El Ayuntamiento de Segovia da el primer paso para la tercera fase del Aru de San Jose que rehabilitará un centenar de viviendas .
La inversión prevista, entre todas las administraciones, supera los 2,1 millones de euros.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia aprobó hoy la memoria del programa de actuación de la tercera fase del Área de Regeneración Urbana (Aru) de San José-El Palo-Mirasierra, y la solicitud de financiación por parte de la Junta de Castilla y León. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, afirmó que se trata del «primer paso” de un proyecto que supondrá la rehabilitación de un centenar de viviendas y una inversión global de que supera los 2.181.000 euros, entre los años 2019 y 2021.
La dos primeras fases del Aru de San José tuvieron una inversión de cinco millones de euros y la rehabilitación de 414 viviendas y la reurbanización de varias calles. Ahora se inicia la tramitación de la tercera, con la aprobación de la memoria y luego vendrá “la firma del convenio y la aprobación de las convocatorias”.
Clara Luquero resaltó que, para esta fase, el Ministerio de Fomento aportará algo más de 187.000 euros; la Junta de Castilla y León, 912.550 euros; el Ayuntamiento, 734.810 euros y los particulares, 346.668 euros, hasta llegar a la cifra global de 2.181.0078 euros, para la rehabilitación de un centenar de viviendas y varias calles que “aún están por determinar”. La alcaldesa de Segovia destacó la importancia de las Áreas de Regeneración Urbana porque “se multiplican los recursos”, con la cooperación de varias administraciones.
Luquero avanzó que no está previsto reactivar el Aru del barrio de las Canonjías, en el recinto histórico, pero sí que el consistorio acometa la finalización de la rehabilitación de la calle Daoíz y la eliminación del cableado eléctrico, que tendría una coste que no llega a los 400.00 euros.
Sobre el soterramiento del cableado, la alcaldesa de Segovia reiteró la petición que han realizado “haciendo piña” el Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad para que se articulen “subvenciones y ayudas” por parte de los Gobierno autonómicos, que “tienen competencias en materia de Patrimonio” para que “hagan viable” a los consistorio asumir la eliminación del cableado de sus centros históricos. Clara Luquero aseguró que hay ayuntamientos que ha elevado el coste de estos trabajos y llega “a los dos millones de euros” que es “inasumible”.