El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta autorizó hoy al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, a iniciar los procedimientos de impugnación “inmediata” en los tribunales Constitucional o el Supremo o en la Audiencia Nacional cuando se produzca la materialización formal de los acuerdos políticos de Pedro Sánchez con sus socios independentistas catalanes sobre la amnistía y la quita de deuda a Cataluña.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, compareció en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia de Castilla y León, para dar cuenta de los acuerdos alcanzados y la posición fijada por el Gobierno regional hoy, tras analizar los pactos del PSOE para la investidura de Sánchez, que “atentan gravemente contra España y Castilla y León, contra nuestro marco de convivencia”, dijo. “Esa es la conclusión clara”, sentenció.
Mañueco garantizó, según recogió la Agencia Ical, que desde el Ejecutivo autonómica serán “firmes y tajantes” en la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de principios como la libertad, la igualdad, la solidaridad y la cohesión territorial. El jefe del Ejecutivo autonómico garantizó su “firmeza y determinación”: “Ni nos vamos a cruzar de brazos, ni vamos a mirar para otro lado”, sentenció.
Alfonso Fernández Mañueco aclaró que los acuerdos de hoy autorizan al consejero de la Presidencia, en primer lugar, a recurrir ante el Constitucional la amnistía; y en segundo lugar a la impugnación de la condonación de la deuda a través de un recurso de inconstitucionalidad o un contencioso administrativo. “Vamos a acudir a la Justicia frente a los abusos de poder de Sánchez y por que es injusto, insolidario y al ser un privilegio absolutamente intolerable”, dijo, para denunciar que esos acuerdo “privilegian a unos socios y agraviando al resto”. “Ejerceremos el liderazgo que nos corresponde para defender a los castellanos y leoneses ante la Justicia. Nos debemos a ellos y se lo merecen”, resumió.
“La democracia y el Estado de Derecho triunfarán”, se mostró convencido el presidente, en presencia de miembros de su Ejecutivo como el vicepresidente Juan García-Gallardo y los consejeros de Presidencia, Luis Miguel González Gago, y Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo.
Mañueco expuso que la amnistía es una “ataque al Estado de Derecho y una aberración política” que revela una “sumisión ante los separatistas”, una “concesión inadmisible con consecuencias negativas para todos”. Un ataque, dijo, para “cualquiera que cumple las normas”, un “atentado a su dignidad”. Asimismo, razonó que “no puede ser por España lo que va claramente contra España, ni por el interés general, lo que es un interés particular”, ni “por la convivencia, sino que va contra ella, contra la Constitución y nos enfrenta a todos”.
En cuanto a perdonar 15.000 millones de deuda a Cataluña, criticó que se pagará con impuestos de todos los españoles para que Sánchez “conserve su sillón”. “Ha pasado de una compra-venta a una absoluta estafa”, dijo, para denunciar la “estafa” a todos los ciudadanos, y la “afrenta a todas las autonomías” y pedir la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un “instrumento que también ha pisoteado Sánchez». No en vano, consideró que las cuestiones “multilaterales” tienen que discutirse en ese órgano al estar representadas todas las comunidades y no en mesa “bilaterales” con los socios del candidato del PSOE a la Presidencia.
Fernández Mañueco lamentó que no haya dinero para los ganaderos y los agricultores de la Comunidad, a los que se les mueren las vacas o sufren la sequía ni para el regadío; el bono de vivienda joven, que deja fuera a tres de cada jóvenes; los soterramientos de Valladolid, Palencia y León; el tren directo de Burgos; el corredor Atlántico; la mejora de las frecuencias del tren entre Salamanca y Madrid; la autovía de Soria; la eliminación de los peajes de Ávila y Segovia; el campamento militar de Monte la Reina, en Zamora; las 346 paradas de autobús que quiere eliminar de los pueblos ni para conectar con internet todo el territorio. “En cambio, sí tiene 15.000 millones de euros para sus ocios”, sentenció.
No entrar en la “subasta”Preguntado por si la Junta demandará en esa reunión la condonación total de la deuda de Castilla y León, Mañueco dejó claro que la Comunidad no va entrar en la “subasta” ni en “juegos de números”. No en vano, reiteró que se habla de los impuestos de todos los españoles para mejorar su calidad de vida pero no para los intereses particulares de Pedro Sánchez ni “consolidar” las aspiraciones de los separatistas.
En todo caso, apuntó que la postura de la Junta será pedir una negociación multilateral de un nuevo modelo de negociación autonómico por ser “viejo” y “malo”; cubrir el coste de los servicios públicos; corregir el déficit de infraestructuras para el crecimiento de la Comunidad y contar con un desarrollo “equilibrado”, “armónico” y de cohesión territorial del país.
A su juicio, que no se puede “castigar” a una comunidad autónoma como Castilla y León, que ha gestiona con “eficacia” y ser capaz de bajar los impuestos, con la contención de la deuda, y tener los mejores servicios públicos de toda España. “No se puede premiar a quienes han despilfarrado en tramas separatistas”, reiteró.
Tras señalar que ha ordenado a los Servicios Jurídicos para que trabajan en la elaboración de los textos para sustentar los procedimientos de impugnación y la solicitud del informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, subrayó que los acuerdos políticos sobre la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña pueden atentar contra los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España, además de menoscabar la financiación y recursos públicos para el mantenimiento de servicios esenciales para la ciudadanía de Castilla y León.
Fernández Mañueco también quiso dejar claro que, “más allá de las valoraciones de cualquier miembro de su equipo de Gobierno”, se trata de la postura de la Junta. “Sabemos que la subasta no ha terminado”, aseveró.
Por último, el presidente del Ejecutivo autonómico manifestó que la amnistía que plantea ahora el Partido Socialista no tiene “nada que ver” con la aprobada, por la “inmensa mayoría” por el Congreso de los Diputados, en el año 1977. “No hablamos de una parte de España contra con otra parte de España. Fue casi todo el Parlamento, además de suceder en la transición de un régimen dictatorial a uno democrático. Son cuestiones totalmente distintas”, aseveró.