorro en educación y sanidad, a través de las medidas del decreto del Gobierno, porque serán los titulares de esos departamentos, Juan José Mateos y Antonio Sáez, quienes ofrezcan los datos en el próximo pleno de las Cortes a través del mecanismo de información de la Junta, ya pedido por el Ejecutivo a la Cámara.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que con ello buscan el acuerdo de la Cámara a favor del blindaje de los servicios públicos, uno de los pactos ofrecidos por el presidente de la Junta en su investidura, y añadió que también quieren evitar que se convierta esa comparecencia en un debate sobre la forma y no sobre el fondo, como cree que ocurrió en el pasado pleno cuando Del Olmo informó del techo de gasto.

En la rueda de prensa, la consejera de Hacienda realizó una llamada a los proveedores para que se adhieran al plan ya que recordó que es obligatorio ese trámite para poder cobrar la deuda y que no basta con estar en el listado remitido por la Junta al Ministerio. El plazo para esa adhesión se abrió el 2 de mayo y se cerrará el 22 de este mes. “Se crea un problema de liquidez”, explicó la consejera en el caso de que alguien no realice ese mecanismo. Además, añadió que el pago es sin quita, aunque sin intereses y costas para quien esté inmerso en un proceso judicial.