El Pleno del Ayuntamiento de Segovia aprobó hoy rechazar el requerimiento de la Delegación del Gobierno y seguir adelante con los trámites para abonar la parte de la paga extra de los funcionarios de diciembre de 2012 devengada por diversas sentencias judiciales. La intención del Consistorio es hacer efectivo el pago una vez que se proceda a la aprobación definitiva del presupuesto de este año, siempre que la Abogacía del Estado no recurra el acuerdo municipal y obtenga una suspensión cautelar por la vía judicial.

El rechazo del requerimiento de la Delegación salió adelante con los votos a favor de PSOE e IU y la abstención del PP, que no se pronunció en el momento de la votación por error. El portavoz ‘popular’, Jesús Postigo, que durante el debate previo a la votación había mostrado la intención de su grupo de respaldar el abono de los 44 días devengados de la extra de diciembre de 2012, solicitó al alcalde que se procediera a efectuar una nueva votación, pero no recibió respuesta y, por tanto, no se aceptó.

Tras el pleno, Postigo, en declaraciones a Ical, admitió el error de su grupo por no haberse pronunciado en el momento de la votación. “Todo fue muy rápido, el alcalde nos había dejado noqueados con una intervención muy dura hacia mi persona y no nos dimos cuenta”, admitió el portavoz del Grupo Popular. En este sentido, reprochó al primer edil que no permitiera repetirse esta votación, “cuando en otro punto se ha equivocado una concejala del PSOE votando a favor de una moción nuestra y en ese caso sí se ha repetido la votación”.

En cualquier caso, Postigo insistió en que durante su intervención quedó “muy clara” la postura de su grupo, favorable al rechazo del requerimiento de la Delegación y el abono de la parte de la paga extra en liza, “y así se ha solicitado que conste en acta”.

El Gobierno central, en un escrito remitido a través de la Subdelegación del Gobierno y notificado el pasado 19 de febrero, había dado un mes de plazo al Ayuntamiento de Segovia para anular el acuerdo municipal del día 3 del mismo mes. En éste, el Pleno reconocía el derecho de los trabajadores del Consistorio a cobrar la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012 generada entre el 1 de junio y el 14 de julio de ese año, hasta que entró en vigor la decisión del Gobierno de suprimirla. Para ello reservó una partida de unos 220.000 euros dentro del presupuesto municipal de este año, al que también se dio luz verde (aprobación inicial) en la misma sesión.

La concejala de Gobierno Interior y Personal del Consistorio Segoviano, María Luisa Delgado, ya avanzó entonces a Ical que el abono de la cantidad devengada se haría efectivo “probablemente” a finales de marzo, junto con la nómina de ese mes. Así sería, subrayó, si el Gobierno no llevaba el asunto a la vía contencioso administrativa, “como ya ha ocurrido en otros ayuntamientos a los que ha obligado a retractarse”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considera que todas las administraciones públicas deben seguir aplicando el real decreto por el que se aprobó la extra (julio de 2012) mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie, con independencia de las sentencias judiciales que en los últimos meses han anulado el carácter retroactivo de esta norma, aunque no son firmes. Y de acuerdo con ese criterio, ha enviado decenas de requerimientos de anulación a ayuntamientos de toda España, incluido el de Segovia.

En este caso la cuestión es qué llegará antes: el abono efectivo de la extra, que podría producirse entre este mes y el próximo, dependiendo de las alegaciones que se presenten a la aprobación inicial del presupuesto general del Consistorio para 2014; o una hipotética suspensión cautelar del pago, si es que no se ha producido ya cuando el asunto llegue a manos del juez.

Entretanto, el rechazo del requerimiento de anulación y la ratificación del acuerdo plenario del 3 de febrero “en todos sus términos” salió adelante con los citados votos a favor de PSOE e IU y la abstención del PP por error. Aunque las diferencias entre socialistas y populares volvieron a evidenciarse durante el debate previo a la votación. En él, el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, volvió a criticar que el PP adopte posturas contrarias en el Gobierno central y la Administración municipal; y el portavoz del principal partido de la oposición, Jesús Postigo, por su parte, argumentó que su primer objetivo “son los segovianos”.

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