La Junta de Castilla y León exigió hoy al Gobierno central que cumpla con su palabra de reformar la ley de Sanidad para que las comunidades tengan una herramienta legal para aplicar las restricciones y, si no fuera así, mantener el estado de alarma, cuya vigencia concluye el próximo 9 de mayo.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se refirió así a la posición de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el día en que visita Valladolid la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien mantiene que las autonomías disponen de los mecanismos legales para las medidas que adopten fuera del estado de alarma.
«Cualquiera de las dos opciones sirve», apuntó el vicepresidente, que centró la critica en el Gobierno y en su presidente por lo que calificó de «subcontrata» de la gestión de la pandemia a las comunidades, de manera que estimó que no les preocupa pero sí a quien tiene la subcontrata, como la Junta de Castilla y León.
También, se mostró convencido de que no será suficiente con la aplicación de las medidas bajo la cobertura del Consejo Interterritorial de Salud y subrayó que todo el mundo sabe y también el presidente que la restricción de derechos fundamentales no está permitida el derecho ordinario y está sujeta a los tribunales.
Por ello, insistió en que el Gobierno cumpla su palabra de modificar la ley de Sanidad y añadió que si entiende que no es necesario el estado de alarma no se sabe porque seguimos con él. «La realidad es que vemos con preocupación el fin del estado de alarma por la complejidad de las medidas», anotó.
Tras acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «de poner por delante otras consideraciones» y dejar la gestión de la pandemia en una «subcontrata» con las autonomías, manifestó que la Junta trabaja para que las restricciones sean las mínimas cuando se produzca el final del estado de alarma.
