El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, mantiene una reunión con la Junta Directiva de la Federación Empresarial Segoviana (FES)

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresas (Cepyme), Gerardo Cuerva, denunció las medidas del Gobierno central que “ponen en la diana” al sector empresarial y aseguró que “vienen del lado del intervencionismo”. Esto, supone “un sometimiento de la sociedad a la dicotomía de la empresa o el progreso”, sin tener en cuenta que “el progreso viene del lado de la empresa”.

Además, durante su encuentro con la Junta Directiva de la Federación Empresarial Segoviana (FES), puso sobre la mesa que el sector empresarial en la provincia de Segovia se desenvuelve en un terreno “hostil” y, aseguró que, ahora más que nunca, el mundo asociativo “debemos ser fundamentales en la defensa de los intereses empresariales”.

Asimismo, junto con la FES atendieron a los problemas de industrialización que marcan al sector empresarial segoviano, dedicado en un 95 por ciento al tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa, siendo también “esa pata que nos falta al conjunto de España” y que, detrás de esta, se genera un sistema económico “que hace que la sociedad progrese de la mejor forma”.

Por otra parte, el presidente de la FES, Andrés Ortega, hizo una mención especial a los objetivos conseguidos como la puesta en marcha del Plan Territorial de Fomento de la ciudad, “a través del cual se han celebrado dos mesas de trabajo, en las que hablaremos del proyecto dinamizador del tejido empresarial segoviano”, como es el Puerto Seco con el desarrollo del polígono industrial Prado del Hoyo. Este, según indicó Ortega, “se convertirá en un motor empresarial que supondrá un punto de inflexión con la instalación de nueva industria”.

Diálogo social

En relación con las medidas acordadas por el Gobierno central, el presidente de Cepyme declaró que en las últimas semanas se han conocido distintos acuerdos políticos que “preocupan” porque establecen medidas como la fiscalización de los beneficios, algo que “no es el camino”, puesto que la empresa tiene que generar recursos y tener la libertad de empresa y el libre mercado, para que “el empresario pueda decidir donde implantarse”.

Además, aseguró que las medidas anunciadas ponen “más restricciones en un débil e inflexible mercado” que desprecia el diálogo social, algo que “en los últimos cuarenta y cinco años ha conseguido mantener la paz social”. En este sentido, subrayó que la relación entre empresarios y sindicatos, “ha conseguido hacer mejor al país que tenemos”, algo que “no está fomentando el Gobierno central”, puesto que “impone al futuro decisiones que no pasan por el diálogo social e, incluso, que ponen en juego acuerdos recientes”, como el despido o la reducción de la jornada laboral.

Por ello, expresó que es el momento de apostar por la empresa y el progreso, “haciendo un entorno en el que impere la seguridad jurídica la estabilidad y la certidumbre”, esenciales para un entorno económico y de progreso.

Salario Mínimo Interprofesional

En cuanto a la polémica ocasionada por la subida del Salario Mínimo Interprofesional, Cuerva declaró que “hemos dado un paso para evidenciar que el mundo empresarial intenta negociar”, aunque “esta medida desmesurada y no controlada” que hace que haya subido el sesenta por ciento del salario mínimo en España, “ha puesto en jaque a muchos sectores”.

Por ello, desde Cepyme se consideró que existen condiciones que se ponen en referencia a la subida del salario mínimo que “son fundamentales”, como son los contratos públicos. Además, denunció que el Gobierno propone medidas para la empresa privada que “luego no se aplica a sí mismo”.

En este sentido, explicó que existen muchos contratos públicos en los que la base es la mano de obra ligada al salario mínimo, por lo que “no entendemos como se puede proponer la subida sin actualizar los contratos públicos teniendo en cuenta las subidas propuestas”, dejando fuera a muchas empresas que “conducen a la desaparición”, en concreto, en el sector de la agricultura “que lleva veinticinco meses perdiendo empleo”.