El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Segovia, Pablo Pérez, destacó hoy que, por segunda vez en sede judicial, se ha demostrado que el equipo de Gobierno de Clara Luquero ha fragmentado un contrato para saltarse la legalidad y concedérselo a dedo a una persona determinada, en este caso, al hermano de la concejala socialista, Gina Aguiar, para el servicio técnico de los espectáculos y eventos en La Cárcel-Centro de Creación y condena en costas al Ayuntamiento de Segovia
Los concejales del PP dejaron claro que el titular del Contencioso Administrativo estima “totalmente el recurso interpuesto” por su formación contra el decreto de adjudicación de los servicios técnicos de La Cárcel-Centro de Creación.
“El juez reconoce en su sentencia que el Ayuntamiento de Segovia ha cometido un doble fraccionamiento de contrato”, argumentaron, al señalar que “el trámite del contrato menor de manera ilegal” puesto que los servicios objeto del contrato se llevan desarrollando en este espacio municipal desde el año 2011, siendo responsable de cultura la actual alcaldesa y “no responden a una necesidad esporádica ni puntual sino permanente”.
En el texto de la sentencia, el juez incide en que la actuación municipal es claramente ilegal porque es una necesidad permanente y han utilizado la figura del contrato menor para eludir los controles administrativos que la legislación establece. Desde el PP subrayaron que la sentencia dice que “el propio Ayuntamiento de Segovia reconoce que no era una necesidad esporádica al sacar ahora el contrato de estos servicios a licitación pública”, además de recordar el juez, igual que la sentencia del caso Trípode, “la ausencia del preceptivo informe jurídico exigible en todos los contratos menores”.
Pablo Pérez afirmó que, tras el caso Trípode y ahora contrato de los servicios técnicos de la Cárcel al hermano de la concejala socialista, Gina Aguiar, es la alcaldesa la que “debe de asumir responsabilidades por firmar un decreto de contratación ilegal y sin el preceptivo informe de la secretaria general, a sabiendas de que este contrato, además, se estaba adjudicando al hermano de la concejala Gina Aguiar”.
Tal y como anunciaron hace unos días tras el juicio, el grupo municipal del Partido Popular está estudiando ya las consecuencias políticas que esta nueva sentencia puede tener para la alcaldesa Clara Luquero.
Por último y con respecto a la nota enviada por Alcaldía, el PP en el Ayuntamiento recordó que la demanda que interpuso no fue contra la concejala Gina Aguiar sino contra un procedimiento ilegal. “Sorprende ver cómo el gobierno municipal socialista hace una lectura penal de un proceso contencioso administrativo y cómo la alcaldesa, que es quien firma el decreto de adjudicación, intenta confundir a los ciudadanos intentando esconder un procedimiento ilegal, amparado por su firma”, resaltó Pablo Pérez.
