Al menos una decena de empresas han recibido una inspección de Trabajo en los últimos dos días, según ha podido conocer Segoviaudaz.es, cuyos empresarios han trasladado el malestar del empresariado al sentirse «perseguidos» en unos momentos tan complicados para la economía. Las inspecciones se han sucedido por distintos puntos de la provincia, desde locales de comida a domicilio en Segovia, pasando por empresas del Polígono de Valverde o de la localidad de Palazuelos.
El objetivo, controlar los ERTES que afectan a miles de segovianos, muchos de ellos aún sin cobrar del Gobierno su prestación.
La nueva ola de inspecciones se centra en la solicitud de documentación, documentación oficial en posesión de las adminstraciones, y que supone un gasto para las empresas de entre 300 y 400 euros, en honorarios de Gestoría y tiempo invertido en la recopilación de los requerimientos.
Trabajo intensifica las inspecciones en las empresas segovianas
La Junta asegura que el trabajo no presencial ha venido para quedarse
La directora general de la Función Pública de la Junta de Castilla y León, Paloma Rivero, aseguró hoy en las Cortes que el trabajo no presencial ha venido para “quedarse”, por lo que será necesario que ese modelo esté regularizado, legal y con todos los “parabienes”. De esta manera, subrayó el sistema surtirá efectos en momentos de “extrema urgencia” y necesidad como ha ocurrido con el estado de alarma por la crisis sanitaria del COVID-19 sino también de cara al futuro para la prestación de los servicios públicos de la administración. “Debemos mirar al futuro con optimismo porque ha quedado demostrado que somos capaces de trabajar de otra manera. El teletrabajo era desconocido porque había un sistema rígido y ahora es una oportunidad para repensar ir a algo atractivo para el empleado y la organización”, destacó.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia en el Parlamento autonómico, Rivero apostó por llevar a una cabo una reflexión “sosegada” del impacto del trabajo no presencial en estos dos meses. “Estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo”, declaró. Por lo tanto, manifestó que cuando esta situación de pandemia termine, su dirección general llevará a cabo una reflexión “tranquila” y “sosegada” para elaborar unas memorias y unos diagnósticos de evaluación de las medidas adoptadas, de su impacto, de los pros y contras y de las soluciones alternativas para lograr el mismo fin de continuar con su aplicación en la administración ante situaciones “semejantes”.
“Hasta que no se acabe la carrera no podemos dar la medalla. Pero hay que ser conscientes que cuando pase esto, hayamos sacado cosas muy buenas para la administración porque ha quedado demostrado que los empleados públicos son capaces de trabajar en sus casas con los sistemas alternativos a los ordinarios. Es con lo que nos tenemos que quedar”, reiteró. Además, recordó que todos los estudios que analizan el trabajo remoto constatan que es “eficiente”, tanto para la administración como para la sociedad, que es quien recibe los servicios públicos.
Expuso que, a partir de ahora, cuando un jefe de servicio tenga que informar sobre la petición de teletrabajo sabrá que es un sistema que ha funcionado. “Quizás, sean más reticentes a denegarlo porque ha quedado demostrado que el teletrabajo se ha llevado a cabo correctamente durante dos meses”, manifestó.
Rivero reconoció, según recogió la Agencia Ical, que muchas de la toma de decisiones, sobre todo al principio de la declaración del estado de alarma, fueron rápidas porque el momento “lo requería” y la enfermedad “lo exigía”. Eso sí, aseguró que esas decisiones no fueron irreflexivas, aunque afirmó que es posible que, en algún momento, hayan sido equivocadas. “Eramos conscientes de que no había horario porque muchos de ellos han trabajado más de cinco días hábiles y más de las siete, ocho o nueve horas que podía corresponder por puesto”, subrayó.
Además, destacó que la Junta siempre adoptó medidas para minimizar el impacto en la prestación de los servicios públicos, como efecto colateral de la pandemia. En este sentido, apuntó que la actuación de la administración quedó paralizada, desde un punto de vista ordinario como la suspensión de plazos. Pese a ello, declaró que se trató de buscar un “punto de equilibrio” para que los derechos de “terceros” -de carácter económico o social- no fueran afectados y no se podían dejar de prestar. “Se ha tratado de minimizar el impacto de la suspensión de los plazos y del daño de carácter social y sanitario”, añadió.
Por ejemplo, ofreció el dato de que se han concedido 8.826 licencias a trabajadores público de acceso remoto, además de asegurar que a nadie se le ha denegado una solicitud, sin olvidar que todos tenían correo electrónico. En todo caso, se negó a hablar de una reincorporación de los empleados porque han estado todo este tiempo. No en vano, precisó que la “misión” de este personal es sacar adelante los expedientes.
La directora general de Función Pública apuntó que, en todo momento, se trató de trasladar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad a los 86.000 trabajadores de la administración autonómica, además de coordinación y colaboración con todas las estructuras administrativas. “Al surgir la pandemia y al ver los efectos de la crisis sanitaria en la prestación de servicios públicos, las decisiones que se tomaban y los criterios para orientar los trabajos no podían ser adoptados de manera unilateral por parte de la Función Pública, porque era algo transversal”. De ahí, el contacto con las secretarías generales de cada consejería.
Rivero ofreció el dato que ha habido 505 bajas por contacto con el COVID-19 y 787 bajas por enfermedad del coronavirus, sin incluir el personal de las consejerías de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades.
Conciliación
También se refirió a la conciliación de la vida familiar y laboral, Teresa Rivero expuso que la consigna por parte de la Función Pública fue que los jefes de servicio no podían permitir, establecer o abrir un sistema de trabajo que tuviera a los empleados públicos en permanente contacto con la gestión de sus expedientes. En este sentido, mencionó la emisión de correos electrónicos o las peticiones que debían hacerse en unas horas “lo suficientemente cabales” para garantizar que el empleado público cumpla con sus horas de trabajado y, por lo tanto, garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo para el cuidado de hijos. “Si no se respetan esos tiempos de trabajo, la conciliación no existe”, aseveró.
De cara al futuro, también apuntó que la Junta hará una valoración del impacto de la enfermedad y del impacto de la salud de los empleados públicos así como las herramientas en que se pueda prestar el servicio. Rivero señaló que, en la actualidad, se elabora una planificación “inmediata” de la incorporación de los trabajadores y valorar la forma de continuar con la prestación de los servicios públicos.
La directora general de Función Pública apostó por un “replanteamiento” del sistema en sí para luego “redimensionar el empleo público” porque, recordó, que está pendiente de adoptar varios pasos en la gestión. En este sentido, se refirió a la necesidad de modernizar “mucho” el funcionamiento de la Función Pública, que pasa por una modernización y una simplificación de la administración como la teletramitación. “Hay que cambiar la carcasa pero también las tripas y la gestión”, manifestó.
Plantillas «muy recortadas»
La portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, Yolanda Sacristán, denunció que la crisis sanitaria ha dejado clara la falta de personal y de recursos para luchar contra la pandemia. A su juicio, la política de personal de la Junta en la lucha contra el coronavirus no se puede circunscribir al área de Presidencia sino que se han visto afectadas otras consejerías como Sanidad, Educación y Familia. A su juicio, las medidas implementadas por la Junta en el ámbito personal han demostrado que son “insuficientes, deficientes y con plantillas muy recortadas”, además de existir una falta de coordinación entre las consejerías.
Y es que Sacristán aseguró que se ha partido de un sistema público “muy debilitado” por los recortes llevados a cabo desde 2008. Fue entonces cuando se refirió a la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para el personal público, que la Junta acordó con los sindicatos aplicar en octubre del año pasado, además del abono de los fondos adicionales de 2018 y 2019 y la recuperación gradual de las ayudas sociales. “Fue el enorme engaño del Partido Popular que tuvo como víctimas a los empleados públicos dependientes de la Junta. El único fin de ese acuerdo fue apuntalar a un candidato a presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco”, expuso.
A su juicio, el personal de la Junta se ha visto, una vez más, “desdeñado y engañado» pese a haberse dejado la piel y la vida para prestar los servicios públicos durante la pandemia. “Más de 88.000 trabajadores no solo pueden recibir bonitas palabras”, declaró. También se refirió a que la Junta no ha garantizado la seguridad de los sanitarios, a los que se ha enviado a la UCI con “mascarillas de mentira”. Por otro lado, criticó la “cascada” de ceses de trabajadores sanitarios que fueron contratados con un compromiso de larga duración. “La Junta habla de que no son despidos sino renovaciones o finiquitos de contratos pero debían ser mantenidos en la sanidad pública y en atención residencial ante la previsión de que se les pueda llamar ante un repunte de la epidemia en otoño. No se les puede llamar para jugarse la vida ayer, por un salario mínimo; despedirles, hoy, y esperar a que vuelvan mañana cuando les necesitamos. No es leal ni justo por parte de la Junta”, añadió.
La directora general de Función Pública dejó claro que tanto la Consejería de Sanidad como las de Familia y Educación adoptan sus propias decisiones y tienen un sistema organizativo en materia de personal. “No tengo competencia en ese ámbito y no puedo contestar”, respondió. Además, recordó que la mayor parte del personal de Sacyl (Atención Primaria y Especializada) es estatutario y depende de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia regional de Salud.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, aseguró que es el momento de dejar de “utilizar” al personal público, del que alabó su trabajo durante la crisis sanitaria del COVID-19. En este sentido, cargó contra la portavoz socialista por desmarcarse del Pacto de Comunidad que negocian el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, que apuesta, en un uno de sus puntos, en el sostenimiento de los servicios públicos, que se sustenta en los empleados públicos. “Ese el momento del consenso y lamento que no esté en la línea del señor Tudanca”, apuntó, en referencia a Yolanda Sacristán. A juicio de Leticia García, los empleados públicos no son un “ente” sino los responsables directos de la gestión sanitaria, la educación, los servicios sociales y otros servicios públicos.
Sin recortes
La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, quien representó al Grupo Mixto, aseguró que los empleados públicos de la administración autonómica lo han dado “todo” durante el estado de alarma por la pandemia y consideró que ahora le toca dárselo “todo” al Ejecutivo. Consideró que la única manera de salir a las crisis sanitaria y económica que se avecina es que “nadie se quede atrás”. En este sentido, mostró su preocupación que los empleados públicos sufran, a partir de ahora, una mayor desigualdad laboral, más precariedad y más recortes, como se hizo en la crisis de 2008. Expuso que las plantillas son insuficientes, sobre todo en sanidad, educación y servicios sociales, que son deficiencias “de antes”.
Domínguez hizo referencia a la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los empleados públicos y no solo para los que tienen hijos. No en vano, recordó que también está el cuidado de personas mayores y dependientes, y otros trabajadores tienen una red social.
Formación para directores de residencias de mayores para afrontar un posible rebrote
La directora general de Agencia de Protección Civil de Castilla y León, Irene Cortés, avanzó hoy que de cara al proceso de recuperación de la normalidad en la Comunidad, la Junta tiene previsto, en colaboración con la Delegación del Gobierno y la participación de la Gerencia de Servicios Sociales, ofrecer una formación a los gerentes y directores de las residencias de ancianos, voluntarios de Protección Civil y otros organismos, para poder hacer frente “con garantías” en los centros residenciales, a un posible rebrote de COVID-19.
Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes, la directora de la Agencia de Protección Civil explicó que esta formación, que tendrá una duración de cinco horas, se desarrollará a partir del 19 de junio en todas las capitales de provincia, así como en Ponferrada (León) y Miranda de Ebro (Burgos), además de que se harán las gestiones que sean necesarias para que desde Aranda de Duero se viaje a Soria a recibir esta formación, que tendrá “una segunda ronda” en septiembre.
“Trabajar en prevención es muy importante”, declaró Cortés, quien recordó que la incidencia de la pandemia en Castilla y León ha tenido en las residencias de mayores una mayor incidencia, ya que ha sido “uno de los grupos que más ha sufrido esta emergencia sanitaria” tanto en el caso de los residentes como en el personal sanitario y sociosanitario. Además, aclaró que serán efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) quienes ofrecerán las ponencias en las que se hablarán de los protocolos de desinfección que llevan a cabo y que son los que se siguen “a día de hoy”.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el procurador Eugenio Miguel Hernández lamentó que la Junta haya actuado “tarde” en algunos aspectos y el de las residencias de mayores “ha sido uno de ellos”. Los socialistas consideraron que las actuaciones de Protección Civil han resultado “insuficientes” en algunos aspectos y desvinculó esta “crítica constructiva” en relación a aspectos “mejorables” en la gestión de la pandemia, con la “lealtad” demostrada al Gobierno autonómico.
Dentro también de este proceso de recuperación de la normalidad tras la gran incidencia de la pandemia, Cortés explicó que ya se trabaja en varios ámbitos para la “paulatina normalización de la actividad y favorecer la actividad de los sectores afectados, como es el caso de los espectáculos taurinos, para lo que ya se ha contactado con empresarios para encontrar vías que favorezcan la puesta en marcha del sector “cuando el estado de alarma lo permita”. Para ello, ya se dispone de un borrador de medidas normativas en las que se incluyen el mantenimiento de las distancias de seguridad, la apertura de los recintos 120 minutos antes del inicio o el uso de almohadillas desechables, entre otras.
También se refirió a la coordinación policial, algo en lo que aseguró que se trabaja “en dos sentidos” para permitir la incorporación de nuevos efectivos en las plantillas policiales, en especial después de que estas se vieran “mermadas en un número importante” al disminuir la edad de jubilación, lo que produjo “una avalancha” de peticiones que hizo que “muchas plantillas se resintieran”.
En esta línea, desde Protección Civil se trabaja con la Federación Regional de Municipios y Provincias para suscribir un convenio en el que la Junta se compromete para hacerse cargo de la gestión de un único proceso selectivo de agentes de Policía Local, al que podrán unirse “los municipios que tengan interés en ello”. Por otro lado, se trabaja en un cambio de régimen referido al modelo de las bases para la convocatoria de acceso a la categoría de agente, al entender que “se han quedado obsoletas” y requieren de una modernización del proceso y de los temarios para disponer de unos agentes en la Comunidad “mucho más cercanos a la realidad que se maneja hoy en día”.
Cortés aseguró que la estructura habilitada para hacer frente al COVID-19 así como el refuerzo del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 se mantendrá “hasta que sea necesario” y se supere la incidencia de la pandemia en la Comunidad. Igualmente insistió en que durante todo este periodo de incidencia “no se ha quedado ninguna llamada de emergencia sin atender” aunque reconoció que todavía se trabaja “bajo el paraguas” del COVID-19 porque “el virus no se ha ido”.
Estado de alarma
La directora de la Agencia de Protección Civil cifró en 822 las actuaciones desarrolladas, a fecha de 15 de mayo, de desinfección de instalaciones. De ellas 104 en hospitales y centros de salud; 101 en otro tipo de instalaciones y 617 en residencias de ancianos. También hizo referencia a algunos de los gastos de Protección Civil como los 55.915 euros en la adquisición de 44 hospitales de campaña para su instalación en caso de refuerzo; 6.772 euros en material de desinfección; más de 7.000 euros en vestuario de emergencia; 21.175 euros en mantas; o 8.781 euros en material de protección y vestuario para voluntarios, entre otras partidas.
Cortés puso de relieve el comportamiento “responsable y ejemplar” que “de forma general” está desarrollando la población desde la declaración del estado de alarma, y tuvo un reconocimiento para los castellanos y leoneses, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntarios de Protección Civil, empleados públicos y trabajadores de todos los sectores esenciales, entre otros.
En relación a la actividad del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112, cifró en 130.197 las llamadas recibidas durante el mes de marzo, con una media diaria de 4.200 cuando en “un año bueno” la media de ese mes ronda las 2.800 llamadas diarias. En abril se redujo el número de llamadas a 89.391, con 2.980 diarias (frente a las 3.311 diarias de abril del año pasado); y hasta el 15 de mayo se contabilizan 43.801 llamadas, con 3.129 de media (frente a la media de 3.164 del año pasado en este mismo periodo).
En este sentido, Cortés explicó que con la declaración del estado de alarma y el correspondiente confinamiento, el número de llamadas se redujo de forma importante y en un momento previo las llamadas “explotaron”. De cara a un posible rebrote, ya se trabaja para “reforzar” la capacidad de respuesta, tanto del 112 como de Emergencias Sanitarias a través de la habilitación de una nueva sala de respaldo con capacidad máxima de 30 puestos de trabajo en una ubicación “diferente” a la del 112 y Emergencias Sanitarias, y que se intentará llevar a cabo “a la mayor brevedad posible” y en la que se avanza “contrarreloj”.
Por último, Cortés reiteró el agradecimiento a la sociedad en general por el comportamiento que está teniendo y quiso trasladar la “certeza” de que se ha actuado “con la máxima se salvar vidas” y que ahora se hace también para volver “a la normalidad social, económica y sanitaria de la forma más rápida y segura posible”. En este momento llamó a la población a no relajarse porque se sigue en una situación de emergencia sanitaria en la que “se siguen perdiendo vidas a diario” y se está aún “muy lejos” de la inmunidad de grupo.
Elogio a los voluntarios
Si en algo coincidieron todos los grupos políticos en las Cortes fue a la hora de elogiar el trabajo que están desarrollando los voluntarios de las diferentes agrupaciones de Protección Civil de la Comunidad. “Es digno de reconocer y me sumo totalmente a esta especial consideración”, reconoció Irene Cortés después de que el procurador del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos, quien quiso tener una “especial consideración” con este colectivo porque “no cobran un salario y lo hacen de forma voluntaria” arriesgando su vida “sin tener un desempeño profesional ni un sueldo”.
También el procurador del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, consideró “fundamental” las actuaciones desarrolladas por los voluntarios de Protección Civil que “arriesgan su vida de forma diaria por ayudar a los demás” y con una dedicación “altruista”. Desde el Grupo Socialista, el procurador Eugenio Miguel Hernández puso de relieve que han sido los ayuntamientos y sus agrupaciones quienes “han tomado la iniciativa” ante la “soledad” en la que se encontraban “en especial en las primeras semanas de la pandemia”. “Son un ejemplo de servicio público en su máximo exponente”, añadió la procuradora del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Blanca Delia Negrete, quien agradeció “su heroica implicación, tesón diario e implicación pública”.
Algunos defectos
Los grupos parlamentarios del PSOE y Grupo Mixto estimaron que en la gestión por parte de Protección Civil ha habido algunos defectos que habría que mejorar de ahora en adelante aunque ambos grupos trasladaron estas aportaciones de forma constructiva. Desde el PSOE se incidió en que la intervención ha sido “insuficiente en algunos aspectos” y se lamentó que no haya existido la “coordinación óptima que requería la pandemia” ni haya habido una coordinación regional, aunque la directora general de Protección Civil defendió que el contacto era diario.
El procurador del Grupo Mixto evidenció la existencia de “algunos defectos” y se interesó por los criterios que determinaron la desinfección de unos centros y no de otros, además de que se informó de las quejas de algunas agrupaciones de Protección Civil sobre la falta de contacto con la Dirección General.
El procurador del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, elogió el buen trabajo desarrollado desde la Consejería y aseveró que “de existir alguna queja, seguro que es del todo involuntario” porque las comunicaciones “han sido permanentes”. Sin embargo, pidió que se mantengan este esfuerzo y no cese ese contacto, además de que se siga trasladando material de protección y desinfección porque “son quienes conocen las necesidades y las personas que no necesitan”.
Clara Luquero asegura que “Castilla y León es un ejemplo de política con mayúsculas”
La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, afirmó hoy que Castilla y León es “un ejemplo de política con mayúsculas”, preocupada por el interés general de los ciudadanos, con cooperación y trabajo conjunto y lamentó “profundamente” no ver este mismo ejemplo a nivel nacional. En su opinión, en la situación actual, “no cabe otro planteamiento ético” que no sea sumar esfuerzos y arrimar todos el hombro.
A Clara Luquero le duele la falta de lealtad institucional nacional en unos momentos tan duros, con fallecidos, personas enfermas y cuando está en riesgo la salud pública, remarcando que hay medidas restrictivas que exigen mantener el estado de alarma. “Hay medidas que sí no son difíciles de aplicar porque conllevan la restrincción de derechos, pero tiene que ser así porque hay un bien superior que es la vida y la salud de los ciudadnano”, argumentó.
Luquero puso a Castilla y León como ejemplo de “cooperación, racionamiento sensible y trabajo conjunto” entre todas las administraciones que están “arrimando el hombro en la medida de sus compentencias y sus responsabilidades”, criticando con dureza a quienes están llevando a cabo “la peor de las políticas, la más barata y mezquina”, la que antepone los intereses de partido cuando está en juego la salud de las personas.
Las bibliotecas de la Junta reabrirán el 1 de junio, con horario de mañana y tarde
Las bibliotecas públicas gestionadas por la Junta de Castilla y León reabrirán el 1 de junio, con horario de mañana y tarde de lunes a viernes y de mañana los sábados, con el cierre a mediodía para llevar a cabo las necesarias tareas de limpieza y desinfección en el cambio de turno. De momento, se retomarán algunos de los servicios de las bibliotecas como la devolución de documentos (que pasarán una cuarentena de 14 días antes de volver a ser prestados); el préstamo de documentos mediante el sistema de préstamo bajo demanda y la consulta e información bibliográfica a los usuarios.
La Consejería de Cultura y Turismo apuntó en un comunicado que en esta primera fase de apertura estará prohibido el libre acceso a las colecciones; la consulta y lectura en sala y la utilización de los ordenadores de la biblioteca. También permanecerán cerradas las secciones infantiles y no podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario.
En las dependencias de las bibliotecas se instalarán medios informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios, se marcarán los itinerarios que tendrán que seguir los usuarios, así como la distancia interpersonal entre ellos, para recibir los servicios señalados. De esta manera, se busca la protección de la salud de los empleados públicos de las bibliotecas y del público.
Esta reapertura se complementa con los servicios virtuales de los que dispone la Red de Bibliotecas de Castilla y León (eBiblio Castilla y León, CineCyL, Biblioteca Digital de Castilla y León, Club de Lectura Virtual, Tumblebooks y Pregunte, las bibliotecas responden) que han sido reforzados durante todo este periodo de cierre de los centros y que han contribuido de forma notable al mantenimiento y fomento de la lectura, la formación y el ocio de los castellanos y leoneses.
Igualmente, durante el periodo de confinamiento el personal bibliotecario ha gestionado otros proyectos como la ampliación de las políticas de préstamo, y se está trabajando el cambio de versión del programa de la Biblioteca Digital y preparando la próxima actualización de AbsyNET, el programa de gestión bibliotecaria, a la versión 2.2.
Formalizado el contrato de las obras de los nuevos juzgados de Segovia
El Ministerio de Justicia anunció hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la formalización del contrato de las obras de continuación del nuevo edificio de juzgados de Segovia por algo más de 9,9 millones de euros con la UTE Geoxa.
El proyecto de construcción de este edificio lleva más de un año paralizado por los concurso de acreedores de las dos empresas a las que se adjudicaron los trabajos y desde el Gobierno se espera que las obras pueden estar concluidas en el otoño del próximo año.
El edificio de los nuevos juzgados ocupará una parcela de 13.087 metros cuadrados y contará con una planta sótano, y tres plantas sobre rasante. El proyecto incluye la urbanización del espacio que rodea al edificio, incorporando un total de 130 plazas de aparcamiento así como zonas verdes.
Este proyecto fue adjudicado por primera vez a finales de 2015 por 12 millones de euros y plazo de ejecución de 55 meses.
Nueva campaña para evitar el abandono en la calle de guantes y mascarillas
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Segovia, en colaboración con FCC Medio Ambiente, adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, pone en marcha una nueva campaña informativa con relación al uso responsable de guantes y mascarillas, con información general y recomendaciones ante la actual crisis sanitaria.
Los guantes de polietileno, que se entregan en espacios como locales de venta de fruta se han convertido en la actualidad en un objeto de uso generalizado, al igual que los de nitrilo y los de látex, así como el uso de mascarillas, desechables o no, dando lugar a un nuevo residuo. Desde el consistorio recordaron que el uso de mascarillas pasa a ser obligatorio en espacios públicos y en la calle cuando no pueda garantizarse la distancia mínima de dos metros.
A través de materiales audiovisuales, la Concejalía de Medio Ambiente hace hincapié en lo que las autoridades sanitarias vienen recomendando sobre la forma adecuada de quitarse los guantes y las mascarillas tras su uso, y remarcar que, una vez utilizados, se convierten en un residuo que no debe abandonarse indiscriminadamente, no solo por estar prohibido por las Ordenanzas de Limpieza Viaria y de Residuos, sino también por el riesgo potencial que alberga de poder estar contaminado con COVID-19.
Con esta campaña se quiere concienciar a la ciudadanía para que no tire estos elementos de protección en la vía pública y es fundamental buscar una papelera o contenedor de fracción orgánica-resto para depositarlos, o bien guardarlos en una bolsa o papel para desprenderse de ellos cuando encontremos el recipiente adecuado. El Ministerio de Sanidad recomienda, para desechar las mascarillas, introducirlas en una bolsa de plástico, depositar ésta cerrada en la basura y lavarse las manos.
El concejal de Medio Ambiente, Ángel Galindo, aseguró que la mayoría de la gente está mostrando un comportamiento ejemplar pero comienza a ser frecuente encontrarse guantes y mascarillas tirados en el suelo. “Cuidar nuestro entorno y nuestra salud es cosa de toda la ciudadanía. Abandonar estos residuos es una irresponsabilidad, y desde el Ayuntamiento queremos seguir concienciando a la población para prevenir estos comportamientos”, señaló.
La campaña se difundirá a través de las redes sociales municipales, en Facebook, Instagram y Twitter, páginas web y mensajes WhatsApp, enmarcándose dentro de la campaña que desde el proyecto LIBERA, de las organizaciones SEO Birdlife y ECOEMBES, se está difundiendo a nivel nacional con el hashtag #NoAbandonesTusGuantesYMascarillas.
Vicente del Bosque se une a la iniciativa del Mesón de Cándido de Segovia #HosteleríaEnMarcha
El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque apoya a la hostelería española a través de un vídeo elaborado por el Mesón de Cándido de Segovia, en el que invita a ayudar al sector, “como amigo de tantos restauradores”, en agradecimiento a su trabajo y un mensaje de ánimo para que “volvamos a la normalidad, con seguridad y calidad de servicio”. Del Bosque se suma a una larga lista de personalidades españolas que apuestan por la vuelta a los bares y restaurantes, respetando siempre todas las medidas de higiene y seguridad sanitaria.
El mensaje de Vicente del Bosque se encuentra en los perfiles de redes sociales del Mesón de Cándido, con el hashtag #HosteleríaEnMarcha. El emblemático establecimiento segoviano se propuso reunir a los galardonados con el ‘Premio Cándido, Mesonero Mayor de Castilla’, para a apoyar a uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus. Cocineros de la talla de Francis Paniego, del Restaurante Echaurren; Elena Arzak, del Restaurante Arzak; Andoni Luis Aduriz, del Restaurante Mugaritz; Toño Pérez y José Polo, del Restaurante Atrio o los hermanos Roca, del ‘El Celler De Can Roca’.
También se sumaron a #HosteleríaEnMarcha el fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel; el director de los yacimientos de Atapuerca, Eudald Carbonell, o el exciclista y comentarista deportivo, Pedro Delgado, que lanzado mensaje con el objetivo de anima a la gente a que vuelva a los establecimientos hosteleros, de los que dependen millones de familias en nuestro país.
Todos los vídeos se publican en los perfiles oficiales del Mesón de Cándido en Twitter, Facebook e Instagram junto a la etiqueta #HosteleríaEnMarcha. El gerente de Mesón de Cándido detalló que es “una forma de aprovechar las plataformas digitales para llegar a la gente y fomentar un impulso común que ayude a paliar los efectos de esta crisis sanitaria y económica”.
Los sindicatos piden a Educación negociar un plan de regreso a la actividad
Los sindicatos solicitaron hoy a la Consejería de Educación en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación de Castilla y León que la Administración consensúe con ellos un plan de regreso a la actividad presencial para el próximo curso, negociando todas las medidas de prevención de riesgos laborales que es preciso poner en marcha, y reclamaron que se concrete cuanto antes el calendario escolar 2020-2021.
La presidenta de ANPE en Castilla y León, Pilar Gredilla, señaló que es preciso establecer un protocolo que recoja las medidas de seguridad, salud e higiene, además de concretar los tipos de mascarilla que deberán utilizarse y cómo se realizarán los test para detectar posibles contagios. Además, incidió en la importancia de la figura de la enfermera escolar, que “en una situación como la actual será más necesaria que nunca”. “Necesitamos directrices básicas para la reorganización de los centros y sus espacios comunes: patios, bibliotecas, cpmedores o servicios de transporte”, apuntó además de recalcar la complejidad de contar con un “plan de digitalización y conectivdad” en los centros de la Comunidad, y con los recursos humanos y materiales para afrontar con garantías el próximo curso.
La presidenta del Sector Autonómico de Educación de CSIF en Castilla y León, Isabel Madruga, señaló a Ical que en el encuentro con la Consejería mantenido hoy se ha podido apreciar que “la disposición de la Administración es mejor que la que existía anteriormente, pero queda muchísimo por hacer”, en alusión también a esa falta de un protocolo propio a seguir en la Comunidad.
Madruga defendió que ningún docente ni equipo directivo debe acudir a los centros docentes, y al respecto reclamó “homogeneidad de criterios”, de forma que si un docente reside en una localidad que está en una fase de desescalada distinta a la fase en la que se encuentra el centro donde trabaja, se tome como referencia siempre la fase de mayor riesgo, evitando peligros innecesarios.
Además, recalcó las dificultades de evaluar de forma telemática en determinadas etapas y solicitó “instrucciones concretas” al respecto que ayuden a los docentes a resolver las muchas “dudas e incertidumbres sobre la evaluación del final de curso y la promoción del alumnado”. Y pidió negociar ya posibles escenarios para la vuelta a la actividad lectiva en el mes de septiembre, con reducción de ratios e incremento de recursos humanos.
Por su parte, la portavoz de STECyL, Cristina Fulconis, destacó que “no tiene sentido incorporar a los alumnos al actual curso escolar en el mejor de los casos a mediados de junio”, ya que se trataría de una medida que “puede traer muchos más riesgos que beneficios, porque es muy complejo mantener las distancias de seguridad”. “De momento la Consejería también está en esa línea y apoyamos esas decisiones, que buscan priorizar las recomendaciones sanitarias”, afirmó en declaraciones a Ical.
“Es necesario que la evaluación de este fin de curso se haga de forma colegiada, como se ha hecho siempre, y ante el próximo curso hay que definir y consensuar con mucha antelación el plan de regreso a las aulas”, señaló.
Avances
En la Mesa Sectorial de Educación celebrada hoy la Consejería confirmó que el concurso de traslados se publicará a finales de esta semana o principios de la siguiente (primero se publicarán las vacantes definitivas y posteriormente la resolución definitiva), y se confirmó que los exámenes extraordinarios de 2º de Bachillerato, debido al aplazamiento de la EBAU, se realizarán los días 1, 2 y 3 de septiembre (al respecto desde CSIF reclamaron que se debe trabajar en un Plan B por si es inviable realizar la EBAU de forma presencial).
Además, a Consejería está valorando la posibilidad de realizar una segunda convocatoria de certificación en Escuela Oficial de Idiomas, y se sigue avanzando en convocatorias que quedaron paralizadas con la declaración del estado de alarma: comisiones de servicio, AIVI, AISI, etc. “Hoy hemos abordado las convocatorias de concursillo y ayudas para accidentes de tráfico y esperemos que se publiquen en breve”, apuntó Madruga.
Además, desde el Gobierno regional confirmaron que se facilitará la renovación de directores de centros para aquellos que voluntariamente deseen continuar y, en caso contrario, se tramitarán los nuevos nombramientos con la Dirección Provincial correspondiente, y en estos momentos se está analizando cómo se llevará a cabo la evaluación en los conservatorios de la autonomía.
Educación y jóvenes empresarios estudian propuestas para fomentar el emprendimiento entre el alumnado
La Consejería de Educación y la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Castilla y León acordaron hoy estudiar propuestas para fomentar el emprendimiento entre el alumnado, “como base para la prosperidad y el progreso de la sociedad”. En ello coincidieron esta mañana durante una videoconferencia celebrada entre la consejera, Rocío Lucas, y miembros de la AJE, en el que la representante del Gobierno regional reconoció ser “una firme defensora del papel que en cualquier sociedad avanzada juegan los empresarios”. “Y es algo que también tiene reflejo en el terreno educativo, en el que tratamos de transmitir a los más pequeños la importancia del sector empresarial y fomentar el emprendimiento”, explicó.
En este sentido, los jóvenes empresarios felicitaron a la consejería de Educación por los resultados del último Informe PISA en Competencia Financiera -que sitúa a los alumnos de 15 años de la Comunidad entre los cinco mejores del mundo en éste ámbito-. Unos resultados que “no pueden ser por casualidad”, según manifestó AJE Castilla y León.
También se han mostrado satisfechos por las experiencias de FP Dual y Formación en los Centros de Trabajo, que permiten a los alumnos conocer de primera mano el funcionamiento del tejido empresarial. Asimismo, han ofrecido su colaboración para reforzar este sistema cuanto sea posible.
Durante el encuentro, los jóvenes emprendedores se han propuesto para trasladar a las aulas experiencias de éxito en el ámbito empresarial; una forma de fomentar aún más entre los estudiantes el espíritu emprendedor, tan importante para la sociedad.
AJE Castilla y León es la representación patronal de todos los jóvenes empresarios de la Comunidad con menos de 41 años. Se trata de un organismo sin ánimo de lucro y de carácter independiente. Aglutina a 400 empresarios asociados con negocios en casi todas las provincias de la Comunidad. El objetivo de la Federación es ser la interlocutora con las administraciones, autonómica y nacional, ante las que defenderá la importancia del relevo generacional en la empresa como herramienta indispensable para asentar población y fijar riqueza en el territorio castellano y leonés.