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Segovia
miércoles, 8 abril, 2026

Segovia, en la ruta de la pobreza

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Segovia (PAH), según la noticia publicada por el Acueducto-2 el pasado 14 de agosto bajo el titular ‘Segovia en la ruta de los okupas’, en relación con las declaraciones del Alcalde de El Espinar sobre el Bloque de San Rafael, quieren manifestar que:

«La vulneración al derecho al padrón que está ejerciendo el Ayuntamiento de El Espinar, en Segovia, y del que se jacta su Alcalde, Javier Figueredo, del PP, como dice en la entrevista del citado periódico digital, va contra las Resoluciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del año 2015 y 2020, que clarifica algunas cuestiones en materia de empadronamiento e impide a la práctica que los Ayuntamientos puedan obstaculizar el padrón a familias que se encuentran en situación de ocupación, lo que Figueredo está haciendo desde que llegó a la Alcaldía.

El padrón es un registro estadístico que recoge el número de personas que viven en un municipio y por ello es la puerta de acceso a derechos básicos: como el acceso al sistema público de salud o a la educación, y las administraciones locales tienen la obligación de proporcionarlo a todos sus vecinos y vecinas sin discriminación. Por tanto, el Ayuntamiento de El Espinar está incumpliendo una normativa que proviene de la Constitución, de la Ley y de las citadas resoluciones. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A- 2020-4784
El edificio citado de San Rafael consta de 14 viviendas y la mayoría tienen contrato de alquiler en vigor. Dichos alquileres están firmados con la entidad Herzuri Construcciones, S.L, constructora que entendemos es a la mafia que se refiere el Alcalde Figueredo en sus declaraciones, ya que la empresa siguió cobrando el alquiler a las familias hasta agosto de 2018, cuando el bloque ya pertenecía a la SAREB, nueva propietaria desde el 21.12.2017 tras un procedimiento de ejecución hipotecaria y registrada a su nombre el 5.2.2018. Esta nueva situación no se comunicó a los inquilinos afectados por ninguna de las dos partes. Se enteraron cuando les llegó la orden de lanzamiento que no llegó a producirse por el reconocimiento a su derecho a permanecer en ellas en la sentencia del 1 de octubre de 2019 del Juzgado nº 5 de 1ª Instancia e Instrucción de Segovia.
En la actualidad, Pah Segovia con las afectadas estamos en conversaciones con la SAREB para regularizar la situación del Bloque, y conseguir las renovaciones de los alquileres ya sean sociales o asequibles según el grado de vulnerabilidad de cada familia.

Hay dos familias que nos consta que están ocupando y son las únicas solicitantes del empadronamiento, ya que el resto de inquilinos lo están desde hace varios años. Ambas son de origen magrebí. Una tiene dos hijos menores, lleva en España más de 15 años trabajando y la otra, con nacionalidad española está embarazada de 9 meses, suponemos que la próxima semana habrá dado a luz sin estar empadronada gracias a su Alcalde, que en lugar de protegerlas y más sabiendo que ambas tienen antecedentes de violencia de género, información que conoce por la documentación enviada con la solicitud de empadronamiento el 6 de junio, parece estar más preocupado de su origen que de facilitar su integración en la comunidad de su Municipio.
En la Pah llevamos trabajando desde hace más de 10 años el derecho a una vivienda digna y adecuada para toda la ciudadanía pero los distintos gobiernos, sin la voluntad política de proteger la vivienda como bien de uso social solo han conseguido que el parque público de vivienda social no llegue ni al 2% frente al 15% de media de los países de nuestro entorno, parque que se podría incrementar con las viviendas procedentes de entidades bancarias rescatadas con dinero público que no van a devolver y de fondos buitre que las han conseguido a precio de saldo y que mantienen vacías para especular con ellas.
Con este ínfimo parque de vivienda social, la ocupación de viviendas vacías de familias en situación de vulnerabilidad es en estos momentos la única opción de acceso a un techo para muchas familias que han sido desahuciadas por no poder pagar la hipoteca o el alquiler por causas sobrevenidas y de buena fe. Criminalizar la ocupación con la connivencia de los medios de comunicación, a base de reportajes, noticias y tertulias parciales y tendenciosas y, en este caso, las declaraciones de un alcalde irresponsable o con oscuras intenciones, para no afrontar la emergencia habitacional y social de las familias vulnerables.
Javier Figueredo, Alcalde de El Espinar ha mentido….

– Ni todo el bloque son viviendas ocupadas
– Ni todas son familias marroquíes
– Ni es potestad de la Alcaldía negar el empadronamiento.»

 

Texto firmado por Pah Segovia, asociación de afectados por la hipoteca.

 

8 zonas de salud segovianas, en riesgo

La Junta insiste en sus recomendaciones de restringir el contacto social “al máximo”, evitar reuniones de más de 10 personas y limitar la exposición en espacios cerrados en 89 zonas de salud de la Comunidad, donde la incidencia es superior a cinco casos de COVID-19 por cada 10.000 tarjetas sanitarias y que se expresa en color naranja en el mapa del portal abierto del Gobierno regional.

Así, Ávila mantiene dos, Las Navas del Marqués y El Barco de Ávila; mientras que Burgos, una de las provincias que genera mayor preocupación con zonas de salud en esta situación, aumenta en cuatro, hasta totalizar una veintena. Valle de Valdebezana, Burgos Rural Norte, Lerma y Salas de los Infantes se suman a Aranda Rural, Melgar Fernamental, Sedano, Briviesca, Burgos Rural Sur, Quintanar de la Sierra, Villarcayo, Valle de Mena, Medina de Pomar, Belorado, Huerta de Rey, Roa de Duero y Espinosa de los Monteros, además de Santa Clara, Cristóbal Acosta, I. López Sáiz y Los Comuneros, estas tres en Burgos capital. Sin olvidar que Aranda Norte y Aranda Sur, en el municipio ribereño, están en transmisión comunitaria y confinadas.

En León, a las ya conocidas de Villafranca del Bierzo, Astorga I y II y Bañeza I se suma la zona básica de salud de Mansilla de las Mulas. En Palencia se mantienen las de Saldaña, Cervera, Palencia Rural y Villada, con lo que hay cuatro zonas por encima de cinco casos de contagio por cada 10.000 tarjetas sanitarias.

En Segovia, a las ya teñidas de naranja zonas básicas de salud de Cuéllar, Villacastín, Cantalejo, Fuentesaúco, Sacramenia y Navafría se suman las de Riaza y Sepúlveda; y Zamora se mantiene en cuatro, pero con un matiz: Villarrín, Puebla de Sanabria y Alta Sanabria continúan desde ayer en una lista de la que sale Alcañices por la mejora de las tasas pero en la que entra la zona básica de Zamora Norte.

Por su parte, Salamanca sigue sumando y son ya 22 las zonas básicas de salud en esta situación. En la provincia se trata de Miranda de Castañar, Cantalapiedra y Vigudino, que entran en la lista naranja y se unen a Robleda, Guijuelo, Matilla de los Caños, Periurbano Sur, Pedrosillo el Ralo, Aldeadávila de la Ribera, Alba de Tormes, Fuente de San Esteban, Lumbrales y La Alberca. En lo que a la capital se refiere, siguen estando afectadas las zonas de Capuchinos, San José, Elena Ginel Díez, Miguel Armijo, Garrido Norte y Sur, San Juan, Universidad-Centro y Pizarrales.

En Valladolid son 14 en total, cinco de carácter rural: Cigales, Valladolid Rural II, Serrada, Esguevillas de Esgueva y Portillo, esta última entra hoy; y ocho en la capital: La Victoria, Canterac, Plaza del Ejército, Circunvalación, Delicias II, Circular, Pilarica y Tórtola, que se mantienen desde ayer, y Rondilla I, que entra hoy, con 11 casos y una tasa de 11,58 positivos por cada 10.000 tarjetas.

Por último, en la provincia de Soria se encuentran en color naranja diez zonas básicas de salud: San Leonardo de Yagüe, Soria Rural, Almazán, Soria Norte y Sur, Berlanga de Duero, Gómara, Arcos de Jalón, Ólvega y San Pedro Manrique.

Castilla y León ha perdido el 20% de su población

Castilla y León es junto con Extremadura la única comunidad que vienen sufriendo una pérdida de población continuada en los últimos sesenta años, en los que ha visto reducido su número de habitantes en un 20 por ciento, al pasar de los más de 2,9 millones de habitantes en 1959 a poco más de 2,4 millones en 2018, según se pone de manifiesto en el Observatorio de la Migraciones en Casitlla y León de Comisiones Obreras.

En el informe se destaca que la inmigración ha frenado la caída de población y ha rejuvenecido los municipios, dado que el saldo migratorio de Castilla y León ha sido negativo siempre salvo en el periodo de 2001 a 2011 y en los dos últimos años. Hasta los años ochenta el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) era positivo, pero no lo suficiente como para compensar todas las personas que se iban de la Comunidad, tendencia que se logró revertir en el primer decenio de 2000 con la llegada de inmigrantes, pero que se acentuó de nuevo con la crisis del 2007.

En la Comunidad la población de origen extranjero supone el 5 por ciento, llegando al 11 por ciento en Segovia, al 8,4 por ciento en Soria y al 7,4 por ciento en Burgos. En el lado contrario se sitúa Zamora (3,4 por ciento), Salamanca (4 por ciento), Palencia (4,1 por ciento) y León (4,2 por ciento). En Ávila la población extranjera supone el 6 por ciento y en Valladolid el 4,8 por ciento.

La edad media de la población en la Comunidad es de 48,4 años. Zamora es la provincia con la población más envejecida con una media de 51,5 años, llegando la de las mujeres a 52,9 años. Las siguientes son León, con 49 años, y Salamanca, con 48,2 años. Las provincias menos envejecidas son Valladolid y Segovia, ambas con 45,9 años de media, seguidas de Burgos (47,5 años), Soria (47,6 años), Ávila (47,8) y Palencia (48).

La edad media de los extranjeros en la Comunidad es de 34,1 años, mientras que la de los nacionales sube hasta los 47,6, mientras que en el conjunto de España los emigrantes tiene una edad media de 36,1 años y los nacionales de 43,3 años.

En el estudio también se hace referencia a datos del INE de 2018 en los Castilla y León presentó el segundo peor saldo migratorio (-4.251), solo superada por Andalucía (-5.898), y se advierte que casi la mitad de las personas que decidieron abandonar la Comunidad tenían entre 25 y 29 años.

Las provincias de origen con mayor número de migraciones con destino a otras provincias son: León, Valladolid, Burgos y Salamanca en este orden. En ocho de las nueve provincias, Madrid es el primer destino. Sólo en Palencia el primer puesto lo ocupa Valladolid.

Además, este saldo negativo también tiene su reflejo en el mercado laboral. Según los datos de registro de contratos del SEPE para 2018, en Castilla y León se registraron un total de 971.519 contratos. De éstos, 83.968 requirieron desplazamiento de los trabajadoras desde otras Comunidades hacia Castilla y León, sin embargo se firmaron 120.505 contratos que supusieron salir de la Comunidad para llevar a cabo el trabajo.

Las salidas por números de contratos se realizaron sobre todo a la Comunidad de Madrid (38 por ciento), al País Vasco (11 por ciento), a Cataluña (8 por ciento), a Andalucía (8 por ciento) y a Galicia (5 por ciento). .

El perfil de las personas que se mueven entre comunidades para trabajar apunta que en Castilla y León, la mayor tasa de movilidad por nivel educativo se da en personas con Educación Superior (14 por ciento). Por sectores económicos, son la agricultura y la construcción los que presentan la tasa de movilidad más alta, 24 por ciento y 18 por ciento respectivamente.

La tasa de movilidad interprovincial de España es el 14 por ciento. Todas las provincias de nuestra Comunidad están por encima aunque ninguna alcanza a Cuenca que es la primera en el ranking con un 33 por ciento de movilidad.

Ávila aparece en cabeza con una tasa de movilidad interprovincial en la contratación del 22,4 por ciento, por delante de Segovia (19,7 por ciento), Zamora (18,4 por ciento) y Soria (18 por ciento). En el lado contrario aparece Valladolid (14,7 por ciento), Salamanca (14,8 por ciento), Palencia (15,2 por ciento), León (15,5 por ciento) y Burgos (16,8 por ciento).

Crisis

En el informe también se apuntan los efectos demográficos de la crisis económica de 2007, ya que en la Comunidad pasó de haber un flujo de personas españolas que emigraban al extranjero de 1.365 en 2008, a 2.194 en 2011 y a 4.632 en 2015. Es decir, se cuadriplicó el número en siete años.

Pero además, la entrada de emigrantes se frenó y desde 2007, cuando se alcanzaron los 40.000, se produjo una caída progresiva. Aunque en los últimos años la situación ha mejorado, en 2016 sólo fueron 8.140 los emigrantes registrados.

La mascarilla sólo se puede quitar en las terrazas para “consumir”

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, aseguró hoy, sobre la polémica de fumar en las terrazas, que la normativa de Castilla y León dice que sólo se puede tener quitada la mascarilla “cuando se está consumiendo”, es decir, “comiendo o bebiendo”. Sólo en esos intervalos de tiempo se puede estar sin mascarilla, un aspecto que puede resultar “duro”, porque ahora “estamos todos en las terrazas”, pero “tiene que ser así” para evitar que muchas personas enfermen y “otros puedan perder la vida”.

Luquero recordó que afortunadamente la capital no ha sufrido ningún brote de COVID-19 y hay que seguir haciendo todo lo posible para que no suceda y “esto depende de cada uno de nosotros”. La alcaldesa de Segovia realizó un llamada a la responsabilidad personal en el uso de las mascarillas en las terrazas “todo el tiempo menos cuando vayamos a consumir”. Un acto que pueden ayudar a que muchas personas no se contagien.

Luquero señaló una vez más que cada ciudadano tiene que asumir su responsabilidad en el cumplimiento de las normas. “Nosotros podemos ir acabando con el virus si somos prudentes”, sostuvo y se dirigió a los más jóvenes para que eviten a toda costa “las no fiestas” y eviten a toda costa las aglomeraciones y concentraciones.

La alcaldesa de Segovia remarcó que está bajando la edad de los casos positivos por coronavirus que suelen tener un paso leve por la enfermedad pero pueden contagiar a personas que quieren que tienen “mayor riesgo y debilidad”.

Castilla y León ganará 124 guardias civiles tras el último concurso de traslados

Castilla y León contará después de verano con 124 guardias civiles más tras el último concurso de traslados de la Benemérita, porque la llegada de 225 agentes de otras comunidades de España superará, con creces, la salida de 101 efectivos. De esta manera, la región rompe la tendencia de los últimos años que cada movimiento de personal de la Benemérita perdía agentes. Hasta la fecha, los guardias civiles que prestaban servicios en Castilla y León consideraban la Comunidad como un lugar de paso, hasta lograr un destino más apetecible. De esta manera, no lograba retener a los agentes de este cuerpo y se convertía en un territorio ‘exportador’ de guardias civiles.

El Boletín Oficial de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la Agencia Ical, publica un avance de la asignación de vacantes por antigüedad, en la escala de guardias, por lo que aún faltaría la definitiva. Una vez que el boletín interno de la Benémerita haga oficial la provisión de las vacantes, los agentes dispondrán de un mes para su incorporación al nuevo destino. Todo hace indicar que eso sucederá tras el verano.

De momento y a falta de que pueda haber alguna modificación, las provincias de Burgos, Segovia y Soria serían las más beneficiadas con en el primer concurso de traslados de 2020. Lo habitual es que la Guardia Civil cuente con dos movimientos de personal al año, aunque la epidemia del COVID-19 y el estado de alarma durante tres meses lo ha retrasado todo. Todos los territorios ganan efectivos, salvo León, que perderá tres efectivos, con la llegada de nueve guardias de otras comunidades y la salida de 12.

Soria es, sin duda, el territorio con más movimiento de efectivos en los cuarteles puesto que, según el concurso provisional de traslados, sumará 57 nuevos agentes, procedentes de otras regiones del país. Una cifra que casi triplica el número que está previsto que se vaya a otros destinos, con 20. El segundo destino con más llegadas es Burgos, que después de verano contará con 24 efectivos más, con la llegada de 51 y la marcha de 27. Segovia también contará con un saldo positivo de 24 agentes, con 30 llegadas y seis salidas.

Valladolid que es, junto a León, una de las provincias que, tradicionalmente, cuenta con pocos movimientos al ser una comandancia ocupada por agentes veteranos que apenas se mueven en los concursos también saldrá beneficiada con este movimiento de personal. No en vano, está previsto que lleguen 15 guardias procedentes de otras comunidades y solo registrará dos pérdidas.

Ávila sumará 21 nuevos agentes aunque verá cómo 16 eligen otros destinos del país, seguido de Salamanca (17 altas y ocho bajas) y Palencia (16 llegan y siete se van) y Zamora, que también tendrá un saldo positivo con nueve guardias nuevos y tres que han solicitado otras provincias.

Traslados interiores

A estos movimientos, hay que añadir los cambios existentes entre unidades y cuarteles en la propia provincia. En total, son 157 traslados de personal en el mismo territorio repartidos entre los 31 de Valladolid, los 25 de Salamanca, los 22 de Palencia y los 18 de Ávila. Además, Zamora acumula 16 guardias que cambian de cuartel en la misma provincia; Burgos, 14; Segovia, 13; Soria, 11, y siete en León.

La asignación provisional de destinos de la Guardia Civil también recoge los traslados de efectivos entre provincias de Castilla y León. De esta manera, Valladolid recibirá una veintena de guardias de otros territorios de la Comunidad, seguido de Burgos (19), Segovia y Zamora (17, en cada caso) y Ávila (14). Por su parte, la provincia de Palencia incrementará su plantilla en 12 profesionales procedentes de otros cuarteles de la región mientras que en Salamanca aumentará en 11 personas. Las provincias menos beneficiadas por estos traslados son León, con cinco, y Soria, con tres.

El secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) en Castilla y León, Óscar Manuel Castro, mostró su satisfacción por la llegada a la Comunidad de 225 agentes, frente a lo que ha ocurrido en los últimos años. Eso sí, lamentó a la Agencia Ical que el centenar de guardias que sale de la región es personal veterano. «La mayoría de los que se incorporan, por ejemplo en Burgos, es gente que fue nombrada este año como profesional, tras realizar las prácticas una vez aprobada la oposición, por lo que llevan poco tiempo en el Cuerpo», expuso.

En todo caso, aseguró que ganar efectivos es siempre «positivo» aunque precisó que contar con gente «veterana» y con experiencia en las comandancias es importante. Citó los casos de la provincia de León y Valladolid, con escasos movimientos de personal y solo es posible llegar a esos lugares con mucha antigüedad. Castro precisó que la Benemérita en Castilla y León cuenta con muchas personas originarias de Galicia y Asturias, que buscar estar cerca de sus comunidades hasta que puedan optar a un destino en su tierra.

El responsable autonómico de UniónGC reconoció que muchos destinos de la Comunidad son poco atractivos para los guardias civiles con familia. “Vivir en algunos puestos de las zonas rurales dificulta el asentamiento de las familias con hijos de los guardias civiles, ante la falta de unos servicios mínimos como institutos para los hijos”, precisó.

Reestructuración territorial

Óscar Manuel Castro reiteró la necesidad de acometer una reestructuración del despliegue territorial de los puestos de la Guardia Civil “más eficiente”, que es más urgente en una Comunidad como Castilla y León con una población tan dispersa. Apostó por modelo con un puesto en cada cabecera de comarca, abierto las 24 horas al día y dotado con al menos 40 guardias. “De nada sirve tener un cuartel cerrado o prestar un mal servicio por que los agentes no pueden atender al ciudadano ‘in situ’ al estar en algún servicio o patrullando», significó.

Segovia aumenta su oferta turística: 3 establecimientos más en plena pandemia

La oferta de establecimientos turísticos creció un 7,21 por ciento en Castilla y León en el último año, hasta los 9.206 (619 más en total), pese a la irrupción de la pandemia por coronavirus, de acuerdo con los datos que recoge la Junta en el Boletín de Coyuntura Turística de Castilla y León de junio de 2020. El informe recoge que el 44,8 por ciento de los establecimientos turísticos de la Comunidad son casas rurales, el 25,5 por ciento viviendas de uso turístico, el 20,6 por ciento hoteles, hostales o pensiones, el 4,2 por ciento apartamentos, el 3,5 por ciento albergues y el 1,3 por ciento campings.

El aumento del número de establecimientos llegó de la mano del incremento en 545 viviendas de uso turístico (un 30,2 por ciento más, hasta las 2.349 en total) y en 27 apartamentos turísticos (un 27,8 por ciento más, hasta los 391). También aumentó en 40 el número de casas rurales (hasta las 4.124, con una subida del 1 por ciento) y existen operativos 11 albergues más que hace un año, hasta los 325 (un 3,5 por ciento más). Por el contrario, se produjeron leves descensos en el número de campings (uno menos, hasta los 117, con un retroceso del 0,85 por ciento) y de hoteles, hostales y pensiones (tres menos que un años antes, hasta los 1.900).

El boletín recoge que el volumen de viajeros se hundió un 88,8 por ciento, con caídas del 85,64 por ciento en el caso de los españoles (hasta los 90.978 viajeros) y del 97,54 por ciento en el caso de los extranjeros (con 5.694 en total frente a los 231.203 que hubo un año atrás). Por provincias, la mayor pérdida de viajeros se contabilizó en Salamanca (93,76 por ciento menos), seguida de Burgos (-91,28 por ciento), Valladolid (-89,27 por ciento), León (-88,52 por ciento), Palencia (-87,14 por ciento), Ávila (-86,17 por ciento), Soria (-85,84 por ciento), Segovia (-85,77 por ciento) y Zamora (-82,30 por ciento).

Del informe se desprende además que el número de pernoctaciones se redujo un 86,94 por ciento hasta las 185.143, y que el grado de ocupación cayó un 69,18 por ciento, hasta el 8,89 por ciento del total de plazas ofertadas.

Evolución por provincias

Por provincias, en el caso de los alojamientos rurales, León perdió 8 y Palencia 1, hasta los 559 y los 253 respectivamente. Por el contrario, aumentaron en once en Ávila (977 en total), en nueve en Burgos (458), en siete en Soria, Valladolid y Zamora (hasta los 378, 204 y 257 respectivamente), en cinco en Segovia (478) y en tres en Salamanca (560).

Respecto a las plazas ofertadas en este tipo de alojamientos, aumentó en 458 en el conjunto de la Comunidad (un 1,3 por ciento). Por provincias, solo se redujo en 12 en León (hasta las 4.763); por el contrario, aumentó en 108 en Soria (3.739 en total), en 97 en Burgos (4.814), en 71 en Valladolid (2.109), en 55 en Salamanca (4.554), en 48 en Segovia (4.349), en 37 en Palencia (2.376). en 31 en Ávila (7.516) y en 23 en Zamora (2.537).

Respecto a los hoteles, hostales y pensiones, en Ávila el número de establecimiento abiertos se mantuvo sin variación en 147, mientras que se redujo en cinco provincias; de esa forma, Burgos cuenta con cuatro menos (331 en total), Valladolid con tres menos (186), Palencia y Soria con dos menos cada una (117 y 139, respectivamente) y Salamanca con uno menos (269). Por el contrario, el número de hoteles, hostales y pensiones se incrementó en cinco en León (428), en tres en Segovia (165) y en uno en Zamora (118).

En cuanto a la oferta de plazas en hoteles, hostales y pensiones, se redujo en 66 en Castilla y León hasta las 71.639 en total. Por provincias, se redujo en cuatro provincias y aumentó en las cinco restantes. Así, el mayor descenso se produjo en Salamanca, con 126 plazas menos (12.130 en total), seguida por Soria con 43 menos (4.203), Valladolid con 33 menos (9.578) y Palencia con 28 menos (3.771). Por el contrario, el aumento más significativo en términos absolutos se registró en Segovia con 52 plazas más (6.653), seguida por León con 47 más (13.677), Zamora con 33 más (3.979), Ávila con 21 más (5.865) y Burgos con 11 más (11.783).

Incertidumbre en el horizonte

La provincia de Ávila aglutina una de cada cuatro casas rurales operativas en Castilla y León, hasta un total de 3.361. Casas de Gredos es la central de reservas que reúne a más establecimientos en la provincia, con más de 200 casas rurales, y desde la organización Icíar Domingo señala en declaraciones a Ical que el incremento de establecimientos operativos (Ávila acapara11 de los 40 casas rurales que han abiertos sus puertas en la Comunidad en el último año) se ha producido “de cara a la campaña de verano”. “Los meses anteriores se ha visto que debido a la situación actual el turismo rural iba a funcionar bien en verano y han abierto más establecimientos”, explica.

Tras un mes de julio que “ha ido bastante bien”, con reservas principalmente de largas estancias (por quincenas o incluso el mes completo), la tendencia ha variado en agosto y los usuarios ya esperan a “fechas mucho más cercanas” para realizar reservas para menos días, principalmente fines de semana y, “como mucho, semana completa”. “Por ahora sí van entrando reservas para septiembre y si seguimos así puede ser un mes, pero seguimos a la expectativa de la evolución delos casos de coronavirus”, señala.

La otra gran agrupación de establecimientos turísticos de la provincia de Ávila es Asenorg, la Asociación de Empresarios de Turismo del Norte de Gredos, que representa a un centenar de empresas, desde casas rurales hasta hoteles, tiendas, gasolineras o compañías de turismo activo. Su presidenta, Isabel Sánchez Tejado, achaca las buenas cifras cosechadas en julio a las grandes virtudes que presenta Ávila como atractivo turístico: “Tenemos suerte porque somos un destino de interior abierto, de naturaleza, y estamos teniendo muy buena acogida. Este año el mes de julio ha sido mucho más importante para los establecimientos que el del año pasado”.

Agosto, por el contrario, está siendo a su juicio “un mes raro” porque “están fluctuando” y “hay muchísimas reservas y cancelaciones de última hora”. “Las previsiones son que estemos entre el 70 y el 90 por ciento en agosto, que es más o menos lo del año pasado, pero las casas que hay por Gredos están llenas”, señala. Para septiembre, “las perspectivas son muy irregulares” ya que “hay una incertidumbre tremenda”; “no hay muchas reservas, pero sí se prevé que como llegará el final de los ertes la situación económica en general no sea muy positiva y esto afectará mucho al consumo. No se nos escapa a nadie que tendremos un otoño y un invierno complicados”.

Entre los alicientes que presenta la provincia para atraer nuevos turistas, no duda en señalar la implantación que se está realizando actualmente de la fibra óptica en Gredos y en Navarredonda, algo que considera “un gran paso para frenar la despoblación”. “Siempre hemos pedido infraestructura de comunicaciones, voz y datos, para que la desconexión digital no fuera un impedimento para la gente a la hora de quedarse a vivir aquí, y ahora parece que va a ser una realidad”, aplaude.

También asegura desconocer por qué se está ejerciendo sobre los establecimientos turísticos “una presión muy fuerte” con las inspecciones en los últimos meses, y asegura que el sector está “muy presionado” y que “no hay un trato igualitario con respecto a otros”. “El incremento del as inspecciones de sanidad lo podemos entender por la situación actual, pero las de trabajo no tanto. Todos los fines de semana hay inspecciones de todo tipo, no entendemos por qué esta zona estamos tan castigados con esto, y solo este sector, porque al resto no les hacen inspecciones tan frecuentemente”, concluye.

El número de ingresados en los hospitales con COVID-19 continúa creciendo

El número de ingresados en los hospitales de la Comunidad por COVID-19 continúa creciendo y la cifra y se eleva hasta los 125, de lo que ocho están en UCI y el resto en planta, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta. A pesar de estas subida, en las últimas 24 horas no hay lamentar ningún fallecido por coronavirus en hospitales castellanos y leoneses.

Mientras en las unidades de cuidados intensivos se ha incrementado en dos el número de ingresos, el número de pacientes en planta alcanza los 117, nueve más que los contabilizados el sábado.

Por provincias, la peor parte se la lleva Valladolid con 31 hospitalizados, de los que cuatro están en UCI, por delante de Burgos con 24 ingresados, con dos en la UCI. Zamora, con doce ingresos, también cuenta con un paciente en cuidados intensivos, al igual que León, aunque este caso los pacientes con COVID-19 son once. Tras Valladolid y Burgos aparece Salamanca con 21 ingresos, por delante de Soria (10), Ávila (7), Segovia (5) y Palencia (4).

En cuanto a fallecidos en hospitales, en Ávila han sido 143, 217 en Burgos; 424 en León; 88 en Palencia; 380 en Salamanca; 214 en Segovia; 123 en Soria; 399 en Valladolid; y 92 en Zamora.

Covid19: La misma tasa de contagio pero de menor gravedad.

La tasa de contagios de coronavirus en España ya supera un caso por mil habitantes y vuelve a niveles de abril, cuando la población llevaba apenas un mes confinada tras la entrada en vigor del estado de alarma. Sin embargo, la situación actual es diferente al haber mejorado la capacidad de detección y tener un porcentaje de asintomáticos mucho mayor. Entonces, el Hospital de Segovia, por ejemplo, ya estaba por encima de sus posibilidades, mientras que este viernes había ingresados ocho pacientes por COVID19, dos de ellos en la UCI. Hoy domingo el registro es más optimista: Cinco pacientes hospitalizados, ninguno en la UCI.

Es cierto que esta semana se han superado los cien casos positivos de Covid-19 por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días. Esto no ocurría desde el 23 de abril, cuando la tasa de contagios era de 128,82 casos por cien mil habitantes. No obstante, la tasa de contagios se obtiene a partir de los casos que se detectan y en abril la capacidad de detección era mucho menor de lo que es ahora. De hecho, en las primeras semanas de abril se comenzaron a hacer en torno a 20.000 pruebas PCR diarias. Actualmente, son más de 47.000 las pruebas que se hacen al día.

Desde el inicio de la pandemia en marzo hasta el día 13 de abril, la cifra total de PCR realizadas en España era de 930.230. Actualmente, las comunidades autónomas han hecho más de cinco millones de pruebas. De hecho, ya se han realizado 105,82 PCR por cada mil habitantes, cuando en mayo sólo eran 34,51.

Además, en los peores momentos de la pandemia los casos que se diagnosticaban eran prácticamente todos con síntomas evidentes o graves y, en muchos casos, requerían hospitalización. Sin embargo, en torno al 60 por ciento de los positivos que se detectan actualmente son asintomáticos; es decir, no es que sean leves, es que directamente no tienen síntomas.

El Colegio en Castilla y León sí comenzará, según el vicepresidente de la Junta

Segovia, 15 de agosto agosto y todo es una incógnita. Incertidumbre entre las familias y preocupación ante la posible incidencia que, la vuelta al colegio, pueda suponer. El curso escolar comenzará en septiembre en Castilla y León con las medidas sanitarias y protocolos de actuación precisos para evitar los contagios por COVID-19, así lo asegura el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien descarta mandar a los menores a casa. Es más: «Si vamos a casa vamos a casa todos, no solo los niños». «Si hubiera algún rebrote se procedería a confinamientos muy cortos, en puntos geográficametne lo más pequeños posibles, para compaginar educación y protección. Lo explica en ‘Los desayunos de Ical’

«El colegio tiene que funcionar porque, entre otras cosas, esto va a aumentar la brecha entre favorecidos y desfavorecidos. Y no podemos perder un año de escuela, porque eso tiene daños a largo plazo», sentencia. A su juicio, una de las «decisiones más erróneas» al principio de la crisis fue «la vacación», cuando muchos menores de autonomías como Madrid se fueron a los pueblos con sus abuelos, lo que impidió controlar y trazar los casos. «Dar vacaciones a los universitarios y a los colegios fue un desastre». «Si estás en una clase con un entorno de 25 universitarios no hay problema, pero si estás en un bar con unos señores de 75 años y en tu casa, tienes muchos más», precisa.

Para el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, ha quedado constatado que la manera de parar el virus es «muy fácil, en casa, sin contacto con nadie y durante un período de 14 días». «Así se para la transmisión, pero hay que hacerlo pronto, porque hay cosas que no se pueden parar. Yo puedo parar la actividad entera de un pueblo, pero no puedo parar la actividad de todo el país». «Eso es lo que nos estamos jugando ahora», incide, para indicar que igual es lo que se debería hacer en lugares donde la transmisión es ya comunitaria.

«Si tengo que confinar Barcelona, como tuve que confinar Madrid, cuanto antes lo haga y más pequeña sea la zona mejor. Lo que no puedo hacer es no tomar una decisión y que la cosa se extienda», de ahí que insista en la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con herramientas legales para poder dictar confinamientos de manera ágil y eficaz.

Para el vicepresidente de la Junta, los protocolos para retomar la actividad académica están bien hechos, aunque se pueden dar problemas en los centros más pequeños y en escolarizaciones como infantil donde es imposible mantener la distancia, algo en lo que se trabaja la Consejería de Educación para fijar dobles turnos o sesiones telemáticas, como se ha hecho en las universidades.

En todo caso, dijo que la transmisión a niños no preocupa tanto como en mayores ya que son muy poco sintomáticos y, aunque ha habido, no suelen presentarse cuadros graves y la mortalidad es prácticamente inexistente. «Lo que nos preocupa es la no transmisión a las personas de riesgo e intentar mantenerlos en el entorno», de ahí que apueste por confinamientos cortos, en puntos pequeños, para evitar la expansión del virus.

Una encuesta analiza la preocupación de los empresarios segovianos ante la COVID19

La crisis sanitaria en la que nos vemos inmersos con motivo de la Covid19 genera mucha preocupación entre los empresarios. Tanto es así que el 81 por ciento de los empresarios segovianos considera que la prevención de riesgos laborales es más importante ahora y se ha convertido en una de sus líneas más destacadas de la empresa. En una encuesta efectuada por el Grupo GALI, con el objetivo de sondear las necesidades de nuestros propios clientes, para poder ayudarles, queda reflejado cómo que el 75,9 por ciento de los consultados opina que sería muy importante un test masivo a la sociedad para conocer quiénes han pasado la enfermedad y quien no, favoreciendo así la organización de los puestos de trabajo.

El desconcierto reina entre los empresarios, aunque sí consideran que sus propios empleados son conscientes del problema. Por este motivo, desde la empresa segoviana GALI Prevención se ha iniciado una ronda de visitas que incluirá nuestros desplazamiento a más de 1000 empresas segovianas para asesorar, acompañar y pautar las medidas de seguridad tras comprobar que muchos empresarios sienten ‘soledad’ en este proceso ante la falta de normativas claras. “Las empresas están viviendo un momento complicado, tanto en lo económico como en la necesidad de tener normativas eficientes contra la propagación del virus”, explica el director general de Grupo GALI, Carlos Miguelsanz.

En este sentido, el 76% de las empresas ha mostrado su deseo de ser considerada ‘Espacio seguro’ con algún tipo de certificación, una medida que aporta algo de seguridad a los empresarios. “Estamos trabajando con nuestros clientes para cumplir los requisitos de algunos sellos y certificaciones aunque lo único claro es que el mejor sello es la concienciación colectiva y la responsabilidad de empresas y de empleados, en un camino conjunto por la seguridad”. Sentencia Miguelsanz

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