El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, calificó el año 2019 que está a punto de finalizar como “malo con mayúsculas”, en especial como consecuencia de los daños provocados por la “durísima” sequía, que cifró en más de 800 millones de euros entre los diferentes sectores, con especial repercusión en el sur de la Comunidad, donde incluso se han acumulado pérdidas de más de 300 euros por hectárea.

Si embargo, Palacín apostilló que el año ha resultado “malo pero no catastrófico” salvo en estas zonas del sur de Castilla y León, al tiempo que lamentó que finalmente no fuera posible materializar una ayuda específica que desde la organización estimaron que era “una buena idea”. Además, se refirió a la ganadería extensiva como “la más afectada” por la falta de pastos, de agua y el aumento de los costes de producción de paja y forraje.

Pero la sequía no ha sido el único inconveniente que ha tenido que salva el sector agrícola y ganadero. Las plagas, en especial la de topillos y conejos, y la abundancia de fauna salvaje han sido otros de los grandes problemas del sector. En alusión a la plaga de topillos, que ha afectado de manera especial a las provincias de Palencia, Valladolid y buena parte de Burgos, el responsable de UCCL en la Comunidad auguró que, si no se produce un invierno duro, los daños en el campo serán “importantísimos” por una plata que “sigue extendiéndose”.

A juicio de Palacín, las medidas que se han adoptado son “insignificantes” y pidió “medidas contundentes”, sobre todo teniendo en cuenta que también provoca daños en la salud , con 64 casos de tularemia detectados. También la abundancia de conejos está provocando problemas, e incluso en algunas zonas se han comido más del 60 por ciento del cultivo. Por ello, UCCL pide que se instale la malla conejera para impedir el paso de estos animales a los cultivos, y generalizar la caza cuando así sea necesario.

Algo que también ha denunciado el sector a lo largo de todo este año 2019 es la “explosión” de fauna salvaje, sobre todo de jabalíes, corzos y ciervos, que tan solo en la provincia de Burgos provocaron el año pasado más de 1.500 accidentes, sin olvidar los casos de tuberculosis bovina en los que el causante es el jabalí. En este caso también reclamaron medidas “contundentes” ante estas especies que en algunas zonas alcanzan la categoría de plaga, como la modificación de la Ley de Caza.

La rentabilidad es otro de los problemas que se arrastra un año más en el sector agrícola y ganadero ante la falta de precios “dignos” con sectores “muy tocados” como el vacuno o el ovino. En este año se han perdido 119 explotaciones de ovino de leche (un seis por ciento) y 91 de vacuno de leche (un ocho por ciento). Pero si se echa la vista atrás al año 1985, el número de explotaciones de vacuno de leche era de 65.000 frente a las algo más de un millar de la actualidad. Por ello, Palacín reclamó a la Junta que dé “un paso adelante” con una Ley de Cadena Alimentaria ya que, de lo contrario, se está “a merced de la industria alimentaria”.

Y en relación a la remolacha, que era “el rey de los regadíos”, se está viendo perjudicada por la decisión de Azucarera que ha “desmotivado” a los agricultores que sirven a esta compañía al pasar de 42 a 36 euros “con los contratos ya firmados”. Aunque ahora ha anunciado “un repunte”, es una situación que “no es seria” y ante la Junta tiene que “tomar cartas en el asunto” porque Castilla y León dispone del 80 por ciento de la superficie de remolacha de toda España. “Queremos que se convoque la Mesa del Azúcar con presencia de las tres partes y se dé estabilidad”, pidió Palacín.

La PAC como reto en 2020

Con la vista ya puesta en el próximo año 2020, Palacín apuntó a la negociación de la Política Agraria Común (PAC) como el principal “reto” que tiene el sector ya que, aunque el documento no se prevé que entre en vigor antes del año 2022, la principal negociación se desarrollará durante el primer semestre del próximo año, un periodo que será “vital” para los intereses de agricultores y ganaderos a título principal.

Desde Bruselas se pide que se definan quiénes serán los perceptores, algo que UCCL ya tiene claro y entiende que tendrían que ser aquellos cuyos ingresos agrarios son superiores al 25 por ciento, ya que lo contrario serían unos ingresos “insignificantes” y “no deberían cobrar la PAC”. De esta forma, se eliminarían casi la mitad de perceptores, pasando de más de 700.000 a unos 300.000, algo que en Castilla y León no afectaría demasiado ya que se perderían entre 10.000 y 15.000 perceptores. “Con la PAC no se pueden atender otras políticas sociales”, recalcó.

Los mismos problemas que ya se han dado este año se prevé que se prolonguen también el próximo año, caso de la fauna y las plagas, que constituyen “un reto” que requieren de “políticas valientes” así como “voluntad política” para aspectos como la Ley de Cadena Alimentaria en la que UCCL reclama que el coste de producción sea el coste de partida de las negociaciones, de manera que por debajo del coste no puedan hacerse ningún tipo de contratos en el sector primario.