La Junta aplicará los máximos establecidos en la parte que corresponde a los recortes a los funcionarios, dentro del Real Decreto-Ley para garantizar la estabilidad presupuestaria. Esta decisión no ha contado con el consenso de los cuatro sindicatos -UGT, CCOO, CSIF y Feses-, que hoy votaron en contra de esta adaptación en el Consejo de la Función Pública de Castilla y León, que estuvo presidida por la viceconsejera Rocío Lucas, quien explicó a los representantes de los trabajadores estas medidas, que posteriormente rechazaron, basadas en la adaptación del documento nacional a la normativa regional en materia de vacaciones y permisos para los empleados públicos, así como la aplicación de la reducción retributiva en los periodos.
A pesar de estas diferencias, la Junta aprobará el documento previsiblemente en el Consejo de Gobierno del jueves. Los sindicatos critican fundamentalmente la pérdida de derechos retributivos conseguidos durante los últimos años, además de la disminución del sueldo en caso de incapacidad laboral transitoria (ILT). Los empleados públicos verán reflejada en sus nóminas una disminución importante de su sueldo en el caso de sufrir una enfermedad. Así, durante los tres primeros días se le reconocerá solamente un complemento retributivo del 50 por ciento; desde el cuarto hasta el vigésimo se reconocerá un complemento equivalente al 75 por ciento; y a partir del vigésimo primer día, en principio se percibirá el cien por cien del sueldo, si bien este aspecto aún está en el aire.
Todos los sindicatos coincidieron en que la reunión fue “puro trámite” e incluso algunos la definieron como un “esperpento”. Éste fue el caso del coordinador del Sector Autonómico de CCOO, Juan Carlos Cisneros, quien recordó que son las mismas medidas que ya les presentaron en la Mesa de Negociación del 25 de julio. “Hoy no se dio pie a ningún texto o acuerdo para negociar algo, frente a una posición autoritaria de la Junta. El Consejo ratifica los acuerdos y no es un órgano de negociación. Han ido con el texto desarrollado en materia de ILT y permisos y días”, lamentó Cisneros, quien añadió que la propuesta negociada anteriormente con el Gobierno regional se suspende y ahora se aplica la medida derivada del Gobierno central.
En todo caso, aseguró que el propio Ejecutivo “claramente ha dicho que estaba cumpliendo órdenes del Gobierno y que cumplirán el Real Decreto al pie de la letra. Nos han dicho ‘si quieres lo tomas y si no lo dejas’, sin margen de negociación”, recriminó.
Por su parte, la presidenta del sector de Enseñanza de Castilla y León, Isabel Madruga, lamentó que Lucas se limitara a lo expresado el 25 de julio en Mesa de Función Pública y que sólo dejara un turno de intervenciones a los sindicatos. “Seguirá adelante como lo planteado en desde la Ejecutiva nacional”, reprochó, para añadir que “la Junta no hará nada que no venga marcado por la ley nacional, se queda igual”. Además, lamentó que se suprimirán días adicionales de antigüedad, así como los días de libre disposición. También se homogeneizarán los permisos en todas las administraciones, medidas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013.
Inestabilidad de pensamiento político
Para concluir, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, criticó el “cacao o inestabilidad de pensamiento político de la Comunidad” a la hora de tomar medidas “importantes”, y sostuvo que “hay que hacerlo con coherencia y consenso y no de forma precipitada”. Tras denunciar que con esta adaptación quedan anuladas todas las negociaciones anteriores entre sindicatos y Gobierno regional, lamentó que suponga una pérdida de derechos retributivos acumulados “durante muchos años”, aunque reconoció que “se controlará mejor el absentismo”. En todo caso, señaló que estas medidas generarán trabajadores de baja laboral “de primera, segunda y tercera clase”, dadas las diferencias en esta materia que comenzaron en febrero, se modificaron el 14 de julio y vuelven a cambiar ahora.
En cuanto a la ILT, consideró que en el caso de una hospitalización quirúrgica los empleados públicos “recibirán el cien por cien de su salario”. “Desde UGT pedimos que solo se justifique con lo necesario y de forma ágil y transparente, con reserva y confidencialidad del paciente, sin que esté de la ceca a la meca para demostrar su enfermedad”, dijo.
Sobre los días de libre disposición, recordó que “no son gratuitos” para los trabajadores públicos, sino que se comenzaron a otorgar en 1983 “para evitar la pérdida de retribución que sufrían ese año porque el IPC había subido un 12 por ciento y a ellos no les aumentaron su salario”. “Ahora no tenemos ni pagas, ni actualización, ni días”, lamentó.
En este sentido, también cuestionó la medida de suprimir los días de libre disposición, ya que éstos no se sustituyen. “No entendemos cual es la compensación económica de la Junta, porque no supone carestía, salvo que sea denostar la figura del empleado público”, argumentó. Para concluir, sobre la pérdida de la paga extra de diciembre los sindicatos preguntaron para qué se utilizará ese dinero que ya está presupuestado. “Es un derecho legalmente constituido”, dijo, por lo que demandó que se abone en cuenta la parte de la extra correspondiente a junio y julio.
La primera medida de protesta contra estas políticas la protagonizará el sindicato de enfermería Satse, que ha convocado una sentada para el jueves ante el edificio de la Presidencia, justo en el momento en el que se celebre el Consejo de Gobierno en el que se prevé aprobar estos recortes.