Así de contundente se ha mostrado, tras el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el consejero Portavoz diciendo que «Castilla y León no quiere las sobras». Carlos Fernández Carriedo aludía de este modo a la financiación autonómica.
El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, sentenció que Castilla y León no quiere las “sobras” de la financiación autonómica del pacto entre el Gobierno y los separatistas.
Asimismo, exigió una negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se reunirá el próximo 26 de febrero, “en condiciones de igualdad”.
“El Gobierno primero pacta con los separatistas y con lo que sobre, reúne al resto para repartirlo. No queremos las sobras”, respondió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
«Perjudicial para Castilla y León»
Carlos Fernández Carriedo insistió en que el problema no es que el Ministerio de Hacienda rechace incluir la despoblación y la orografía en los criterios de reparto para el nuevo modelo de financiación. El “problema”, añadió, es que hay «un modelo con los separatistas catalanes». Y, además, ese modelo que “quiere extrapolar es perjudicial para España y muy perjudicial para Castilla y León”.
Carriedo incidió una y otra vez en que Castilla y León ya plasmó su postura sobre el modelo de financiación en su respuesta de enero de 2022, al documento elaborado por Hacienda que remitió a las autonomías en diciembre de 2021, donde dejó claro que que los criterios de despoblación “deberían verse establecidos, mejorados e incrementados”, pero lo “novedosos” es que el Gobierno “ya va con una posición previa” en un acuerdo que quiere garantizar cumpliendo con separatistas que buscan “la salida de un territorio del sistema de régimen común y la creación de una agencia tributaria propia al margen de la estatal”. “Esto supone un perjuicio general para España y para Castilla y León y es la novedad”, repitió.
El consejero portavoz recalcó que no es nuevo que cada territorio “haga hincapié en las variables de reparto” que mas le interesan, sino que “se trate de imponer la agenda pactada con los separatistas a todos y se plasme en un documento contrario a los intereses de España y de Castilla y León”, informa Ical.
Territorio, población y otras variables
Carriedo repitió que no es ninguna novedad el debate sobre el peso de las variables y denunció que las vinculadas al territorio están poco valoradas en el modelo actual y Castilla y León está muy interesada en su ponderación con mayor peso, frente a los intereses de otras regiones.
Al respecto, argumentó que “es una realidad que una parte del coste efectivo tiene que ver con el territorio” porque “es más caro prestar servicios sanitarios y educativos a una población dispersa” pero también comentó que “hay competencias que se prestan al territorio, como la extinción de incendios, el patrimonio histórico y la red de carreteras, cuyos el gastos tienen mucho más que ver con las hectáreas que con la población”.
El modelo actual incluye superficie, densidad e insularidad como variables territoriales, pero “insuficientemente ponderadas”, sentenció.
Por último, insistió en su oferta de diálogo a los grupos políticos de las Cortes regionales para acudir a la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición de Comunidad. “Nos gustaría disponer de una posición de Comunidad a defender ese día”, sentenció.
