Cuatro sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, SATSE, CESM y USAE- aseguraron hoy que la Gerencia Regional de Salud reconoce que el compromiso de la consejera Verónica Casado y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de retirar el «decretazo” fue una «burda mentira» y que siempre tuvieron la intención de aplicarlo.
En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales denunciaron que la «inoperancia» de la Consejería de Sanidad se vuelve a su juicio de nuevo contra los profesionales sanitarios. Explicaron que las diferentes gerencias están anunciado el «recorte» de los derechos laborales de los trabajadores diez meses después del inicio de la pademia del COVID-19, lo que calificó de un «deja vu».
Al respecto, criticaron que se están eliminando de vacaciones y días pendientes de disfrutar correspondientes aún al año 2020, permisos de conciliación, y que se están imponiendo la movilidad forzosa, amparándose en un decreto que la Consejería de Sanidad dijo públicamente que no iba a aplicar.
Además, recordaron que los propios gerentes no pueden imponer esta normativa ya que es la propia consejera quien tiene que desarrollarlo mediante una orden, aspecto éste que a fecha de hoy no se ha producido.
«Diez meses después, debido a la incompetencia de los diversos gestores de Castilla y León -que no sólo no han sabido atraer a profesionales sanitarios, sino que muchos de ellos han huido de nuestra tierra por las malas condiciones laborales y el maltrato al que han estado sometidos-, y a la mala gestión de esta pandemia desde un punto de vista político, que nos hace estar de nuevo inmersos en una tercera ola de las dimensiones de la primera, nada se ha aprendido y en nada se ha avanzado», añadieron.
SATSE, CESM, CCOO y USAE, denunciaron que en los diferentes centros hospitalarios del territorio se están eliminando derechos laborales fundamentales, como el de la conciliación, eliminando las reducciones de jornada por cuidado de menores que tienen ya concedidos los trabajadores y las trabajadoras, el derecho al descanso, obligándoles a acudir a sus unidades a prestar servicios en sus días libres.
Incluso en diversos hospitales, como el Complejo Hospitalario de Salamanca o el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, aseguraron que se está coaccionando a los trabajadores para que renuncien a los días por encima de jornada que realizaron en el 2020, así como a los permisos que no han podido disfrutar a lo largo del año pasado. «Para colmo de despropósitos», indicaron que se está obligando a profesionales a renunciar al abono de las noches y festivos en caso de que se les asigne al hospital Rondilla en Valladolid.
Asimismo, manifestaron que se siguen produciendo problemas con los equipos de protección individual en el Complejo Asistencial de Segovia, donde apuntaron que se sigue dotando a la plantilla con gafas y pantallas que no están homologadas. También, censuraron que en numerosos hospitales los profesionales sanitarios siguen trabajando con mascarillas quirúrgicas, lo que añadieron sigue provocando numerosos brotes de contagios por coronavirus entre ellos.
«El resultado de tanto desatino no es otro que a fecha de hoy sean más de 2.500 los trabajadores y trabajadoras de Sacyl que se encuentran aislados por contagio o contacto con un positivo», apostillaron los sindicatos.
También, criticaron la sobrecarga de una plantilla «cansada y diezmada», pero a la vez se están reforzando los puestos de gestión con profesionales a los que se les retira de su actividad asistencial. En definitiva, criticaron «un cúmulo de despropósitos» que advirtieron de que no hace más que reflejar la «incapacidad» de numerosos gerentes y direcciones y de la Gerencia Regional de Salud.
Finalmente, los cuatro sindicatos recordaron que llevan meses pidiendo que se negocien las diversas situaciones y necesidades que pudieran surgir a consecuencia de la pandemia, pero lamentaron que la Consejería de Sanidad haya hecho siempre caso omiso a sus peticiones.
El sistema universitario público de Castilla y León ha implantado estrictas medidas de prevención y ha cumplido, incluso con mayor rigor, los protocolos establecidos por los Ministerios y el Gobierno regional previendo distintos escenarios para hacer frente a la pandemia, siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con la prioridad máxima de garantizar una docencia que garantice igualdad de oportunidades y una investigación de calidad, defendiendo así el derecho fundamental a la Educación Superior.
