Ocho de los diez jueces y magistrados del partido judicial de Segovia secundaron la huelga convocada para reivindicar la “independencia judicial” respecto al poder político y el fin de los recortes en inversión pública en justicia. En el interior de la sala de vistas de la Audiencia Provincial, la juez de lo social, Carolina Otero, fue la encargada de leer un comunicado a través del que criticaron la reforma que el Gobierno central plantea que, según su opinión, dejará “reducido a la nada” al Consejo General del Poder Judicial.

Respaldada por los jueces y por el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, la juez reclamó la dotación de medios materiales y personales para cumplir con la misión “esencial” de tutela de los derechos ciudadanos así como el deber de investigar, y en su caso castigar, la comisión de delitos, “en especial, relacionados con la corrupción y el despilfarro de dinero público que tanto enojan a la sociedad y que requieren una respuesta judicial rápida y eficaz”.

En este sentido, Otero exigió en nombre del comité de huelga que se reforme la ley del indulto a fin de eliminar la “discrecionalidad y arbitrariedad políticas” en el cumplimiento de las condenas penales impuestas por los tribunales, así como que no se limite el acceso a la justicia de los ciudadanos a través de tasas judiciales “desproporcionadas”.

A excepción de Juzgado número 1, que se encontraba de guardia, y el número 2, cesaron su actividad los seis juzgados de primera instancia. La huelga, señaló Otero, exigió además que se incremente la planta de órganos judiciales y fiscales para hacer frente “de forma ágil” a la demanda de justicia por parte de los ciudadanos. Para los magistrados, el régimen de sustituciones profesionales establecido recientemente sin incremento de plantilla, “ralentizará aún más la justicia y puede provocar indeseadas suspensiones de vistas y actuaciones judiciales ya señaladas con retraso”.

 

Personal de justicia

Dos horas antes de la concentración de los jueces, que se celebró a las 13:00 horas, una quincena trabajadores de la justicia se concentraron antes las puertas de la Audiencia Provincial convocadas por la plataforma sindical ‘Justicia para todos’. Durante la cita mostraron su desacuerdo a lo que consideraron una “privatización” de la justicia y clamaron en contra de la ley de Tasas del ministro Gallardón y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El representante del sector de justicia en CCOO, Roberto Alonso, fue el encargado de llevar a cabo la lectura de un manifiesto en el que aseguraron que ‘existe una alternativa a la privatización, puesto que la difícil situación del Registro Civil se debe al abandono de los gobiernos que no han puesto los medios materiales y profesionales necesarios para atender a una población cada vez más grandes’.

Hasta el lugar también se acercó el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo quien criticó al ministro de Justicia por impulsar ‘una reforma de forma unilateral, sin pactar con ningunos de los agentes y de los operadores habituales en la administración de justicia’.

Según Orejudo ‘estas medidas están haciendo que se produzcan importantes incidencias en lo contencioso, en los recursos de apelación civiles e incidencias en lo social, todo ello por el efecto directo de la Ley de Tasas, que dificulta al ciudadano el acceso a la justicia porque para poder recurrir una sentencia hay que poner encima de la mesa 800 euros’.